Arancelamiento… Apuntan contra la Universidad pública
Polemizamos con una serie de notas periodísticas que apuntan a promover
el arancelamiento en la universidad pública.
La universidad pública ha sido blanco de la mirada voraz de los ajustadores en reiteradas ocasiones. En las últimas décadas se ha traducido en ofensivas concretas como la Ley de Educación Superior, que la han buscado reorientar y reorganizar socialmente de acuerdo a las necesidades de los patrones de acumulación capitalista. Cada ofensiva estuvo precedida y acompañada por discursos, artículos, opiniones que buscaron generar consenso en torno a las reformas. En las últimas semanas hemos sido testigos de una nueva ronda de estos argumentos.
La ley del mercado (y del ajuste)
El denominador comun de dichos discursos es que miran (y evalúan) a la universidad desde la lógica del mercado. Desde esta perspectiva, resulta una institución cuya ineficiencia se puede comprobar arrojando cifras que den cuenta del número de egresados por estudiantes inscriptos, o bien el “gasto estatal” por egresado. Éstas cifras son utilizadas para dar un barniz cientifico, un intento de objetividad, a una opinión de neto corte ideológico, liberal. De lo que se trata, en definitiva, es de defender y difundir el dogma segun el cual el mercado asigna los recursos sociales de manera más eficiente que el estado. Un articulo publicado en el diario Clarín a fines de enero por Ricardo Braginski es un claro ejemplo de esto. En él se analizan y difunden los resultados de un estudio realizado por el Centro de Estudios de la Educación Argentina, de la Universidad de Belgrano. De los números se destaca que la tasa de graduación de las universidades privadas duplica a la de las universidades públicas. La receta para ello, segun los expertos consultados por Clarín, serían las carreras cortas y a distancia. Se trata de una fórmula empujada desde hace décadas por los sectores que han apuntado a crear un mercado de educación superior a escala mundial, y que en Argentina se expresa en los lineamientos de la LES y en el recientemente lanzado sistema de movilidad estudiantil. En el mismo diario, aunque aún con menos argumentos, Daniel Muchnik vuelve a la carga con la vieja idea del arancel universitario. Partiendo de un diagnóstico que combina la mención a los niveles de deserción y la baja matrícula de algunas carreras con una visión reaccionaria sobre docentes que “imponen ideologías de enfrentamiento”, termina basando su propuesta en el elevado déficit fiscal. Curiosa visión que carga las tintas del déficit fiscal contra la universidad pública cuando el “gasto” en ésta representa apenas el 0,77% del PBI, lejos incluso de la España que Muchnik cita como ejemplo y que destina a la universidad el 1,08% del PBI. Con un presupuesto 2018 donde el gasto en pago de intereses de la deuda externa duplica todo lo presupuestado para educación y cultura resulta claro que el problema del déficit fiscal no se encuentra en las aulas. El debate del arancel sólo busca profundizar la tendencia al desfinanciamiento del sistema educativo, descargando el ajuste sobre estudiantes y docentes. Simultáneamente busca facilitar la expansión del mercado de la educación privada eliminando la “competencia desleal” de la universidad pública y gratuita.
Macri, director de la orquesta
Estos discursos responden a una orientación global de ajuste que impulsa el gobierno nacional. Así, en su discurso pos electoral donde anunciaba el rumbo del “reformismo permanente” Macri dedicó un capítulo especial a la universidad pública. Comparó los índices de ingreso y el crecimiento de la planta docente con el número de egresados para concluir que las universidades deben esforzarse “para que asignen de forma más eficiente los recursos, para mejorar su desempeño y contribuir entre todos a reducir el gasto público”. La reducción del presupuesto universitario como porcentaje del PBI es una clara muestra de que el ajuste sobre la universidad ya comenzó. Así, mientras en 2015 el presupuesto universitario representaba un (ya muy bajo) 0,87% del PBI, hoy desciende al 0,77%. Esto impacta sobre los salarios docentes, la infraestructura, las becas, etc. Los primeros, por ejemplo, estan estancados en una mísera “garantía” de 11.500 pesos mensuales para el cargo testigo, mientras los fondos destinados a becas se reducen en un 32% en términos nominales y 44% en términos reales de 2017 a 2018. Como perspectiva de política universitaria, el Plan Maestr@ se pone como meta “garantizar la pertinencia de la oferta académica” entendida ésta en términos de la demanda del mercado laboral, al tiempo que busca facilitar la movilidad de estudiantes entre el sistema público y el privado.
En defensa de la universidad pública
Frente a esta nueva ofensiva es necesario que lxs trabajadorxs y estudiantxs de las universidades públicas nos sumemos a la lucha contra el ajuste. Debemos confluir en las acciones de lucha de todxs los trabajadorxs, y preparar al mismo tiempo un fuerte plan de lucha. Se acercan las paritarias docentes, tendremos que salir a la calle por salario, exigiendo la triplicación del presupuesto universitario, en rechazo al Plan Maestr@, articulando el conjunto de demandas en defensa de la Universidad Pública.
Luis Meiners