¿Ajustar a quiénes?
A poco de cumplir su primer mes de gobierno, entre las palabras y las medidas concretas de Alberto Fernández aparece una distancia notoria. Los hechos, las contradicciones, las perspectivas.
Pablo Vasco
“Si ajustar es ordenar las cuentas públicas, estamos haciendo un ajuste”. Así lo reconoció públicamente el propio AF hace algunos días. El problema es que cada vez que los gobiernos capitalistas “ordenan las cuentas públicas”, cada vez que buscan “que los números cierren”, en general siempre ajustan para un mismo lado: para abajo. ¿Esta vez también es así?
Si nos atenemos a sus discursos, más de una vez AF prometió afectar “a los que más tienen”. Sin embargo, la realidad pura y dura de sus primeras semanas en la Rosada más bien estaría indicando lo contrario. Y nos referimos tanto a la ley de “emergencia” que aprobó días atrás el Congreso como a las medidas posteriores.
Analicemos, en primera instancia, qué se decía y qué se hace en relación con los sectores económicamente más poderosos, privilegiados, dominantes, aquellos que se supone deberían ser quienes más aporten a pagar los costos de la crisis:
El FMI y los bonistas. El eje de la ley de “emergencia” es pagar la deuda externa, que es una estafa colosal y antidemocrática. El Tesoro le compró al BCRA más de 1.326 millones de dólares de reservas para pagarles a los bonistas extranjeros (y puede comprar hasta u$s 4.571 millones). Con igual fin, el gobierno emitió letras por $ 76.000 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.
Como reconoció el ministro de Economía, Guzmán, esa ley es “para tener condiciones para sentarse a negociar con el Fondo” cómo pagar. En el debate presidencial de octubre, AF le decía a Macri: “De u$s 39.000 millones que nos dio el FMI, u$s 30.000 millones se fugaron y se lo llevaron sus amigos”. ¿Y entonces por qué ahora reconoce como legítima esa deuda trucha y la paga sin siquiera hacer una auditoría? Cri cri…
Las corporaciones. A los pools de siembra y las empresas agroexportadoras AF no les aumentó las retenciones: mantuvo la rebaja que les había hecho Macri y sólo actualizó el valor del dólar, que estaba ridículamente congelado en 4 pesos. Y a las multinacionales petroleras y mineras extractivistas, que saquean y contaminan nuestros territorios, les bajó las retenciones del 12 al 8%.
Como secretario de Minería AF ha designado a su tocayo Hensel, un reconocido agente de la Barrick Gold: sobran las palabras.
Los bancos y la renta financiera. Al conjunto de la banca, que tuvo y tiene ganancias récord, AF no le tocó ni un pelo. Y a la renta usuraria, no productiva, le bajó el impuesto.
A fines de julio, en un acto de campaña en La Matanza, el actual presidente decía “entre los bancos y los jubilados, yo me quedo con los jubilados”. Es decir, no resiste un archivo de hace cinco meses.
Las empresas privatizadas de servicios públicos. AF no les permite incrementos de tarifas por seis meses, pero les reconoció todos los tarifazos previos (y los que se vendrán).
De aquel proyecto de ley para “retrotraer las tarifas a diciembre de 2017” que presentó el FPV-PJ en el Congreso cuando era “oposición” al gobierno de Macri, nada.
Como puede verse, a la hora de “ordenar las cuentas públicas”, o sea de ajustar, el gobierno peronista no ha afectado a los sectores más concentrados de la economía. En consecuencia, resulta obvio que la mayor parte del ajuste dispuesto recae sobre las otras capas sociales.
¿“Poner plata en el bolsillo de la gente”?
Ése fue la promesa que AF repitió una y otra vez en campaña para recomponer la economía interna en base a alentar el consumo. Luego, ya como presidente y en nombre de la “solidaridad social”, esa masa genérica denominada “la gente” la redujo a “los últimos”. Finalmente, ¿qué sucedió?
Las y los jubilados. Con la ley de “emergencia”, AF les congeló por seis meses la movilidad jubilatoria. Esa rebaja de ingresos no la compensa el bono de fin de año para los que cobran el haber mínimo ni tampoco la promesa de futuros aumentos.
El cálculo es sencillo: si el aumento por la movilidad fuera superior al que el gobierno piensa dar por decreto, no la hubiera congelado. En síntesis, ajuste a la tercera edad.
Planes sociales, despidos e inflación. Aunque habló de “proteger a los más humildes” y urge subir el monto del plan y mejorar la entrega de alimentos, no hubo ningún aumento para los planes. Además, AF reinstaló la doble indemnización por despido, medida que no los evita. De aquella ley peronista que el Congreso aprobó en 2016 que prohibía los despidos por seis meses y que Macri vetó, silencio de radio.
De defender la anulación del IVA a la canasta básica AF pasó a restituirlo a 13 productos[1], aunque es sabido que el mayor gasto de los sectores más vulnerables es en alimentos. Este ajuste, que además hará crecer la inflación, no lo compensa la prórroga del plan Ahora 12 ni la promesa de ampliar el programa Precios Cuidados.
Y si bien congeló las tarifas del transporte público, a esas empresas privadas les aumenta los subsidios del Estado, que en realidad también salen de nuestros bolsillos.
La mayoría trabajadora. El bono a lxs trabajadorxs estatales de sueldos más bajos es de sólo $ 4.000, en cuotas y como anticipo de futuros aumentos. Y el bono a sus pares del sector privado es de $ 3.000 en febrero y $ 1.000 en marzo, otra verdadera burla. Para la mayoría, cero aumento.
El 28 de julio, AF le dijo a Roberto Navarro “vamos a recomponer un 20% los salarios”. Pero para la inmensa mayoría, la suma fija apenas significa el 10%. Y encima días atrás, cuando la CGT pidió “recomponer los salarios a la inflación” en las paritarias, AF llamó a no hacer “pedidos desmedidos”
La clase media. Al mantener el cepo a la compra de dólares, desdoblarlo a $ 82 -o sea devaluar- y poner un 30% de impuesto al dólar turista, AF castiga a los sectores sociales medios y de trabajadorxs que utilizan esa moneda como ahorro o que simplemente quieren viajar al exterior. “Plata en el bolsillo”, ninguna.
Prepararse para resistir
Haber restituido el protocolo nacional de aborto no punible (que Macri había derogado) o haber derogado el uso de las pistolas Taser (que Patricia Bullrich había promovido) son medidas elementales y esperables. Y quizás haya algunas otras más en este mismo sentido, pero limitadas al ámbito de los derechos democráticos por los cuales se viene luchando.
Pero nada de eso puede ocultar que, en el plano económico, no estamos ni siquiera ante un atisbo de redistribución. Los vaivenes con el precio de la nafta desnudan las contradicciones para tratar de ganar algo de tiempo, pero sin producir cambios estructurales respecto del gobierno anterior.
El actual gobierno no tiene los márgenes con los que contó el kirchnerismo a partir de 2003: veníamos de la debacle del 2001 y por ende hubo un efecto rebote y a la vez nos favorecían los precios internacionales de las materias primas. En el actual contexto, mucho más estrecho, la alternativa es de hierro: o se opta por ajustar a los de arriba o se afectan los bolsillos del pueblo trabajador.
Lamentablemente AF y su gabinete han tomado la segunda senda, en una adaptación al capitalismo dependiente que nos mantiene atados al FMI, las corporaciones y el imperialismo. Junto con postular un programa económico alternativo, soberano y en beneficio de las mayorías, este panorama significa que nos preparamos para resistir. En estas tareas estamos desde el MST en el FIT Unidad.
[1] Sólo lo devolverían a futuro a jubiladxs de la mínima y beneficiarixs de AUH (tarjeta alimentaria) si compran con tarjeta de débito, cuando se sabe que la gran mayoría compra en efectivo.