No a la represa de Garabí
El uso de mega-represas hidroeléctricas no es tema nuevo. Los problemas socioambientales que causan generaron una fuerte oposición internacional y la creación de la Comisión Mundial de Presas (WCD), en 1997.
En su informe, la WCD señaló que esas represas provocan la pérdida de “bosques y hábitat naturales, de poblaciones de especies y la degradación de las cuencas río arriba por la inundación de la zona de embalse; de la biodiversidad acuática, de la pesca río arriba y abajo, y de los servicios brindados por las planicies de inundación río abajo, por los humedales y los ecosistemas de las riberas y estuarios adyacentes”. Además, construir varias represas en el mismo río produce “impactos acumulativos”.
Las presas implican desplazar a miles o hasta millones de personas, por las inundaciones de sus tierras. Según la WCD, “existe una gran variedad de impactos que abarcan las vidas humanas, y los medios de subsistencia y la salud”. En especial, “las que dependen de las planicies de inundaciones naturales y de la pesca ven sus medios de subsistencia seriamente dañados y se pone en peligro la productividad futura de sus recursos”.
La OMS y la ONU plantearon que no se deben construir represas hidroeléctricas en zonas tropicales y subtropicales por ser “zonas de alto riesgo ambiental y sanitario”. Entre otros, se amenaza el derecho a la vida por el aumento de condiciones favorables para la propagación de enfermedades1 vinculadas con el agua estancada en los embalses y con el desmonte, que potencia la proliferación de los vectores (transmisores).
Entre los problemas está el desarraigo de las familias relocalizadas, que pierden también las redes que sostienen su vida social.
Cristina + Dilma = Garabí
Aun con estas advertencias y las nefastas consecuencias de Yacyretá2, el gobierno nacional reactiva antiguos proyectos hidroeléctricos. Uno es la represa binacional Garabí-Panambí, en el río Uruguay, que ratificaron en su encuentro las presidentas de Argentina y Brasil.
Según el Ing. Raúl Suárez Montórfano, del grupo M’Biguá, al emprendimiento original se agregaron dos propuestas que modifican los lugares de emplazamiento, cotas de los embalses, cantidad de cierres (presas) y potencia instalada, así como la extensión de tierras inundadas y la población a desplazar.
Las tres propuestas implican construir más de un cierre en el río Uruguay: el proyecto original y el llamado Garabí XXI prevén dos y el de IMPSA tres. Las áreas argentinas a inundar oscilan entre 40 mil, 15 mil ó 73 mil hectáreas respectivamente. Los cierres involucran a Misiones, Corrientes y localidades brasileñas. Estas obras forman parte del plan IIRSA3, que convertirá a nuestros ríos en viaductos para transportar monocultivos, como la soja, cuya producción está en manos de multinacionales.
El silencio de los gobernantes impide conocer los detalles del proyecto que impulsan. En Misiones, las promesas de “suspender el tema represas para más adelante” y de “plebiscitar todo emprendimiento hidroeléctrico” no se han cumplido. Entretanto, el 1° de setiembre la empresa EBISA4 abre los pliegos licitato-rios para Garabí-Panambí.
Ante esto, el sábado 3 haremos dos protestas simultáneas, convocadas por grupos ambienta-listas y organizaciones sociales: una en la Plaza 9 de Julio, en Posadas, y otra en la Plaza Cabral, en Corrientes.
Liliana Seró (Misiones)
1)Dengue, fiebre amarilla, cólera, leishmaniasis, malaria, esquitosomiasis y otras.
2)100.000 desplazados ambientales incluyendo a pueblos originarios de Argentina y Paraguay, además de la corrupción.
3)Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana.
4)Emprendimientos Energéticos Binacio-nales S.A., cuya mayoría accionaria es de la Secretaría de Energía de la Nación.