Macri y Bullrich se ponen aún más la gorra. A les pibes inclusión, no represión

El 19F, en el Ministerio de «Justicia y Derechos Humanos» de la Nación, el ministro Germán Garavano presentó en público el anteproyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad (o punibilidad) a 15 años. En la puerta, numerosas organizaciones sociales hicieron una ruidosa protesta, con mucho piberío, de la que participaron nuestra dirigente Vilma Ripoll y una delegación del MST y el Teresa Vive.

La excusa del gobierno nacional de Cambiemos, que acompañan no pocos voceros del PJ y el massismo, es que con su proyecto la inseguridad va a disminuir. Y que ellos para nada pretenden criminalizar a los niños, niñas y adolescentes, sino poner en pie «un régimen penal juvenil» con programas de reinserción educativa y social…

Las organizaciones presentes en la protesta, con muchas trabajadoras y trabajadores estatales de áreas de Niñez y Adolescencia, que conocen la problemática en forma directa, denunciaron la hipocresía de esos funcionarios que hablan de «cuidar» y «reinsertar» a quienes descuidan y excluyen todos los días mediante recortes presupuestarios y vaciamiento de todos los programas vigentes. ¡Les pibes precisan comida, techo, educación y recreación, no balas ni cárceles!

Habilitar el ingreso al sistema penal a una edad más temprana, aparte de regresivo respecto de los estándares internacionales de infancia, incumple las recomendaciones del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño, de mayo de 2018. Las conclusiones de ese organismo fueron contundentes: «Adoptar una ley juvenil integral adecuada a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y a los estándares de justicia juvenil, especialmente en relación a asegurar que la privación de libertad sea utilizada como último recurso y por el menor lapso posible, que no incluya previsiones de incrementar la duración de las penas ni reducir la edad de responsabilidad penal».

Reproducimos abajo la convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, espacio unitario que integramos desde el MST y el CADHU. El EMVJ acompañó la protesta del 19F y llama a marchar a Congreso el jueves 28.

No a la baja de edad de imputabilidad. Basta de represión y gatillo fácil

El próximo 28F un amplio arco de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos nos movilizaremos contra la avanzada represiva del gobierno macrista, cuyos principales puntos incluyen impulsar la baja de edad de imputabilidad, mantener presos y presas políticas, y el aumento de los casos de gatillo fácil en el marco de la «doctrina Chocobar».

Esta política represiva que persigue a las y los luchadores y busca disciplinar a los sectores populares es la otra cara del ajuste que aplican: los tarifazos, los despidos, el crecimiento de la pobreza y la desigualdad social sólo pasan con represión. Además, en un marco electoral y de «bolsonari-zación» de la política, tanto el macrismo como aquellos representantes del PJ que posan de opositores hacen promesas de «mano dura» buscando aumentar su popularidad.

En ese marco, desde el macrismo se arenga nuevamente la baja de edad de imputabilidad, como años atrás hiciera el gobierno de CFK con su régimen penal juvenil como supuesto medio para aminorar el delito. En realidad es un salto represivo contra los más jóvenes, que no tiene ningún impacto en los problemas de seguridad ya que menos del 1% de los delitos graves son realizados por menores de 18 años, pero que avasalla los derechos de niños, niñas y adolescentes e incluso contraviene la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de rango constitucional.

El gobierno miente con descaro: presenta esta reforma con la supuesta finalidad de fomentar la responsabi-lización del adolescente que ha cometido una infracción penal y a la vez promover su integración social mediante servicios y programas socio-educativos. Pero lo cierto es que el Presupuesto 2019 aprobado por el Congreso por orden del FMI redujo la partida destinada a programas de niñez y adolescencia, como así también el destinado a educación y salud.

Según el último informe del INDEC, de diciembre de 2018, del total de desocupados del país el 55,4% son jóvenes. Del total de la población, el 27,3% es pobre. Pero entre 15 y 29 años la pobreza sube al 32,9% y entre 0 y 14 años llega al 41,4%. Ambos grupos etarios son los más golpeados por la pobreza y la indigencia. Además son el sector más golpeado por los abusos sexuales y las redes de trata y explotación sexual.

Mientras tanto, el disciplina-miento cotidiano contra la juventud y los sectores más humildes se expresa en el aumento de los asesinatos por fuerzas de seguridad. Ha sido una política de todos los gobiernos post-dictatoriales implementar el gatillo fácil. Bajo el gobierno kirchnerista aumentó a un caso cada 28 horas. Y con Macri pegó un salto, llegando a un caso cada 21 horas. La «doctrina Chocobar» de Macri y Bullrich busca legalizar el asesinato policial.

Asimismo, en vísperas del 8M, denunciamos que en lo que va de 2019 hubo 25 femicidios y 10 travesticidios de los cuales el 37% fue cometido por las fuerzas represivas. Hasta 2018 venía siendo del 20%, o sea que la participación de dicha fuerzas en femicidios casi se duplicó.

Al día de hoy no solo siguen impunes los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel a manos de fuerzas de seguridad, sino que se pretende cerrar las causas para consagrar la impunidad. Bullrich empezó el 2018 reincorporando a 11 policías y gendarmes antes destituidos por acusación de homicidio, y lo terminó con los asesinatos de Marcos Soria y Rodolfo Orellana.

En igual sentido va el decreto que promueve el uso de armas de fuego por esas fuerzas, que Bullrich promulgó en el contexto del G 20. Habilitar el uso de pistolas Taser (de hecho, una picana eléctrica) no hace más que agravar este cuadro. Por su parte, Sergio Berni, ex secretario de Seguridad de la Nación, corrió por derecha a Bullrich al señalar que «cada policía debería portar una Taser».

Esta política se da en una escalada represiva, que apunta en especial contra quienes se oponen y enfrentan las políticas de ajuste y entrega, como se vio cuando presentaron el «protocolo antipiquetes». Así, importantes movilizaciones populares son duramente reprimidas. Además se persigue y procesa a quienes participan en ellas, contándose por decenas los procesados por luchar. La ley antiterrorista sigue pesando como una espada de Damocles sobre las cabezas del activismo popular. Esta persecución llega hasta encarcelar a opositores y luchadores, como Daniel Ruiz, preso desde hace más de cinco meses, y Milagro Sala, presa desde hace más de tres años.

Como parte de esa política, el gobierno de Macri-Bullrich viene atacando a los organismos de derechos humanos y buscando vías para liberar a represores de la última dictadura militar, como fue el intento de aplicar el «2×1» a delitos de lesa humanidad.
Ante esta escalada represiva, que ahora pone en primer lugar la baja en la edad de imputabilidad, las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos decimos:

• Basta de represión y ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI.
• No a la baja de edad de imputabilidad, basta de gatillo fácil.
• Libertad a Daniel Ruiz, Milagro Sala y demás presas y presos políticos.

Encuentro Memoria Verdad y Justicia

Pablo Vasco