Tragedia ricotera
La fiesta ricotera en Olavarría terminó en tragedia. Dos muertos y decenas de heridos por una avalancha de gente en pleno recital. Las causas las hemos visto antes. Un evento sobrevendido, un predio sobrebordado: entre 350.000 y 500.000 personas donde debían haber habido 155.000. Una ausencia absoluta de controles y mecanismos de seguridad. Detrás de todo, un negociado oscuro entre empresas del espectáculo y funcionarios de gobierno. En pos de maximizar las ganancias, lo último que importa es la vida de los jóvenes.
Otra vez la complicidad empresa-Estado
Otra vez tenemos que lamentar muertes por la desidia de empresarios y funcionarios. Y otra vez, por supuesto, tenemos que soportar la indignación de ver como cada uno se intenta lavar las manos y culpar al otro. Tenemos que ser claros, la responsabilidad la tienen los empresarios de la productora que organizó el evento, sobrevendió y no garantizó la seguridad y controles necesarios; y también la tiene el intendente Pro Ezequiel Galli y su gobierno, que no controló y fue parte del negocio. Galli quiso despegarse de la tragedia, responsabilizando a la productora por haber admitido más gente de lo permitido. Pero al día siguiente de sus declaraciones, trascendió el contrato que firmó con la productora, en la que el intendente constituye a la municipalidad en “fiador” o garante de que se cumpla lo que estipula el contrato, incluyendo la capacidad del evento. Es decir, el gobierno y la productora forman una sociedad para el negocio, son cómplices del crimen social de Olavarría. Como siempre sucede, el no control estatal es una política consciente que se expresa de muchas formas. Por ejemplo en CABA el gobierno porteño del PRO disolvió el cuerpo de verificadores de obra y quiere desguazar el cuerpo de inspectores del trabajo.
El último trago amargo lo dio -no podía ser de otra manera- el presidente Macri, que dijo que esto “es lo que pasa cuando se pasan por arriba las normas”. El caradura habla como si fuera un vecino cualquiera y no el presidente de la Nación responsable por hacer cumplir “las normas”. Macri es responsable por el accionar de su intendente y por la inacción de su ministro de Seguridad.
De Cromañon y Time Warp a Olavarría
El fondo de la cuestión está en la mercantilización de la cultura juvenil. La industria de la música transforma el arte en mercancía cuyo único fin es la generación de ganancias. Y busca hacerse de cada nicho de la cultura en negocio rentable. Para lograrlo, siempre hace cómplice al Estado. En Cromañón se llenó el lugar hasta no poder más con el aval estatal de incumplir toda norma de seguridad, por responsabilidad de Chaban, Ibarra y sus funcionarios y la Federal. En Time Warp conspiraron empresa y Estado para “pasar por arriba” las normas y dejar entrar la distribución de drogas, mientras cobraban el agua a precios inalcanzables.
En Vivo SA, la productora del Indio en Olavarría, vendió 300.000 entradas a $ 800 cada una. El alquiler del predio “La Colmena” donde se realizó le costó $ 300.000, un peso por entrada, y claramente ahorraron en todo gasto que implicara la seguridad de los fans. Y el intendente cubrió a la empresa con la protección legal de la municipalidad. El anexo del contrato que firmó no deja dudas: “es dable destacar que el municipio al que represento colabora de manera en que todas las partes involucradas en el convenio celebrado, resulten indemnes a las consecuencias que pudiesen derivar del evento musical a llevarse a cabo”.
En cada caso se maximizó la ganancia a expensas de las vidas de los jóvenes. Mientras el objetivo del espectáculo sea el lucro capitalista, la seguridad de los asistentes va a ser variable de ajuste, y estos crímenes sociales serán recurrentes.
El Indio, por su parte, deja mucho que desear. Siendo una referencia cultural masiva en la juventud, y el centro del espectáculo en Olavarría, se ha llamado al silencio salvo para deslindarse de cualquier responsabilidad. Ante este crimen social del negocio capitalista, está actuando más como empresario millonario que como roquero. Con todo el respeto que merece la cultura ricotera, los socialistas cuestionamos a estrellas como el Indio, que influencian la cultura juvenil y lucran con la auténtica rebeldía de la juventud.
Nuestras vidas valen
Los empresarios y funcionarios responsables de este crimen ahora van a recurrir al sistema judicial que, siendo parte del mismo régimen y de las mismas complicidades de negocios, hará lo que mejor hace: encubrir a los suyos, deslindar responsabilidades, garantizar la impunidad de los negocios capitalistas. Para que las muertes de Olavarría no queden impunes, hace falta una investigación independiente que dé con todos los responsables. La connivencia del empresariado, los políticos y la justicia nos tiene advertir que esto no se logrará sin movilización. Por eso llamamos a las organizaciones de la juventud y al masivo pueblo ricotero a autoconvocarnos para exigir una investigación independiente y castigo a los culpables, en defensa de la cultura roquera, por las vidas que se perdieron, para que no pase nunca más. Y para que hacia nuevos eventos haya una verdadera prevención y fiscalización estatal con control social.
Federico Moreno