Bodart presentó proyecto: rebajar dietas parlamentarias y que usen lo público

Esta tarde, el candidato a diputado nacional Alejandro Bodart (Izquierda al Frente) presentó en el Congreso su proyecto de ley para equiparar las dietas de senadores y diputados al salario de una directora de escuela y que estén obligados a usar la escuela y el hospital público. Lo hizo junto al candidato a legislador porteño Mariano Rosa y a numerosos jóvenes, que portaban una bandera con la leyenda “basta de privilegios”. 
Bodart señaló: “Los funcionarios políticos están llenos de privilegios como sus dietas de $ 153.000, mientras la mayoría de los trabajadores no cubre la canasta básica. Propongo rebajarlas al salario neto de una directora de escuela con 10 años de antigüedad, que hoy ronda los $ 25.000, y que estén obligados por ley a educar a sus hijos en la escuela pública y atenderse en el hospital público. Si vivieran como el común de la gente y sin ningún fuero tendrían un mínimo de sensibilidad social al votar leyes que afectan la vida de millones de personas.”

PROYECTO DE LEY

 Artículo 1°. A partir de la sanción de la presente ley, las dietas de las/os legisladoras/es de ambas cámaras del Congreso de la Nación se equiparan al salario promedio de un/a director/a de escuela, de jornada completa, con diez (10) años de antigüedad.

Dicho monto sólo se actualiza acorde el promedio nacional de aumento salarial docente.

Art. 2°. Lo establecido en el art. 1º se aplica también al salario del/la presidente y vicepresidente de la Nación, jefe/a de gabinete, ministros/as y funcionarios/as políticos/as con nivel de director general o superior del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Legislativo, magistrados/as y funcionarios/as del Poder Judicial nacional, funcionarios/as de los órganos de control, directores/as de los organismos descentralizados, entidades autárquicas, empresas y sociedades del Estado, fondos fiduciarios y entes interestaduales.

Art. 3°. Para todo funcionario/a político/a comprendido/a en los arts. 1º y 2º, sea o no electivo su cargo, constituyen requisitos:

  1. La asistencia de sus hijos/as a cargo, en edad escolar obligatoria, a establecimientos educativos públicos de gestión estatal.
  2. Su atención y la de su grupo familiar en el sistema público de salud.

Art. 4°. Todo/a funcionario/a incluido/a en los arts. 1º y 2º debe presentar anualmente una declaración jurada en la que consten los siguientes datos:

  1. Apellido y nombre de sus hijas/os a cargo menores de dieciocho (18) años de edad, si concurren a establecimiento educativo o no; en caso afirmativo, nombre del establecimiento.
  2. Apellido y nombre de los integrantes del grupo familiar; en caso de recibir atención de salud, nombre del establecimiento.

Art. 5°. El plazo de presentación de la declaración jurada establecida en el art. 4º vence el 30 de abril de cada año. Su no presentación en término o el ocultamiento o falseamiento de los datos es causa de las sanciones previstas en el art. 248 del Código Penal de la Nación, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder.

Art. 6º. Se invita a todas las legislaturas y senados provinciales a adoptar idénticas medidas.

Art. 7°. Comuníquese, etc.

Cláusula transitoria: Los/as funcionarios/as públicos/as comprendidos/as en los arts. 1º y 2º que se encuentren en ejercicio de su cargo a la fecha de sanción de la presente ley tienen un plazo máximo de doce (12) meses para efectivizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 4º.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación:

Una de las expresiones más concretas de la profunda grieta que existe entre los gobernantes y funcionarios políticos, y el pueblo trabajador, es la desigualdad entre sus respectivos salarios e ingresos.

Según el INDEC, en marzo de 2017 la canasta familiar básica -que marca la línea de pobreza- alcanzó la suma de $ 14.100. En el mismo mes, el 37% de los hogares tuvieron un ingreso promedio menor a $ 13.876 y el 67% de las personas tuvieron un ingreso promedio menor a $ 13.093. O sea, son pobres casi cuatro de cada diez hogares del país y casi siete de cada diez personas con ingresos. En cambio, el ingreso neto de un legislador nacional es de $ 153.000, incluyendo salario, “desarraigo” y canje de 40 pasajes aéreos y terrestres. O sea, los senadores y diputados del Congreso ganan el equivalente a doce personas promedio.

A su vez, en todo el país los salarios docentes son realmente insuficientes. Según el dato oficial, el promedio salarial neto a marzo fue de $ 12.963[1]. O sea, la maestra de grado con 10 años de antigüedad no cubre la canasta familiar de pobreza. Encima, un 10% de dicho monto aún se abona como concepto no remunerativo, “en negro”. Por eso bregamos por una genuina recomposición y blanqueo salarial, que también debería incluir mecanismos de actualización automática según la inflación real.

En tanto esto no ocurra, equilibrar al menos parcialmente las condiciones de vida de los gobernantes y funcionarios políticos a las de los ciudadanos y ciudadanas que pretendemos representar contribuiría, sin duda, a una mayor sensibilidad y reflexión a la hora de legislar políticas públicas que afectan la vida de millones de personas.

En concreto, proponemos como parámetro el sueldo neto de un director o directora de escuela primaria de jornada completa, con 10 años de antigüedad, según el mismo indicador oficial citado: $ 25.000. A la vez, todo aumento sólo podrá provenir de un incremento a los salarios docentes a fin de mantener la equiparación fijada.

Asimismo, proponemos la obligatoriedad para todo funcionario político de utilizar lo público en materia de educación y salud. Es decir, lo opuesto a lo que ocurre hoy, donde la gran mayoría de ellos, que legislan sobre salud y educación públicas, educa a sus hijos en escuelas privadas y se atiende en prepagas

Presentamos este proyecto tomando como antecedentes los proyectos presentados años atrás en la Legislatura de CABA por mi compañera Vilma Ripoll y por mí mismo. Lo hacemos como parte de otras propuestas de control social sobre los legisladores y para poner fin a sus privilegios: los fueros parlamentarios deberían ser anulados, reformando la Constitución si hiciera falta, y los cargos deberían ser revocables si incumplen sus promesas electorales.

Estamos seguros de que la aprobación de este proyecto de ley, y sin negar las divergencias políticas e ideológicas, sería un paso efectivo en favor de la ética pública.

[1] Ministerio de Educación – Coordinación General de Estudios de Costos del Sistema Educativo, 1º trimestre de 2017. Salario bruto del maestro de grado con 10 años de antigüedad: $ 15.618. Los descuentos por jubilación y obra social rondan el 17%.