Judiciales de Mendoza: No a la Intervención
El sindicato de Judiciales de Mendoza, viene sufriendo desde hace meses una persecución por parte del gobierno provincial y nacional que, de la mano del Ministro Triaca, acaban de concretar la intervención de uno de los gremios que más luchas ha dado en los últimos años.
Antecedentes, hechos y falsedades
Desde hace años el sindicato tiene una conducción antiburocrática y combativa, que primero encabezó Carlos Ordoñez y que actualmente conduce Adriana Rodríguez. Esta dirección mantuvo siempre un perfil independiente del gobierno, democrático y de defensa de los derechos de todos los judiciales. En sucesivas elecciones, la base convalidó con su voto a esta Lista, que no sólo logró que durante años los judiciales de Mendoza fueran uno de los gremios más movilizados, tanto en la administración de Cobos como durante todos los años de kirchnerismo, sino que gracias precisamente a este nivel de movilización logró siempre acuerdos paritarios y aumentos salariales más altos que el resto de los estatales.
Durante años también esta directiva tuvo una oposición sistemática por derecha de un sector de funcionarios (que se negaban a estar representados por el mismo sindicato que nuclea al resto de los trabajadores judiciales) y un sector de la base. Esta lista, que siempre perdió frente a los compañeros de la conducción, era claramente de orientación radical. Al subir Cornejo a la gobernación de la provincia con un 60% de los votos, se sintieron envalentonados y fueron preparándose para tomar el gremio a como diera lugar, contando con el apoyo implícito de jueces y el propio poder ejecutivo, que necesitaban desbancar a una conducción que no podía ser comprada y que los enfrentaba consecuentemente en defensa de los trabajadores.
Aprovechando como dijimos el apoyo que representaba el cambio de gobierno que puso a Cambia Mendoza (de hegemonía UCR) y cierto desgaste de la Lista que conducía el gremio por años, en las elecciones del año pasado, la lista Radical quedó a 33 votos de la conducción. Este fue el gatillo para que montaran una campaña dirigida a lograr la intervención del gremio, basada en todo tipo de falsedades.
Empezaron cuestionando que el sindicato había permitido que se presentara una tercera lista, con militantes del PO, que no cumplía con los requisitos formales para presentare. Es decir que cuestionaban a un gremio que permite que se presenten más listas, aún cuando claramente la Lista cuestionada significaba una probable pérdida de votos de la Lista oficial y no de la de los radicales. Luego cuestionaron que hubo fraude, cosa que no pudieron comprobar y finalmente terminaron argumentando que la junta electoral había actuado cuatro en lugar de cinco días. Con todos estos argumentos falaces y con el apoyo del gobierno nacional y provincial salieron a impugnar las elecciones y a pedir la intervención del sindicato. Y si bien el tema está en la justicia y la Cámara Nacional del Trabajo aún no se expidió sobre el caso y mucho menos sobre el pedido de intervención de manera arbitraria y atacando todos los derechos más elementales de la organización de los trabajadores, el Ministro Triaca nombró un interventor: Hugo Marcelo Parrino.
Ante esto los compañeros del Gremio manifestaron “La intervención no tiene otro sentido jurídico, gremial y político que destruir al gremio de los trabajadores judiciales” “estas prácticas no sucedían desde 1976, periodo negro de la historia nacional”; y movilizados no dejaron asumir al interventor exigiéndole una orden judicial de intervención. La pelea sigue abierta.
No a la intervención. Defendamos al gremio de Judiciales
Más allá de los matices que podamos tener en las visiones sobre la situación política gremial, es un hecho que se trata de la intervención por parte de un gobierno reaccionario, que pretende avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Se trata de un paso sin precedentes como lo es la intervención, no casualmente, de uno de los gremios más combativos y movilizados de la provincia y contrario a las intenciones de Cornejo. Defendemos la más absoluta autonomía del sindicato respecto del estado y las patronales y la autodeterminación de los trabajadores. Por eso nuestro partido y nuestra corriente sindical estuvieron desde el primer momento a disposición y junto a la lucha de todos los judiciales. Llamamos a la más amplia unidad de todos los sectores gremiales, sociales, juveniles y políticos a movilizarnos para impedir que se concrete y avance esta intervención, ya que si triunfa será una derrota no sólo para los Judiciales sino para todos los trabajadores de Mendoza. Si pasa la intervención, se envalentonará el gobierno para tratar de profundizar su ataque sobre los derechos sindicales y democráticos de los trabajadores, que ya empezó con el famoso ítem aula, siguió con la privatización del Trole-EPTM y ahora con esto. Si nos unimos y movilizamos podemos pararle la mano a Triaca, Macri y Cornejo.
MST Nueva Izquierda – Mendoza
Reproducimos a continuación la reciente declaración pública que publicó el sindicato de Empleados y Funcionarios Judiciales de Mendoza.
ASOCIACION GREMIAL DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS
DEL PODER JUDICIAL DE MENDOZA
La ASOCIACION GREMIAL DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL DE MENDOZA, frente a la decisión del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de designar un “delegado normalizador” en el ámbito de nuestra entidad gremial, se ve en la obligación de consignar el actual estado institucional de la Organización y al mismo tiempo dejar al descubierto la maniobra intervencionista del Ministerio, violatoria de la Libertad Sindical, expresando al efecto que:
- En fecha 26-10-2016, la Asociación interpuso recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio ante el Ministerio de Trabajo, en virtud del dictado de la Disposición del 26-9-2016 por parte de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales de dicha cartera de Estado Nacional que determinara ilegal y arbitrariamente, la ineficacia jurídica de los comicios desarrollados con total normalidad en fecha 8-6-16.
- La arbitrariedad e ilegalidad de la Disposición consignada en el punto anterior se observa sin esfuerzo alguno, a poco que se analice que la autoridad laboral cuestionó absurdamente luego de seis (6) meses la realización de la asamblea que designó a la Junta Electoral del día 1-4-2016, por haber sido ésta convocada con cuatro (4) días hábiles de anticipación en vez de cinco (5) cuando quienes impugnaran dicho acto posteriormente presentaron lista de candidatos, la misma fuera oficializada como “Lista Bordó” junto con las Listas Verde y Naranja, participaron sin cuestionamientos del proceso electoral del 8-6-16 supervisados por el propio Ministerio de Trabajo y posteriormente resultaron perdidosos, frente la expresión clara del 75 % del padrón de los trabajadores judiciales de la Provincia, que ejercieron libremente su derecho al voto;
- En fecha 01-03-17, frente a la inacción del Ministerio del Trabajo en resolver el Recurso Jerárquico, la Asociación interpuso pedido de pronto despacho para que se dictara la Resolución correspondiente que dejara sin efecto el arbitrario e ilegal accionar llevado a cabo por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, pedido que a la fecha no fue resuelto, no obstante la obligación de parte de la administración de dictar el acto administrativo correspondiente en función de lo dispuesto por el art. 91 del Decreto 1759/72, incumpliéndose de esta manera con los deberes de funcionario público;
- En fecha 10-04-2017, en virtud de la negativa a resolver por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Social de la Nación, conforme las previsiones establecidas en el art. 62 de la Ley 23.551, mediante presentación efectuada bajo Nro. 1.758.000/17 del MTESS, el Sec. Gral de la Asociación, Carlos Ordoñez, presentó el recurso ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo previsto en dicha norma, con el patrocinio letrado del Dr. Marcelo Bustos Fierro, abogado de la entidad gremial y de la FEDERACION JUDICIAL ARGENTINA (FJA);
- El recurso interpuesto aludido en el punto anterior posee efecto suspensivo, por lo que ninguna actuación puede impulsar el Ministerio de Trabajo de la Nación en la medida que ha perdido toda atribución al salir de su órbita la resolución de la contienda, actualmente como se dijera, en manos de la Justicia Nacional del Trabajo;
- Sobre lo expuesto precedentemente no existe ninguna duda, habiendo incluso dispuesto la propia Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en un caso de aristas similares revocar la intervenciones determinadas por el propio Ministerio de Trabajo en los juicios tramitados por el Sindicato de Trabajadores de la Seg. Privada (UPSRA) y la Federación de la Industria Azucarera, frenando de esta forma la prepotencia de la administración del trabajo;
- En virtud de la situación descripta y sin perjuicio de las denuncias judiciales pertinentes a fines de revertirse la decisión arbitraria e ilegal que habría adoptado el Ministro de Trabajo de la Nación, el sindicato se declara en estado de alerta y movilización, analizando la adopción de medidas legítimas de acción sindical, toda vez que el accionar del Ministerio de Trabajo conlleva una conducta subsumible en la figura penal de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, que vulnera abiertamente las prescripciones de los arts. 6,57,62 y concordantes de la Ley 23.551, el art. 14 bís de la Constitución Nacional que consagra el principio de libertad sindical y organización libre y democrática y los convenios Nros. 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre “derecho de sindicación”;
- El accionar temerario y malicioso del Ministerio de Trabajo, violatorio de elementales normas nacionales e internacionales como las ya señaladas, en virtud de encontrarse en la esfera del Poder Judicial de la Nación la controversia, la cual –no dudamos al igual que en los casos anteriormente mencionados- será fallada conforme a derecho en contra de lo dispuesto por el Ministro de Trabajo de la Nación, solo puede entenderse como un favor político del Ministro para con sus correligionarios en la Gobernación de Mendoza y en la Corte Provincial, enemigos jurados de la combativa, democrática y honesta representación de los trabajadores judiciales que hemos encarnado durante varios años. De ese modo, el Estado provincial quiere negociar los derechos de los trabajadores judiciales sentándose a conversar con un empleado de ellos: el designado delegado normalizador. No hace falta agregar nada más para comprender el objetivo de esta maniobra.
- Hoy, 28 de abril, se presentó a la sede de nuestra organización sindical el “delegado normalizador” junto al delegado de la Regional Mendoza del Ministerio de Trabajo. Lo hicieron con la clara intención de tomar posesión ilegal de nuestro gremio. Se los informó, en presencia de escribana pública, que estando el caso en competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el Ministerio de Trabajo carecía de la misma y por lo tanto ellos estaban actuando fuera de la ley. Se les requirió la orden judicial, la cual no poeían. Ante esto y la solidaridad demostrada por compañeros judiciales y de otras organizaciones gremiales, optaron por retirarse.
- Que no dude nadie: seguiremos en nuestros puestos de lucha, porque ese ha sido el mandato los trabajadores judiciales y a ellos nos debemos.
Mendoza, 28 de abril de 2017.