Caso Maldonado y el rol de la escuela: El acceso a la verdad es un derecho irrenunciable

Hace un mes que no se sabe nada de Santiago Maldonado. La última vez que se lo vio, fue en el marco de una violenta represión de gendarmería a integrantes de la comunidad mapuche. A partir de ahí, comenzaron los cruces políticos entre sectores que están a un lado y al otro de la famosa “grieta”. Y se escuchan y se leen comentarios que generan mucho dolor, impotencia e incluso incredulidad ante la justificación de lo aberrante, después de haber derrotado a la dictadura.

Es perverso que se le exija a los que buscan a Santiago, que antes de preguntar por él pidan por todos los desaparecidos. Sobre todo cuando los que lo plantean son personas o medios que justifican la desaparición de Santiago y que nada hicieron en el pasado por esas otras personas. Se niega la gravedad de esta desaparición intentando licuarla en un mar de casos. El razonamiento no es ingenuo, pretende que naturalicemos el hecho de que en democracia también pueda haber desaparecidos; enarbolan a Julio López para demostrar su tesis de que estamos ante algo habitual que no merece tanta repercusión.

Por otra parte, es falso que nadie se preocupe por Marita Verón, Julio López o Luciano Arruga. Cientos de organizaciones políticas y sociales y decenas de miles en todo el país, nos movilizamos y seguimos haciéndolo cada año exigiendo justicia.

El oportunismo de algunos sectores no invalida la legitimidad del reclamo

Es cierto que hay organizaciones políticas y sindicales que hoy hablan de Santiago y que callaron ante la desaparición de López, que hoy defienden a los mapuches y que mantuvieron silencio ante los atropellos al pueblo Qom durante el gobierno anterior. También hay quienes se movilizaron ante la muerte del fiscal Nisman y no hicieron lo mismo ante la desaparición de López, testigo clave en un juicio de lesa humanidad.

Existen hipocresías y oportunismos de varios colores. También existe coherencia en muchas personas y organizaciones que hemos defendido los derechos humanos siempre, sin importar a qué sector político favorezca o afecte coyunturalmente. Porque hoy vuelve a faltar una persona y eso trasciende -o debería-, cualquier cálculo político o electoral. Es objetivo, como también lo es la responsabilidad política del gobierno nacional que ha intensificado la represión como respuesta a los reclamos populares.

Mejor hablar de ciertas cosas

Los ataques gubernamentales a la docencia y los intentos por responsabilizarla de la profunda crisis que atraviesa la escuela pública, es el caldo de cultivo que dio origen a la campaña “con mis hijos no”, que no sólo ataca la libertad de cátedra, sino que se riñe con preceptos pedagógicos y democráticos básicos de nuestra sociedad, consagrados en la Ley de Educación Nacional.

Se aduce que la educación debe ser apolítica; algo que además de equivocado, es imposible. El acto educativo es un acto esencialmente político. Es político hablar en clase de Santiago, como también lo es decidir no hacerlo. La educación es política porque es una instancia indispensable para el ejercicio pleno de la ciudadanía, en la cual se ponen en juego y reproducen valores, ideas y normas. Lo que se prohíbe hacer en las escuelas, es proselitismo o política partidaria.

La ley de educación nacional Nº 26.206 es clara en relación al tratamiento de los derechos humanos. En sus artículos Nº 3, 8, 11, 30, 54 y 92 -por nombrar sólo algunos-, se habla de profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos, la diversidad, la justicia y otras libertades fundamentales. También se plantean como ejes necesarios “contenidos curriculares comunes que promuevan el respeto por la multiculturalidad y el conocimiento de las culturas originarias en todas las escuelas del país, permitiendo a los/as alumnos/as valorar y comprender la diversidad cultural como atributo positivo de nuestra sociedad”.  Lo cual es pertinente abordar ahora, dado que el contexto en el que ocurre la desaparición de Santiago, es el reclamo legítimo del pueblo originario mapuche en contra del gobierno que defiende el interés de una empresa extranjera en detrimento de sus derechos sociales.

Ya dijimos nunca más

La desaparición de Santiago Maldonado ha interpelado a toda la sociedad, las calles, las redes sociales y también a las escuelas. Sólo alguien que no convive en un aula con adolescentes, puede creer que un tema de esta magnitud puede esquivarse o que los estudiantes son presa fácil del adoctrinamiento. Este tema se discute en las aulas, galerías, salas de profesores. Y es un auspicioso síntoma que así sea, ya que la escuela tiene entre sus principales objetivos, formar ciudadanos críticos y comprometidos con la realidad de la sociedad en la que están insertos.

No podemos justificar ni naturalizar las violaciones, las injusticias y los atropellos a los derechos humanos. No puede haber espacio para un nuevo “algo habrá hecho”, no podemos mirar para otro lado.

 

Luciana Echevarría

Docente, delegada departamental de UEPC

Candidata a diputada nacional por Izquierda al Frente