Jubilaciones de privilegio y reforma judicial. ¿Chapa y pintura o algo más?

Con la media sanción en diputados de la ley sobre jubilaciones de privilegio y el anuncio de la “reforma judicial” en el inicio de sesiones, Alberto Fernández puso en debate aspectos claves del régimen político del país. ¿Transformaciones importantes o ajustes para sostener lo esencial, incluidos los bajos salarios y un ataque al régimen jubilatorio de lxs trabajadorxs judiciales?

Escribe: Martín Carcione

Tomando el texto aprobado por diputados referente a las jubilaciones de privilegio de distintos estamentos del poder judicial y el cuerpo diplomático, no queda mucho espacio para ilusionarse con cambios profundos en el sistema judicial. Como nos tienen acostumbrados los políticos tradicionales, detrás de los títulos altisonantes en general se esconden modificaciones menores, producto de las tensiones entre la necesidad de provocar cambios para impactar a un sector de la sociedad y las presiones de las castas para conservar sus privilegios y negocios.

Sin ir más lejos. eso es lo que se desprende del proyecto aprobado en diputados, proyecto que tuvo el objetivo fundamental de realizar una pequeña modificación en los privilegios jubilatorios de un puñado de sectores para justificar el robo descarado a millones de jubilados con la suspensión del régimen de movilidad (que tampoco era una maravilla). Como lo señalamos en nuestra página web(1), lo que se aprobó fue lo siguiente:

1. Se modifica el cálculo del 82%. En vez de ser sobre el último salario, será sobre el promedio de los últimos diez años. Pero siguen gozando de la movilidad que el gobierno les congeló a todos los jubilados y además la mantendrán sobre sus altísimos sueldos, que la ley votada por supuesto no rebaja. Esos sueldos enormes contrastan con los postergados salarios del personal judicial.
2. Se sube la edad jubilatoria de los jueces y diplomáticos varones mediante una escala que aumenta un año por año. O sea, en 2021 se jubilarán con 61 años, en 2022 con 62 y así hasta llegar a los 65 años en 2025, como hoy es obligación para cualquier trabajador.
3. No podrán reasumir funciones si se produce una vacante. Como decenas de jueces para no perder haberes se jubilarán antes de que rija la ley, esta maniobra le permite al gobierno cubrir esos cargos nombrando a conjueces que le sean afines.
4. Se sube un 7% el aporte jubilatorio, llegando al 18% del salario. Pero los jueces y fiscales seguirán sin pagar el Impuesto a las Ganancias, el impuesto al salario que injustamente hoy todavía sigue pagando todo trabajador o trabajadora cuyo sueldo supere el mínimo no imponible.
5. La ley no toca las jubilaciones de privilegio de los ex presidentes y ex vicepresidentes, así como de los ex miembros de la Corte Suprema y algunos ex funcionarios políticos. También excluye a los ex obispos y ex arzobispos, que seguirán cobrando jubilaciones a costa del Estado como parte de los millonarios privilegios económicos de que sigue gozando la Iglesia Católica a costa de toda la población.
6. En los fundamentos del proyecto oficialista y en algunas intervenciones de sus defensores, se cuestionan los regímenes jubilatorios especiales como los de docentes, ferroviarios, estibadores, aeronavegantes, petroleros, personal embarcado, mineros, gráficos, salud, carga, recolectores de residuos y varios otros gremios. Lejos de ser un “privilegio”, son derechos conquistados con lucha ya que se trata de tareas insalubres y/o riesgosas. En este sentido, defendemos los regímenes especiales conquistados por distintos sectores de trabajadores y reclamamos también el derecho al 82% móvil de todas y todos los trabajadores judiciales.

Es decir, sin modificar en profundidad lo que constituyen privilegios obscenos de la casta judicial y diplomática se aprovecha para instalar un ataque a los regímenes jubilatorios especiales, es decir a los sectores de trabajadores que con su lucha lograron conquistas.

¿Y la reforma judicial?

En el inicio de sesiones, Fernández anunció además que avanzaría en un proyecto para reformar la justicia. Si bien el tema está en debate hace varios días, el 1º el presidente hizo algunas definiciones más concretas de por dónde vendrían las reformas. Así las resume Página 12: “Fusionar la Justicia Federal penal con parte de los tribunales ordinarios y el fuero penal económico, para ampliar la cantidad de jueces que instruyan las causas por corrupción; unificar el fuero contencioso administrativo con el civil y comercial; la implementación en todo el país del sistema acusatorio; la creación del Consejo para Afianzar la Administración de Justicia y la revisión de los recursos extraordinarios ante la Corte Suprema son algunos de los lineamientos generales de las modificaciones que se vienen” (2).

No es extraño que, más allá de expresarse sobre las designaciones a dedo y la independencia de la justicia, los anuncios del gobierno no apuntan a transformar los principales factores que hacen de esta una institución al servicio del 1% que controla también la economía, la política y todo lo demás. Tiene lógica: para un gobierno como el del PJ, eso sería pegarse un tiro en el pie.

Por eso nos permitimos señalar algunos puntos que muestran que la tónica es similar a otras iniciativas parlamentarias de Fernández y compañía:

1. No se toca la Corte Suprema: el máximo tribunal del país sigue sin cambios, con designaciones políticas a dedo, mandatos vitalicios y poderes absolutos.
2. No se mencionan los juicios por jurados populares: nada dice el proyecto oficial de este tema.
3. Las designaciones de jueces y fiscales se sostienen: no se incorpora el voto popular, ni la revocatoria de mandato, ni mecanismos de control social alguno a la actividad de estos funcionarios.
4. Se sostienen los privilegios: tal como sucedió con el caso jubilaciones, se sostienen los privilegios salariales e impositivos.

La “justicia” no es una institución desprovista de política. Todo lo contrario: cumple un rol de auxilio en la dominación de clase. Por lo tanto, el problema fundamental para las grandes mayorías no es de carácter “administrativo o burocrático” sino que hay que avanzar en desmontar las condiciones que hacen de este poder, en su gran mayoría, un nicho de corruptos vitalicios al servicio de los negocios de los poderosos. Para esto, cualquier reforma que se encare con el objetivo de lograr una “mejor justicia” para las mayorías debe partir de desmontar la casta judicial, y para eso los socialistas tenemos propuestas:

1. Elección directa y popular de jueces y fiscales: como en muchos países del mundo, desde la Corte para abajo todos deben ser electos por el voto popular.
2. Mandatos revocables: además de la elección, los mandatos deben ser limitados en su duración, revocables y sometidos a un control social estricto y a una evaluación regular.
3. Jurados populares: se deben establecer los jurados populares, con vecinas y vecinos sorteados del padrón electoral, en todas las instancias y fueros.
4. Basta de privilegios: la estructura judicial debe someterse a un régimen laboral con un convenio que incluya a los trabajadores, topes salariales a los jueces, iguales condiciones impositivas y jubilatorias para todxs. La justicia es un servicio público, no un negocio para enriquecerse de por vida.

Sobre estos cuatro puntos se podría iniciar un camino de transformación de la justicia, que obviamente está también ligado a una transformación más profunda del conjunto del régimen político. Cambiar algún aspecto formal para seguir sosteniendo el actual sistema judicial, lejos de “mejorar” la justicia va a seguir profundizando una estructura clasista y privilegiada que siempre actuará, en defensa propia, contra las grandes mayorías populares.

1 Ver nota completa en mst.org.ar “Jubilación de los jueces: ley engañosa”.
2 Página 12, 3 de marzo, “El impacto de la reforma judicial”.