Soberanía energética y política… asuntos pendientes
Fallo contra Argentina por la «reestatizAción» de YPF y apagón nacional
El 24 de junio la Corte Suprema de EEUU determinó que la demanda por más de u$s1600 millones se lleve adelante en los tribunales de Nueva York y no en nuestro país, lo que preanuncia un fallo desfavorable, que se suma a otros anteriores del CIADI. Por otro lado el apagón el 16 de junio mostró el fracaso de la política energética de las últimas décadas. ¿Qué hacer frente a los tribunales internacionales? ¿Qué política energética necesitamos? Este artículo es un aporte para responder a esas preguntas.
El juicio lo lleva adelante el estudio de abogados británicoBurford Capital que compró los derechos de litigar contra el Estado Argentino al Grupo Eskenazi: compró la demanda por 15 millones en 2015, reclama más de u$s1600 millones y con la expectativa de una sentencia favorable ya logró vender partes por 235 millones de dólares, negocio redondo que muestra cómo actúan estos «buitres». Reclama que durante la reestatización de YPF no se le hizo al grupo Eskenazi una oferta por el 25% de las acciones que tenía en la compañía tal como se le hizo a Repsol, a quien a pesar de los discursos épicos, el kirchnerismo le terminó pagando u$s 5800 millones.
A esto se suma el fallo del CIADI (organismo dependiente del Banco Mundial) que obligó a pagar u$s 320 millones por la estatización de Aerolíneas Argentinas. En total, de 2003 a la actualidad, por fallos del CIADI o de tribunales extranjeros, Argentina lleva pagados u$s 17000 millones (6 mil bajo el kirchnerismo y el resto durante el gobierno de Macri) y quedan aún pendientes litigios por u$s 4500 millones. Esto sucede porque todas las privatizaciones de la década del 90 y los acuerdos de inversiones posteriores dispusieron que las posibles controversias se resolvieran en tribunales de EEUU o el CIADI. Es decir, se renunció a cualquier tipo de soberanía en favor de instituciones imperialistas que no es difícil saber de antemano a quién van a favorecer.
Una primera conclusión, entonces, es que sin romper con el CIADI y desconocer los tribunales extranjeros no hay posibilidad de tener una política soberana que nos permita decidir sobre la propiedad y utilización de nuestro patrimonio de acuerdo a nuestras necesidades.
YPF: privatización menemista y continuidad kirchnerista
Yacimientos Petrolíferos Fiscales fue la principal empresa del Estado argentino entre 1922 y 1992 y puntal del desarrollo económico, social e industrial de nuestro país al ser el principal productor de energía y al mismo tiempo generar alrededor de su industria pueblos enteros, infraestructura, caminos, rutas, etc. Argentina fue uno de los pocos países en el mundo que se deshizo de su petrolera estatal cediendo a capitales extranjeros el control de una actividad estratégica. La privatización llevada adelante por Carlos Menem entre 1992 y 1998 cuando la española Repsol adquirió la casi totalidad del paquete accionario. No está de más recordar que Néstor y Cristina, además del lobby en favor de la privatización, pusieron a disposición el avión de la provincia para que los senadores santacruceños llegaran a tiempo a la votación.
La petrolera española Repsol sobreexplotó los yacimientos descubiertos por la empresa estatal sin realizar nuevas exploraciones. Así, la caída de las reservas entre 1998 y 2011 fue del 54% en petróleo y del 97% en gas. Junto a la entrega de YPF fueron privatizados entre distintas empresas el transporte y la comercialización de la energía.
La recuperación que no fue
La llegada a YPF del grupo Eskenazi en 2007 fue presentada por el kirchnerismo como un proceso de «argentinización» de la empresa. Eskenazi, de grandes relaciones con Néstor Kirchner que ya le había obsequiado el Banco de Santa Cruz, se hizo del 15% de acciones sin poner un solo dólar. La cesión de su porcentaje se hizo a cuenta de pagos que hacía con el reparto de dividendos de la compañía, que siguió sin invertir en nuevas exploraciones, perdiendo las reservas existentes. En el 2011 Eskenazi compró un 10% más de acciones, quedándose con el 25% que es la fuente de la demanda contra el Estado argentino.
La recuperación de parte de YPF en 2012 fue anunciada como una medida épica de soberanía que permitiría «lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos» para «garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo… y el crecimiento equitativo y sustentable de las distintas provincias y regiones» (art. 1º ley de expropiación del 51% de las acciones de YPF). En su momento señalamos que era una reestatización trucha por varios motivos. 1) Sólo se expropiaba el 51% de las acciones dejando en manos privadas el resto. 2) YPF solo explota el 30% del petróleo en el país y se continuaba así, con el 70% en manos privadas, lo que en realidad significaba que el Estado sólo controlaría apenas la mitad de ese 30%. 3) Lejos de volver a transformar a YPF en Sociedad del Estado se mantenía como Sociedad Anónima, lo que iba a significar que seguiría actuando como una empresa capitalista más y sin los controles que rigen para las empresas estatales.
La Vaca de la leche de oro
El tiempo confirmó lo que dijimos en su momento. En lugar de ser una palanca para el desarrollo nacional y encabezar la necesaria transformación energética YPF, continuó actuando como una empresa capitalista al servicio de la obtención de ganancias. A pocos meses de la recuperación, se evidenció el verdadero objetivo: la firma de un acuerdo secreto con la norteamericana Chevrón, condenada en Ecuador por crímenes ambientales. Ese acuerdo secreto para la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta a través del fracking, avanzó contra derechos ambientales y territoriales de las comunidades al tiempo que dio garantía de ganancias extraordinarias y libre disponibilidad de divisas a la empresa norteamericana; y nuevamente dispuso tribunales norteamericanos en caso de controversias. Todo muy lejos de la soberanía declamada.
Hoy tanto el macrismo como el kirchnerismo vuelven a poner Vaca Muerta como la llave del futuro del país, mostrando que tampoco hay grieta en la política energética. El propio programa del FDT plantea «Generar un régimen especial de inversiones en petróleo y gas, particularmente en Vaca Muerta, dando previsibilidad e incentivos a la actividad privada.» Es decir, seguir poniendo en manos privadas el futuro territorial, energético y ambiental del país con beneficios impositivos y laborales.
Soberanía, democracia energética y gobierno de trabajadorxs
A 7 años de la «estatización», las naftas no paran de aumentar y la crisis energética continúa al punto que los cortes de luz ya son cotidianos en varias zonas del país y además sufrimos un tremendo apagón nacional el 16 de junio. La política energética implementada en las últimas décadas mostró su total fracaso para los sectores populares al tiempo que significó fabulosas ganancias para las empresas privadas, ya sea en forma de subsidios estatales o de tarifazos. De lo que se trata es de debatir otra política energética, que defina la energía como un bien social imprescindible y por lo tanto un derecho, no una mercancía más puesta al servicio de generar ganancias. Puesto así, es necesario estatizar todo el sistema energético, desde la generación, el transporte y la comercialización con el control y gestión democrática de lxs trabajadorxs y usuarixs. Y emprender una reconversión urgente hacia energías limpias y renovables como la eólica, solar, mareomotriz o geotérmica.
La clase trabajadora tiene la tarea de encabezar esta pelea para construir fuerza social que permita terminar con el robo de las privatizadas (las mismas empresas que precarizan el trabajo, despiden y ahora reclaman una nueva reforma esclavista). Para eso, la izquierda y los sectores del sindicalismo combativo debemos levantar un programa que junto a la estatización de las empresas energéticas con control obrero y social plantee una transición eco- socialista sin repetir argumentos de la burguesía que extorsiona, a partir de la necesidad de trabajo, para seguir reproduciendo el extractivismo con fracking, megaminería, o mega represas. No van a ser los partidos patronales quienes encabecen esa pelea, aunque se pinten de progresistas. Sus programas, su historia y su rol como gerenciadores de las corporaciones capitalistas lo confirman. La izquierda es la única que puede construir una fuerza política que en la perspectiva de un gobierno de los trabajadores y el pueblo ponga los bienes comunes al servicio de las necesidades sociales y ambientales mayoritarias y no de las ganancias capitalistas.
Emilio Poliak