Trump declaró la guerra a los inmigrantes
En febrero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. publicó dos memorándums que reglamentan una serie de medidas acorde al decreto antiinmigrante del presidente yanqui. Desde entonces, la policía migratoria ICE ha llevado adelante una verdadera guerra de terror contra los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país. Pero los inmigrantes, junto a grandes sectores de trabajadores “nativos”, están levantando una potente resistencia.
La política del gobierno busca criminalizar al conjunto de los inmigrantes y fortalecer una ideología xenófoba y reaccionaria para que millones de estadounidenses culpen a la “invasión” de inmigrantes “criminales” por los problemas que padecen fruto de las políticas pro-corporaciones del propio gobierno.
A tono con el lenguaje que emplean regularmente los partidos europeos de extrema derecha, uno de los memos del DHS dice: “inmigrantes criminales han demostrado su indiferencia por el Estado de derecho y representan una amenaza para las personas que residen en los Estados Unidos”. La idea que promueven no tan sutilmente es que los inmigrantes (todos) son delincuentes, y no personas, que amenazan a las verdaderas “personas”.
Las medidas que habilita el DHS expande la autorización a deportar a prácticamente cualquier inmigrante indocumentado. En lugar de la práctica anterior que autorizaba a deportar a personas condenadas por delitos graves, ahora ICE puede deportar gente condenada por cualquier delito, hasta la contravensión más leve; a gente acusada de cualquier delito, aunque no haya sido condenada; y a gente que no ha sido acusada pero que el propio ICE considera que haya cometido un delito.
En la lista de delitos por los cuales se pueden deportar personas ahora está haber usado un documento falso, algo que todo inmigrante indocumentado tiene que hacer para conseguir trabajo.
Las medidas también expanden drásticamente el poder de ICE de aplicar deportaciones “expeditivas”, sin proceso legal, a horas del arresto y a menudo incluso sin avisar a familiares. Además habilita a contratar 10 mil agentes más de ICE y 5000 más de la Patrulla Fronteriza, y habilita a las policías locales como agentes de deportación.
Desde que se aplicaron estas medidas, la comunidad inmigrante ha sido victima de una ofensiva brutal, con redadas sorpresivas y detenciones arbitrarias.
Rómulo Avelica-Gonzalez fue arrestado cuando fue a dejar a sus hijas a la escuela. El video que grabó su hija de 13 años en su celular muestra como agentes de ICE lo esposan y se lo llevan ante la mirada desconsolada de sus hijas. La razón de su deportación fue una pena por manejar alcoholizado diez años atrás.
Joel Gerrero fue a una cita de rutina con las autoridades migratorias, a las que iba cada seis meses, solo que esta vez, sin aviso, ICE decidió hacer complir una orden de deportación de 2014 por una contravensión por tenencia simple de marihuana. Un mes atrás se había casado; su esposa es ciudadana estadounidense y lleva seis meses de embarazo.
Hay casi un millón de inmigrantes “fugitivos”, que tienen orden de deportación. Menos de uno de cada cinco ha sido condenadx por algún delito. De hecho, los inmigrantes indocumentados son arrestados en una proporción menor al conjunto de la población.
También hay una persecusión al activismo. Daniela Vargas, de 22 años, fue arrestada al finalizar una conferencia de prensa en la que denunciaba la deportación injusta de su padre y hermano. Aunque no había cometido ningún delito, y gozaba de una situación legal bajo una ley que proteje a quienes entraron al país siendo niños, fue arrestada igual, supuestamente por no haber renovado los documentos de su situación legal.
La persecusión a los inmigrantes no es invento de Trump. El primer salto en las deportaciones fue bajo la presidencia del demócrata Bill Clinton, con su Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad Inmigrante. Bush quiso avanzar con una ley que literalmente transformaba en delito federal grave el simple hecho de residir “ilegalmente” en los EE.UU. La Ley Sensenbrenner fue derrotada por la masiva rebelión inmigrante que culminó con la marcha de un millón de personas el 1 de mayo de 2006.
Obama prometió un cambio a favor de los inmigrantes, e incluso adoptó en su campaña la consigna de los trabajadores rurales inmigrantes “Sí se puede”. Pero su presidencia llevó las deportaciones al record de 434.000 en 2013, y se transformó en el presidente que más gente deportó en toda la historia de EE.UU., un total de 2,5 millones.
Fue Obama quien implementó la política de ligar las deportaciones a los delitos, denominándola “criminales, no familias”. Caracterizó así a cada persona con antecedentes como una lacra sin familia, en un país marcado por el racismo y la encarcelación masiva, en el que una de cada tres personas tiene prontuario criminal. Y esa relación se agudiza en las comunidades negra y latina.
Esta es la base sobre la cual Trump ahora busca transformar a la totalidad de los inmigrantes en delincuentes. Pero la resistencia no a tardado en levantar la cabeza. Las redes de emergencia en defensa de los inmigrantes que surgieron en todo el país en 2006 se han reorganizado. Una conferencia reciente de Movimiento Cosecha en Boston juntó a 350 activistas representando organizaciones en 25 estados, lanzó una campaña nacional que tendía su primer ito en un nuevo “Día sin inmigrantes” este 1 de mayo.
Cosecha es el movimiento que organizó las protestas en aeropuestos que recorrieron el país cuando Trump intentó implementar su decreto contra los musulmanes. También encabezaron la campaña por transformar las universidades espacios seguros para inmigrants, logrando que muchas se nieguen a colaborar con las autoridades migratorias.
El llamado a un nuevo paro de inmigrantes para el 1 de mayo está logrando una veloz repercusión, y no solo entre los inmigrantes. De acuerdo a una encuesta reciente, solo el 16 % de los estadounidenses apoyaría deportaciones masivas, eso incluye un 31 % de quienes se identificaron como republicanos conservadores. En cambio, un 64 % apoya lo que se conoce como un “camino a la ciudadanía”.
Sindicatos importantes, entre ellos el de docentes de Los Angeles, ya votaron parar el 1 de mayo junto a los inmigrantes. La regional Oeste del sindicato de empleados de servicios, el más grande del país, está debatiendo si adhiere también. El Movimiento por las Vidas Negras está definiendo su participación. Este Día Internacional del Trabajador puede ser un nuevo terremoto contra la agenda reaccionaria de Trump.
Federico Moreno