Baja de la edad de imputabilidad: inseguros estan los pibes

Tras el crimen de Brian Aguinaco en manos de otro menor, en Flores, el gobierno busca modificar el Código Penal para que los jóvenes sean imputables desde los 14 años. Condenar niños no resuelve la violencia delictiva que la desigualdad social y el crimen organizado con la complicidad del Estado generan. 

El ministro de Justicia, Germán Garavano fue el encargado de instalar un nefasto debate para reducir la edad de imputabilidad, de 16 a 14 años. Convocó a una «mesa especializada» para hacer cambios en el código penal y declaró ser muy optimista respecto a la recepción que tendía la propuesta en la oposición, ya que el Frente Renovador de Sergio Massa, el PJ y hasta el kirchnerismo impulsaron el tema en 2013. Es más, en 2009 un proyecto consensuado por legisladores del FPV, el Peronismo Federal y la UCR logró media sanción en el Senado.
Para completarla agregó que el actual régimen es paternalista, sin mencionar que la Argentina es el único país en la historia de América Latina que ha dictado sentencias de reclusión perpetua a menores de edad. ¡Un paternalismo raro el de la justicia Argentina!
Como cereza del postre, el ministro dijo que «la ley actual es de la época de la dictadura y debe ser modificada». Olvidó que la dictadura, en una de sus primeras medidas (Decreto Ley 21.338), fijó la edad de punibilidad en 14 años y la mantuvo hasta mayo del 83, meses antes de la recuperación de la democracia, cuando la edad de punibilidad volvió a establecerse en los 16 años.
El debate que instaló el gobierno y que los medios de comunicación hegemónicos difundieron formidablemente, se dio luego de la muerte de un niño, Brian, a manos de otro menor, en un robo en Flores. El hecho desató la indignación de los vecinos que tomaron la comisaria exigiendo la renuncia del jefe de policías, acusado de recibir coimas, liberar zonas para el delito y perpetrar casos de gatillo fácil. El gobierno, espantado por el hecho de que los vecinos, lejos de pedir mano dura, responsabilizaron a las fuerzas de seguridad por lo sucedido, salió a correr el eje de la discusión hacia la edad de imputabilidad.
En un año electoral las promesas punitivas suelen dar votos a los candidatos que ofrecen mano dura contra el delito, la seguridad siempre es un tema de campaña y por regla se mantiene absolutamente desligado de qué la provoca o cómo se atacan las causas. ¡Mayores penas y más policías! Y listo. Lo cual de paso les viene muy bien para usarlas contra los docentes que luchan contra los despidos en el Ministerio de Educación, por poner solo un ejemplo.
Pero ningún balance se hace sobre los resultados de esas medidas que ya han tomado tantas veces. En Capital, por cada 100.000 habitantes hay 860 agentes que cuentan con «poder de fuego» y el último informe anual sobre la represión policial presentado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), señala que cada 25 horas un joven es asesinado por el gatillo fácil de la policía, como hace poco en San Cristóbal, donde los vecinos filmaron a un oficial de la Federal disparándole en la cabeza a un joven que tenía las manos en alto.
Los medios, sin ningún tapujo, señalan como potenciales «delincuentes» y responsables de provocar la «inseguridad» a los pobres, los inmigrantes, a los jóvenes de los barrios populares. Nada dicen sobre que la fuente principal de inseguridad son las propias fuerzas de seguridad del Estado que reclutan a la juventud más marginada para cometer robos, y que, pesar de esto, los propios datos oficiales dicen que solo en el 3.7% de los delitos participan menores y que solo el 1.3% de los detenidos tienen 14 y 15 años de edad.
Esta campaña de criminalización de niños y adolescentes tiene por objeto tapar la evidente participación de las fuerzas policiales en el delito organizado y la responsabilidad de los gobiernos en generar más exclusión social para la juventud con sus políticas de ajuste.

Quieren estigmatizar la juventud y dejar intacta la inseguridad

Para pensar una política contra la inseguridad empecemos por ver que son más de 100.000 jóvenes en el país que no estudian ni trabajan además es incontable la cantidad de empleo en negro y precario. Si a esto le sumamos el deterioro evidente y las políticas de ajuste en educación y salud (y ni hablemos de vivienda), veremos que enormes sectores de la juventud no tienen acceso a necesidades indispensables, violando sistemáticamente los derechos humanos y del niño.
Son estos mismos sectores los expuestos a ser reclutados, por falta de mejores oportunidades, por el crimen organizado para ser la mano de obra barata. Pero nos quieren convencer que las víctimas son los victimarios, y en esto tenemos que ser extremadamente claros. Para nosotros, junto con la pobreza y la exclusión social, es el triángulo de impunidad que conforma la justicia, la policía y el poder político, el verdadero responsable de la inseguridad que vivimos. Esas instituciones le dan cobertura a cuanto rubro de crimen aparezca, narcotráfico, desarmaderos, trata de mujeres. Son políticas para desarmar este entramado mafioso lo que necesitamos.
Perseguir, estigmatizar y encarcelar a los niños no nos va a dar seguridad. Frenar el escandaloso ajuste que Macri intenta hacer, invertir en salud, educación, vivienda, trabajo, sí. Se trata de construir un futuro para los jóvenes y es imposible sin desmantelar el aparato represivo podrido y corrupto que tenemos, empezando por elegir los jueces y comisarios por voto popular y que sean revocables si incumplen su función, sindicalizar a la policía para evitar las cúpulas todo poderosas como existen hoy. Con este tipo de medidas podemos empezar a dar verdaderas respuestas a la inseguridad.
Como es evidente que el gobierno macrista no tiene ninguna intención de hacerlo, somos los vecinos, los trabajadores, los estudiantes, las mujeres, las organizaciones de derechos humanos, junto con la izquierda, los que, además de defender a los jóvenes de las intenciones perversas de criminalizarlos, debemos salir a exigir seguridad de verdad.

¿A quién le sirve el delito?

La inseguridad es un hecho de la realidad, pero queremos debatir el porqué, ¿quiénes las gestan, las provocan, las sostienen? ¿en beneficio de quién? Y ¿cuáles medidas necesitamos para terminar con esto?
Creemos que el Estado es responsable en casi todos los casos por acción u omisión de la inseguridad y ante esto, la respuesta que necesitamos es mucho más profunda que fortalecer las penas. Primero, porque está demostrado que las diversas políticas oficiales, sostenidas desde hace décadas por todos los gobiernos, tendientes a fortalecer la «presencia» del Estado, como las votadas leyes Blumberg, apoyadas por el gobierno anterior, sólo criminalizan la pobreza y no resuelven nada. Por el contrario, el punitivismo contra el pequeño delito fortalece a los aparatos organizadores del gran delito a los que tenemos que enfrentar.
Lamentablemente la inseguridad como discurso abstracto, sin especificar causas es caldo de cultivo para que el gobierno macrista justifique sus políticas regresivas. No creemos que el gobierno intente combatir las mafias. Por el contrario, creemos que buscan el control político de miles de efectivos; que si no se cambia en esencia las fuerzas de seguridad, terminarán en connivencia con el narcotráfico, las redes de trata, el juego ilegal o los desarmaderos de autos. Y de paso tener fuerzas de seguridad para reforzar el control social en momentos de fuerte descontento con el ajuste económico.
No existen micro emprendimientos del delito, en general la violencia delictiva está ligada al crimen organizado, que no funciona sin complicidad del gobierno, la policía y la justicia, pero tampoco sin mano de obra. La falta de oportunidades le da al sistema la exclusión social indispensable para que el crimen organizado recluten tropa en los sectores más vulnerables. Sin olvidar que otra parte grande del delito se gesta en la propia corrupción estatal y los negociados millonarios con empresas privadas.
Es común que entre los ciudadanos se piense que con más policías «custodiando» se puede solucionar la inseguridad, pero es ingenuo. Se vuelve urgente atacar de raíz el triángulo de impunidad entre la justicia, las fuerzas de seguridad y los gobiernos, que amparan el delito organizado. Para lograrlo, se impone hacer una profunda depuración y posterior democratización de la justicia y las fuerzas de seguridad. Eso arranca por separar, enjuiciar y encarcelar a todos los funcionarios judiciales y policiales vinculados al genocidio, a la corrupción y el delito.
La política fracasó ante el drama de la inseguridad porque es socia. Los viejos partidos, con sus policías y sus vínculos judiciales son socios del delito. Hay que implementar los juicios por jurados populares y la elección de los jueces y fiscales por voto popular directo, para que no sean vitalicios, sino con mandato limitado como un diputado y revocables en caso de corrupción o inoperancia. Lo mismo con los comisarios: elegirlos por voto popular para que le rindan cuentas a los vecinos y no al poder político. Además, se debe otorgar el derecho a la sindicalización de las bases de la policía y las fuerzas de seguridad, así como establecer el control social sobre las comisarías.
Estamos convencidos de que hay que aplicar este tipo de medidas, firmes pero las únicas para cortar de raíz con la inseguridad. También es necesario atacar las causas económico-sociales y dejar de verlo como una mera cuestión policial. No podemos pedirles a quienes viven desesperantes situaciones sociales que sean apóstoles, mejores que todos nosotros y que independientemente de sus condiciones de vida, por convicción moral individual, no se involucren con la delincuencia sin ofrecerles mejores alternativas.

Victoria Karim