Antes la luz, ahora el gas, agua y transporte. Basta de tarifazos contra el pueblo

Como si los despidos y la inflación no bastaran, el gobierno de Mauricio Macri anunció ayer aumentos promedio del 100% en el transporte público de la Capital y el Gran Buenos Aires Aires, y hoy además publicó nuevas tarifas para el gas y el agua con subas de hasta el 300% y el 500% respectivamente.

Sumados al boletazo de la luz que ya han implementado y al aumento de la nafta, estas medidas son otro ataque sin piedad al bolsillo popular. Y la llamada “tarifa social” sólo resulta accesible para un sector, pero el grueso de la población se ve castigada por estos aumentos abusivos e injustificados, que además superan largamente a la inflación.

Como muestra del panorama de ajuste, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich tuvo que postergar dos horas el anuncio del tarifazo y trasladar la conferencia de prensa a la Casa Rosada porque en su Ministerio, en donde preveía hacerla, había una protesta de sus propios trabajadores contra los despidos. Junto a Dietrich estuvo el burócrata de la UTA Roberto Fernández, siempre aliado de las empresas de colectivos y del gobierno.

Eso acaba de declarar la vicepresidenta Gabriela Michetti ante los nuevos aumentos de servicios. Claro, con 122.000 pesos de sueldo, a la pobre deberían darle la tarifa social ya mismo…

Michetti y los demás funcionarios macristas no tienen vergüenza. Según ellos, este “reacomodamiento” de tarifas es imprescindible para “normalizar” la economía, porque el Estado no puede seguir pagando los subsidios millonarios que les viene otorgando a las empresas concesionarias de servicios. Pero resulta que esos subsidios no los bajan, sino que los mantienen e incluso los suben, sin el control de los entes estatales correspondientes.

Aparte de que vamos a pagar más caro el boleto, esos subsidios también salen de los impuestos que pagamos todos y por eso la estafa contra el pueblo es doble. Por supuesto, las empresas nunca cumplen con las inversiones y se embolsan todo. Por eso hay cortes de luz cuando hace frío y también cuando hace calor.

Por ejemplo, el precio del subte acumula un 580% de aumento desde el 2012 a la fecha, mucho más que la inflación real. Por su parte, AySA reconoció que con las nuevas tarifas del agua sus ingresos aumentarán de los actuales $ 2.946 millones anuales a $ 13.500 millones. Y lo mismo sucede con Metrogas, Edenor y Edesur. En el caso de los trenes, que siguen privatizados, ya la masacre de Once demostró trágicamente que la connivencia entre empresarios y funcionarios corruptos nos cuesta un precio en vidas.

El problema de fondo es que desde el gobierno de Carlos Menem hasta hoy los servicios públicos en nuestro país no están concebidos ni estructurados como un derecho social, sino como lo opuesto: un negocio privado, en donde unos pocos vivos lucran con las necesidades básicas del pueblo. En el marco de la crisis económica, estos tarifazos traerán más inflación, recesión y desempleo.

Junto con unir fuerzas para enfrentar ahora este nuevo boletazo macrista, también tenemos que apuntar a una solución definitiva: rescindir los contratos con las concesionarias privadas y luchar por la reestatización de la luz, el gas, el agua y el transporte, bajo el control democrático de comisiones de representantes de los trabajadores y los usuarios. Ése es el único camino efectivo para evitar los tarifazos, la corrupción y asegurar servicios públicos eficientes, económicos y seguros.