Mentiras, racismo y violencia anti-mapuche: Cambiemos, tras los pasos de Roca

La fase neoextractivista del capital ha disparado, entre otras, una nueva «campaña del desierto» que apunta a construir un relato sobre los pueblos originarios que les permita a las multinacionales avanzar en el despojo del territorio.

Si bien no es potestad solo del PRO y Cambiemos, estamos ante un salto en el racismo y la violencia contra los pueblos originarios que ya se cobró numerosas víctimas.

Clandestino en tu propia tierra

Es fundamental para cualquier análisis serio entender que la fundación del Estado argentino tiene en su origen un genocidio de magnitud contra los pobladores originarios de estos territorios.
El burdo argumento de que el pueblo mapuche es «extranjero» es falso de punta a punta. Los pueblos originarios en general y los mapuches en particular son preexistentes a los Estados, a la conquista y la colonización de América, y a la visión eurocentrista del mundo que nos impusieron. Para mejor «digerir» el genocidio, se lo cubrió con una supuesta dicotomía entre civilización y barbarie, buscando explicar que más allá de violencia y muerte «no había otra forma de extender la civilización».
Parece un razonamiento de dinosaurios, pero es la base de las construcciones ideológicas, políticas y sociales contra el pueblo mapuche: negar su identidad, su cultura, su cosmovisión y por supuesto su derecho a habitar un territorio según su propia organización.
Después de años de resistencia, de reconstrucción cultural y política, el pueblo-nación mapuche se encuentra fortalecido en la pelea por sus derechos. Esto es motivo de preocupación para el capital y sus agentes en la Rosada y el Congreso.
A la vez, el desplazamiento territorial provocado por las sucesivas campañas militares del Estado empujó a que durante años muchas comunidades se establecieran en ubicaciones marginales desde el punto de vista capitalista. Pero hoy se revalorizaron por la expansión de la frontera extractiva de hidrocarburos no convencionales, el turismo de élite y los latifundios. Esa es la base material de la campaña anti-mapuche: «limpiar» el territorio para facilitar su entrega.

Sobre legalidades y derechos

 Así como vulnera los derechos de los pueblos originarios, esta democracia capitalista en crisis no deja de violar los propios «principios» que rigen su funcionamiento. La Constitución Nacional, defendida de la boca para afuera por Macri y su pandilla represiva, es sistemáticamente ignorada en cuanto al derecho indígena. Lo mismo para los trabajadores, mujeres, jubilados, etc. Los pactos internacionales incorporados en 1994, la Ley 26.160 de relevamiento territorial prorrogada hace poco y otros instrumentos jurídicos son atropellados por el gobierno.
Como lo denuncia el propio diario Río Negro, el proceso de relevamiento territorial está paralizado y así se facilitan la entrega de las tierras comunitarias, las disputas privadas y la judicialización de las comunidades.
Un ejemplo es el de la comunidad Campo Maripe, integrante de la confederación mapuche de Neuquén, emplazada en el corazón del cluster (asociación productiva) YPF-Chevron. El proceso de relevamiento dio como resultado el reconocimiento de los derechos ancestrales de la comunidad en esas tierras. Ante el resultado el gobierno cajoneó el relevamiento y hoy el territorio está militarizado y la comunidad enfrenta un proceso judicial. En toda la Patagonia hay muchos casos similares.
Para los pueblos originarios no hay estado de derecho, sino represión y despojo, violación sistemática de sus derechos y construcción de un relato estigmatizante y justificatorio de la violencia. Hace pocos días Rafael Nahuel fue muerto por Prefectura y hace unos meses lo fue Santiago Maldonado en manos de Gendarmería. El listado de palizas, encarcelamientos y asesinatos de originarios en todo el país es bastante largo.

De la exclusión al reconocimiento

Rafael es el rostro de miles de pibes que, empujados a la marginalidad, hacinados en los barrios más vulnerables de Bariloche y otras ciudades patagónicas, se van reencontrando con su identidad. El mismo proceso han hecho los nietos apropiados por la dictadura y recuperados por las Abuelas, pero se cuestiona si se trata de la identidad mapuche.
Desde ya, seríamos críticos si algún agrupamiento mapuche apelara no a la legítima autodefensa sino a metodologías terroristas. Pero el RAM ni siquiera se sabe si existe y aun los grupos mapuches más radicalizados no plantean ninguna separación sino un Estado plurinacional y multiétnico, con reconocimiento de sus territorios, costumbres e idiomas.
Bullrich y el gobierno le dan vía libre a las fuerzas represivas para disparar primero, ocupar territorios comunitarios, detener niños y cazar personas. Con esa misma lógica acuerdan con el gobierno chileno la detención y el proceso de extradición de Facundo Jones Huala.
Ante esta realidad, defendemos los derechos del pueblo mapuche. Lejos de ser una amenaza para el pueblo expresan una demanda democrática fundamental y son un freno a las corporaciones que nos saquean y a los gobiernos que las apañan.