Jubilación de los jueces: ley engañosa

La media sanción en Diputados de la ley sobre la jubilación de los jueces reabrió el debate sobre los privilegios de esos funcionarios. Pero la ley aprobada, ¿avanza realmente contra esas prerrogativas o tiene aspectos más riesgosos?

El gobierno nacional quedó mal parado con las y los jubilados que cobran por sobre la mínima, porque les aplicó un ajuste sin muchas vueltas: el aumento de sus haberes por decreto tras el congelamiento “solidario” fue menor al que les hubiera correspondido por ley. En ese contexto, mientras el bloque de diputados de Juntos Por el Cambio tuvo una política funcional a la totalidad de los privilegios del poder judicial, el gobierno nacional necesitaba mostrar (simular) ante todo el país que va contra algún tipo de privilegio, como las jubilaciones de los jueces y del servicio diplomático. Pero veamos hasta dónde realmente es así.

Las trampas de la ley aprobada

Incorpora pocos cambios al esquema actual, que no son significativos ni terminan con los principales privilegios de los jueces y fiscales:

1. Se modifica el cálculo del 82%. En vez de ser sobre el último salario, será sobre el promedio de los últimos diez años. Pero siguen gozando de la movilidad que el gobierno les congeló a todos los jubilados y además la mantendrán sobre sus altísimos sueldos, que la ley votada por supuesto no rebaja.
2. Se sube la edad jubilatoria de los jueces y diplomáticos varones mediante una escala que aumenta un año por año. O sea, en 2021 se jubilarán con 61 años, en 2022 con 62 y así hasta llegar a los 65 años en 2025, como hoy es obligación para cualquier trabajador.
3. No podrán reasumir funciones si se produce una vacante. Como decenas de jueces para no perder haberes se jubilarán antes de que rija la ley, esta maniobra le permite al gobierno cubrir esos cargos nombrando a conjueces que le sean afines.
4. Se sube un 7% el aporte jubilatorio, llegando al 18% del salario. Pero los jueces y fiscales seguirán sin pagar el Impuesto a las Ganancias, el impuesto al salario que injustamente hoy todavía sigue pagando todo trabajador o trabajadora cuyo sueldo supere el mínimo no imponible.
5. La ley no toca las jubilaciones de privilegio de los ex presidentes y ex vicepresidentes, así como de los ex miembros de la Corte Suprema y algunos ex funcionarios políticos. También excluye a los ex obispos y ex arzobispos, que seguirán cobrando jubilaciones a costa del Estado como parte de los millonarios privilegios económicos de que sigue gozando la Iglesia Católica a costa de toda la población.
6. En los fundamentos del proyecto oficialista, y en algunas intervenciones de sus defensores, se cuestionan los regímenes jubilatorios especiales como los de docentes, ferroviarios, estibadores, aeronavegantes, petroleros, personal embarcado, mineros, gráficos, salud, carga, recolectores de residuos y varios otros gremios. Lejos de ser un “privilegio”, son derechos conquistados con lucha ya que se trata de tareas insalubres y/o riesgosas. En este sentido defendemos los regímenes especiales conquistados por distintos sectores de trabajadores y reclamamos también el derecho al 82% móvil de todas y todos los trabajadores judiciales.

Además, la flamante ley es un ariete para ir metiendo políticas de ajuste contra el conjunto de la clase trabajadora. Es que tanto la suba de la edad jubilatoria como la eliminación de los regímenes jubilatorios especiales y la “armonización” de las cajas previsionales es una de las exigencias explícitas del FMI, que por la resistencia social no se han podido imponer en nuestro país. Bolsonaro las aplica en Brasil y Macron no pudo imponerlas en Francia por la huelga general en su contra.

En oposición a esta verdadera cortina de humo que es la ley votada en Diputados, y habiendo presentando un proyecto alternativo, los dos diputados del FIT-Unidad se abstuvieron.

No elimina el mayor privilegio de los jueces

Con sus tibias medidas, la ley del gobierno que se aprobó el 27F no cambia el carácter privilegiado de los magistrados: sólo les recorta mínimamente una diferencia económica, pero no la elimina. A la vez, la ley votada no va contra el principal privilegio de los jueces y fiscales: sus cargos no son electivos, ya que el Judicial es el único poder del Estado que no surge del voto popular, y además no son por un período sino vitalicios.

Los jueces y fiscales se designan y se remueven -esto último pocas veces- a través de un mecanismo indirecto, el de los Consejos de la Magistratura y los jury de enjuiciamiento, que están sujetos a las roscas y pactos del poder político. Por eso es falso lo que nos enseñan en la escuela y repiten los gobiernos, de que la justicia es un poder “independiente”: es funcional, dependiente y adicta al poder de turno.

Privilegios, al servicio del poder capitalista

Los privilegios de los políticos, senadores, diputados, jueces, policías, militares, obispos, curas y burócratas sindicales están al servicio de fortalecer una casta institucional que le sea útil a la clase capitalista dominante para mantener su explotación sobre el pueblo trabajador. En eso no se distinguen las fuerzas oficialistas u opositoras del sistema: los privilegios que se otorgan entre ellos son el “pago” y el resguardo por gobernar, legislar, reprimir, juzgar y contener los reclamos sociales.

De esta forma, desde sus cargos y ubicaciones defienden los intereses de una clase minoritaria, la burguesía, frente a las necesidades de millones de trabajadores y sectores populares. Por eso el debate sobre los privilegios no sólo es un debate económico, para ahorrar un poquito y que encima luego el gobierno use esa plata para pagarles la deuda externa trucha al FMI y los fondos buitres: es un debate más de fondo.

Desde el MST venimos sosteniendo desde hace años un programa integral contra los privilegios de políticos y jueces, en el camino de transformar toda la estructura estatal. Quien quiera ser funcionario en cualquiera de los tres poderes del Estado debe hacerlo por vocación del bien público, no para beneficiarse de prebendas económicas y políticas. Y lo mismo para la dirigencia sindical, atornillada a sus sillones de burócratas privilegiados. Estas son nuestras propuestas:

• Que todo funcionario político, diputado, senador, presidente, ministro o juez gane como una directora de escuela de doble jornada y tenga el mismo régimen jubilatorio que la mayoría de los trabajadores.
• Que tengan la obligación de educar a sus hijes en la escuela pública y de atenderse, ellos y sus familias, en el sistema público de salud.
• Que los jueces y fiscales sean elegidos por voto popular directo y sus mandatos sean por un período limitado y revocables si no cumplen con sus funciones. Lo mismo con los comisarios, para que les rindan cuentan a los vecinos y no al poder.
• Eliminar el impuesto al salario. Para recaudar más, gravar la renta financiera, el juego y aplicar un impuesto creciente a las ganancias, bancos y grandes fortunas, así como retenciones crecientes a las exportaciones de granos, minería, petróleo y gas.
• Investigación y embargo de todos los bienes de funcionarios, jueces, sindicalistas que no puedan ser justificados. A tal fin, crear comisiones investigadoras independientes.
• Eliminar todos los subsidios del Estado a la Iglesia y a los colegios religiosos. Quien quiera un cura, que se lo pague.
• En el caso del sindicalismo, establecer un máximo de dos mandatos y vuelta al trabajo.

Aplicando estas medidas sí se podría avanzar contra la casta de privilegiados que conforman los poderes del Estado. A su vez, sería un paso sustancial en la lucha contra la clase capitalista que domina la economía y los recursos en su beneficio y en el del imperialismo, mientras la mayoría la pasamos cada vez peor. Para ese objetivo, ni el oficialismo gobernante ni la oposición patronal son opción. Sólo la izquierda plantea ir hasta el hueso. Organizate con nosotros y nosotras.

Martín Carcione