Cuadernos, coimas, aportantes truchos… Barrer con toda la corruptocracia

Cuando buena parte de la atención pública giraba sobre el escándalo de los aportantes truchos del PRO, aparecieron los “cuadernos” sobre la operatoria de coimas entre altos funcionarios K y las principales empresas beneficiarias de la obra pública. La confesión de Calcaterra, que es Macri, y la condena a Boudou, son los últimos episodios de una tormenta que amenaza a toda la casta política y empresarial. Hay que ir hasta el hueso en todos los casos de corrupción, sean K o PRO, y producir una verdadera marea que barra con todo este régimen de corruptocracia y sus políticos.

Martín Carcione y Pablo Vasco

La coyuntura que atraviesa el gobierno de Macri es de las peores desde que gobierna. Endeudamiento por las nubes, corrida cambiaria, inflación descontrolada y la economía en terapia intensiva. El ajuste brutal que él y los gobernadores pretenden imponer empieza a mostrar sus consecuencias, como los miles de despidos y suspensiones o las explosiones en la escuela de Moreno o en la Torre 1 de La Plata.

A este panorama difícil, donde el gobierno sólo se sostiene gracias a su pacto con la burocracia sindical y el PJ, se le sumaron las denuncias por los cientos de aportantes truchos en las campañas 2015 y 2017: mintieron sobre las medidas que luego aplicarían como gobierno y también sobre el origen de los fondos que los llevaron al poder.

Ajuste + corrupción: un combo complicado

Este combo no podía sostenerse mucho tiempo sin abrir fisuras en el gobierno nacional, la coalición política que lo sostiene y el frente burgués que lo ampara. A eso se suman los tironeos entre Macri y los gobernadores sobre cuánto debe ajustar cada uno. Por eso los “cuadernos” de Centeno[1] (o las fotocopias, porque ahora dice que los quemó) aparecieron en el momento justo, cuando empiezan los armados electorales para el 2019.

Ninguna investigación contra la corrupción del gobierno anterior debe ser utilizada para sostener al actual gobierno de ajuste, saqueo y corrupción. Este es un punto básico, si no queremos que el circo judicial oculte la dura realidad que vivimos a diario.

Nuestro dirigente Alejandro Bodart fue claro: “Decimos no al uso electoralero que hace el gobierno macrista para tapar el escándalo de los aportantes truchos, la bronca popular y la debacle económica. Y decimos sí a formar una CONADEP de la corrupción, con personalidades independientes, que investigue al gobierno anterior y al actual porque no se puede confiar en una justicia siempre adicta al poder de turno, plagada de Bonadíos”.

Cuadernos o aportantes, todo es corruptocracia

Los cuadernos del ex chofer de Baratta, mano derecha de De Vido en Planificación muestran cómo funcionaba el sistema de recaudaciones “en negro” bajo la década K. Si resultan creíbles es porque exponen en detalle la relación estrecha entre las recorridas para recaudar dinero y las mayores empresas beneficiarias de la obra pública en todo ese período.

Techint, Pescarmona, Electroingeniería, IECSA, Corporación América, Odebrecht e Isolux, entre otras, fueron -y en muchos casos lo son aún- las empresas que concentran la gran mayoría de las obras a lo largo y ancho del país, incluso algunas nunca realizadas. Es probable entonces que los principales cuadros del kirchnerismo, desde Néstor y De Vido para abajo, comandaran una asociación para obtener “retornos” al dominar la asignación de dicha obra. Pero así hayan sido “aportes para la campaña” o para el bolsillo propio, es corrupción igual. Y lo mismo vale para los grandes burgueses que “aportan” a todas las canastas políticas porque así, gane quien gane, ellos siempre ligarán alguna licitación o concesión millonaria.

Según parece, los cuadernos detallan fechas, horas y montos de esas coimas. Ante esto, hace falta una investigación a fondo y sin presiones del gobierno macrista ni de ningún otro sector político. Aquí el único estafado es el pueblo, por políticos y empresarios que hacen de la coima su modo de vida. En paralelo también hay que investigar a fondo toda la trama de aportantes truchos al PRO. Primero, porque el objetivo es el mismo: beneficiarse con negocios a costa del Estado. Y segundo, porque al final de ambos ovillos seguramente estarán los mismos nombres empresariales, que aceitan con dólares a toda la casta política de esta corruptocracia capitalista.

El mecanismo de la estafa

En ambos casos, no se trata de un curro entre privados y funcionarios: es un robo a los millones que aportamos a la recaudación nacional. El dinero de coimas y lavados sale de los sobreprecios en las obras que nos facturan a todxs, se hagan dichas obras o no.

La plata recaudada por Baratta y otros funcionarios K es parte del monto que el Estado presupuesta para cada obra, que “retorna” a esas manos en pago por adjudicarle tal obra a tal empresa. Si los registros de Centeno son reales suman cientos de millones de dólares estafados durante años por la complicidad empresas-poder político. En esos años tuvimos la masacre de Once, las inundaciones de La Plata, Santa Fe y demás desastres que se podrían haber evitado con las obras adecuadas. Aparte de plata, esas coimas nos cuestan vidas.

Con los aportantes truchos el mecanismo es similar: es un pago de favores a futuro o ya consumados entre empresarios y políticos. Éstos, para justificar legalmente los millones que reciben para sus campañas, usurparon la identidad de miles de personas. En el caso porteño, en la causa penal figura el pago de un adicional a empleados públicos que luego se aportó entero a la campaña del PRO. O sea: robaron fondos públicos para su campaña y los “blanquearon” vía el magro salario de trabajadorxs estatales.

Ambos casos desnudan que en esta democracia capitalista la representación no es hacia quienes votan, sino hacia quienes financian la captura de ese voto: PJ, UCR, PRO y demás partidos del sistema. Como se bancan con la plata de empresarios, son leales a éstos y no a sus votantes. Sobre esa base, los grandes medios -que también son grupos económicos concentrados- direccionan las culpas hacia uno u otro sector, según la coyuntura, para tapar que todo el régimen funciona así. Un ejemplo casi ridículo es que la Oficina Anticorrupción, que debería controlar al gobierno macrista, la ocupa la macrista Laura Alonso.

Quizás estas causas penales y la seguidilla de “arrepentidos” sean el inicio de una versión argenta del Lava Jato brasilero. Sea como sea, para que el círculo vicioso de la corrupción no se repita, además de investigar y castigar a cada corrupto hay que desmantelar la matriz que los reproduce.

Carpetazos entre ellos o control social

En estos tiempos, la velocidad de la información puede ser confundida con su democratización. No es así: la comunicación está más monopolizada que nunca. Clarín y otras corporaciones dominan el circuito e instalan masivamente amores y odios. Sus “noticias” no nacen de la investigación desinteresada de periodistas independientes: los medios son grandes empresas, que defienden los intereses de su clase, y que además reciben la millonaria pauta publicitaria del Estado… ¡que antes controlaba Télam y ahora “controla” el jefe de gabinete Marcos Peña!

En este sainete de corruptelas y carpetazos de uno y otro bando empiezan a aparecer actores que caminan por ambas veredas, desnudando el entramado sistémico y transversal de relaciones que teje el poder capitalista.

Calcaterra, empresario ligado a la cartelización de la obra pública, es primo hermano de Macri y “aportó” al FPV. En la justicia dio su versión, pero a diferencia de otros “aportantes” quedó libre… El Grupo Macri y su entorno están ligados a las estafas contra el Estado en todos los gobiernos, desde la estatización de sus deudas en la dictadura hasta el Correo de papá, las empresas offshore o el control de servicios básicos como Edenor o el Subte.

Hay una acción sistemática y consciente de una clase social: el puñado de familias burguesas que domina los ejes de la economía al servicio de sus bolsillos. Cuentan para ello con un Poder Judicial adicto, sometido al poder político, y con un Poder Legislativo que les viabiliza los negocios y cuyo Senado a su vez frena todo avance logrado en Diputados. Y si las coimas aceitan los negocios, los privilegios políticos aceitan a esas instituciones… si no están ellas mismas envueltas en corrupción, como pasó con la Banelco de De la Rúa para aprobar la ley de flexibilización laboral.

Hay gente que no

Según algunos todo político se financia con aportes empresariales porque si no, no les alcanza. Así buscan justificar las campañas millonarias de la vieja política, la que no va más.

En cambio en la izquierda y en particular en el MST tenemos toda una trayectoria opuesta a la de la casta política del sistema y sus hábitos corruptos. No recibimos aportes empresariales ni los queremos: nos bancamos con el apoyo de militantes y simpatizantes, trabajadorxs y jóvenes.

Cuando nos tocó ocupar bancas, con Vilma Ripoll o Alejandro Bodart, batallamos contra los privilegios políticos y presentamos proyectos de ley, como igualar las dietas al salario de una directora de escuela de jornada completa o la obligatoriedad de todo funcionario político de educar a sus hijes en la escuela pública y atenderse en el hospital público.

En todas las instituciones y también a otro nivel en sindicatos y centrales obreras, centros de estudiantes y medios de comunicación hace falta una profunda democratización, participación y control social. Es una lucha por revolucionar todo lo existente y para lograrlo tenemos propuestas concretas.

CONADEP anti-corrupción y cambios de fondo

• Toda sospecha de corrupción por parte de funcionarios políticos debe ser investigada. Como esta justicia adicta al poder de turno no es confiable, hay que formar una CONADEP de la corrupción, con personalidades independientes y plenos poderes para investigar sin restricciones.
• Los delitos de corrupción no deben prescribir -vencer- y a los funcionarios y/o empresarios que los cometieron, aparte de la sanción penal, se les deben embargar sus bienes hasta restituir lo robado.
• Para dar ejemplo de gobernar en favor del bien común, el salario de lxs funcionarixs políticxs debe ser igual al de una directora de escuela y, por ley, todxs ellxs deben utilizar el hospital y la escuela pública.
• En la justicia, desde la Corte Suprema para abajo, proponemos elegir a los jueces y fiscales por voto popular, con mandatos limitados y revocables en caso de mal desempeño. También implementar los juicios por jurados, con vecinxs sorteadxs del padrón electoral.
• En cuanto a los medios, hay que garantizar el reparto democrático de las frecuencias de radio y TV así como del papel e imprenta a las organizaciones populares, única forma de que realmente se escuchen todas las voces.
• Para terminar con los gobiernos corruptos y de falsas promesas, proponemos convocar a elecciones a una Asamblea Constituyente, en donde el pueblo pueda debatir y decidir el rumbo del país, incluido un plan económico al servicio del 99% de la población y no del 1% de ricachones y privilegiados.

^[1] Chofer de Roberto Baratta, ex policía federal y “arrepentido” que escribió los cuadernos entregados a periodistas de La Nación.