Gobierno: todas las fichas al pacto social

Uno de los centros del discurso y de las primeras acciones de Alberto Fernández es la construcción de un “acuerdo social” para supuestamente poner en marcha la economía. Los antecedentes y perspectivas de esta política de Estado no anuncian un futuro positivo para les trabajadores.

 

Antes de asumir, el nuevo presidente tuvo claros gestos hacia los sectores empresariales, se reunió con sindicalistas amigos y organizó el “Consejo Federal Argentina contra el hambre” con representantes de la UIA, la CGT, la Iglesia Católica yorganizaciones sociales afines. Todo puesto al servicio de la concreción del “pacto”, que es uno de sus ejes fundamentales.

Como el pago de la deuda usurera vertebra la política económica del nuevo gobierno, hace falta “ordenar” al país en materia fiscal. Para lograrlo, plantea que se deben hacer esfuerzos desde todos los sectores. Pero esta política, que no es nueva, quiere poner como iguales a todos ellos, principalmente a patrones y trabajadores, con el Estado como garante.

Sus primeras medidas marcan el camino a seguir

Luego de asumir, también sus primeras reuniones estuvieron orientadas al pacto social:

A estas reuniones se suma la votación de la “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva” en el Congreso, ley en donde toda la solidaridad y el esfuerzo los hacen les trabajadores, mientras que las corporaciones y el sector financiero terminan siendo los únicos beneficiados.

“Compromiso argentino”: ¿para qué?

Para sellar esta línea política, pocos días antes de fin de año, en una reunión con todos los sectores, se firmó el llamado “Compromiso argentino por el desarrollo y la solidaridad”. En este acuerdo se contempla la conformación del Consejo Económico y Social, que el nuevo gobierno pretende sea el lugar en donde se discuta todo lo relacionado con el ámbito laboral, aumentos y reformas, entre otras cuestiones.

A su vez el texto firmado hace hincapié en “los últimos”, en referencia a los sectores más vulnerables que serían los “beneficiarios” de esta política. Para nosotres más bien serán los únicos, ya que en el texto se combina la deuda social con el desafío del gobierno para “honrar la deuda externa”, objetivos incompatibles de punta a punta.

Una “solidaridad” que sólo beneficia a la burguesía

Es completamente falaz el argumento de que “todos” tenemos que hacer un esfuerzo y que se puede “aunar criterios” entre patrones y trabajadores. Ningún pacto puede hacer desaparecer el antagonismo entre quienes poseen los medios de producción y quienes vivimos de nuestro trabajo: mientras los primeros quieren seguir ganando a costa de explotar el esfuerzo ajeno, les trabajadores no nos vamos a dejar exprimir más.

“El éxito de la construcción del acuerdo institucionalizado será el acercamiento de las representaciones del capital argentino a conformar una unidad de identificación como sujeto, que le permita adquirir una conciencia y una conducta de clase emparejadas a las de los trabajadores y ya no confrontada”. Esto escribió David Selser, ex directivo de la empresarial Confederación General Económica en Página 12 del 4 de enero. Eso es lo que nos quieren vender como posible, pero no lo es.

En este esfuerzo “solidario”, ya vimos cómo hubo un pobre aumento de la jubilación mínima mientras se le congelaba la movilidad a todo el resto, y cómo a les trabajadores del sector privado se les daría una mísera suma de $ 4.000, en cuotas y a cuenta de futuros aumentos. El pedido de AF de moderación a les trabajadores a la hora de hablar de salario se contrapone a las medidas que benefician a las corporaciones. Y la suspensión delaumento del transporte y los servicios públicos, así como la reactivación de Ahora 12 y Precios Cuidados no alcanzan para recuperar el poder adquisitivo que se perdió con la inflación.

El gobierno y la burguesía necesitan concretar este famoso pacto social porque su plan es seguir explotando a les trabajadores a costa de ajuste y saqueando nuestros bienes comunes a costa de contaminación.

En nuestro país, el único pacto social que se firmó fue en 1973 en el gobierno de Perón. Se congelaban precios –que ya habían aumentado– y salarios, cerrando la posibilidad de discutir paritarias por dos años. Ese pacto antiobrero fracasó. Para dar respuestas reales a la deuda social, la historia y la lucha de clases demuestran que el camino es otro.

Hay otra salida

Desde el primer momento cuando se empezó a hablar de acuerdo ciudadano, pacto social, de consenso, desde el MST en el FIT Unidad salimos a plantear con claridad que nos íbamos a oponer a este intento de atar de manos al pueblo trabajador mientras se sigue beneficiando a los grandes grupos económicos.

Vamos a enfrentar este pacto y luchar por aumento general de salarios, jubilaciones y planes sociales con actualización automática según la inflación real, apertura de paritarias sin techo. Prohibir por ley despidos y suspensiones, repartir las horas de trabajo con igual salario y nacionalizar toda empresa que incumpla. Retrotraer las tarifas y estatizar los servicios públicos con control de trabajadores y usuarios. Reforma impositiva para que paguen más los que más tienen.

Y para poner la economía al servicio de las mayorías y dar verdadera respuesta a la deuda interna, hay que romper con el FMI, suspender los pagos de la deuda externa y auditarla, para así demostrar que en realidad no debemos sino que nos deben. Este camino se puede seguir si se tocan los intereses de los bancos y las corporaciones, en un rumbo opuesto al que ha elegido el nuevo gobierno.

Cele Fierro