A seis días del encierro, el plan de emergencia brilla por su ausencia
Culmina el sexto día de la cuarentena general y obligatoria y es un hecho que la pandemia ha acelerado su ritmo, en el mundo y en el país. Al cierre de este informe se conocen 117 nuevos casos, totalizando 502 y 8 fallecidos. Estos números se manejan tímidamente, casi en la trastienda, porque otros datos dominan la escena: la cantidad de retenes, demorados y detenidos. Parece que el eje excluyente es la evolución del confinamiento general en las calles, el control social mediante las fuerzas de seguridad y el punitivismo. Un nutrido coro de opinólogos y los grandes medios de prensa, por ahora, han cerrado filas con la política del gobierno que sigue colocando a la cuarentena general como la panacea del combate a la pandemia. Las novedades del día no son más presupuesto, tests diagnósticos o incorporación de personal. Son más bloqueo de caminos, rutas aéreas y más clima de castigo.
Nadie discute la necesidad sanitaria del aislamiento. Lo que venimos planteando es que por sí misma y como medida aislada está claro que no va a frenar la epidemia. Con el mismo énfasis con el que se castiga a la población trasladando la responsabilidad a su actitud individual, se enfatiza que se viene una suerte de tsunami, admitiendo un escenario de crecimiento exponencial. La estrategia es clara: si la situación se va de madres será por culpa de la población que no hizo todo lo posible, justificando el colapso del sistema de salud.
Porque se han tomado algunas medidas elementales, aunque harto publicitadas, como la puesta en pie de algunos hospitales de campaña, utilización de varios espacios públicos para eventuales internaciones, distribución de algunos insumos y una muy insuficiente convocatoria de personal de salud en condiciones de contratación de precarización laboral.
Debates que no se instalan y medidas que no se toman
Casi no se menciona la necesidad del testeo masivo de diagnóstico para detectar portadores asintomáticos. Sin dudas no es tampoco ninguna panacea, pero sí es una medida muy importante que, como venimos planteando sistemáticamente desde Alternativa Salud/ANCLA y el MST, en otros países ha dado resultados y permitiría identificar muchos portadores que hoy deambulan diseminando virus, contagiando potencialmente, multiplicando la epidemia. Permitiría implementar un asilamiento selectivo y no que quedemos condenados al confinamiento medieval cuando transitamos el siglo XXI.
Tampoco se ha implementado una partida presupuestaria de emergencia, salvo algunas pequeñas remesas con destino incierto. Detrás, en la cocina de las decisiones políticas de Alberto, Guzmán, el Frene de Todos y la “unidad nacional” con la oposición macrista, está la preocupación por la situación económica. Se cae el mundo, se hunde la economía nacional y, por más que el presidente diga que “privilegia la salud y no la economía”, los hechos demuestran lo contrario. Negociaciones con el Fondo que, respondiendo a la crisis mundial empieza a habar, como ya lo hizo en crisis anteriores, de la necesidad de suspender pagos de los “países más pobres”. Pero el gobierno argentino hoy, en vez de declarar el default soberado, repudiando esa deuda espuria para privilegiar la salud de la gente en serio, habla de pedirle más plata al FMI y hasta negocia un crédito con el Banco Mundial de 300 millones de dólares. El cual no solamente sería un monto insuficiente, sino que engrosaría la deuda externa. Como ha venido ocurriendo con los planes focales de salud y sociales financiados por el Banco Mundial desde ae décadas, cosa de la cual se habla poco.
Hay que seguir reclamando un verdadero aumento de emergencia del presupuesto de salud, un shock de inversión que triplique los presupuestos, no se puede escatimar en salud. Y que se pague con los recursos destinado hoy a la deuda y un impuesto a los ricos.
Mientras Belocopitt, el representante de las patronales privadas, vocifera por la prensa como un energúmeno que la culpa es de la gente que no se queda en sus casas, las empresas privadas pretenden cobrarle al estado una eventual colaboración con el combate a la pandemia. No sólo hay que gravarlas con impuestos. Hay que declarar de utilidad pública toda la capacidad instalada e infraestructura del sector privado e incorporarlo a un sistema público único controlado por un comité de emergencia con participación de lxs rabajadorxs.
Reclutar personal del equipo de salud es clave y tampoco se viene haciendo como corresponde. Los aplausos diarios demuestran el reconocimiento popular al descomunal esfuerzo del personal sanitario que así como sostiene el sistema desde hace mucho, está ahora en la primera fila de combate. Pero se necesita aumentar ya mismo los planteles y para ello es necesario un aumento de salarios sustancial del sector y garantizar plenos derechos para todxs. Por la dignidad de lxs trabajadorxs y para garantizar que se pueda incorporar el personal. Garantizar la bioseguridad de este personal y las licencias a los grupos de riesgo, son medidas de primer orden. El gobierno pretende superexplotar al plantel existente. Nosotros planeamos dignificarlo, ampliar sus derechos y reclutar nuevo personal. Es lo que se necesita para combatir la epidemia.
Quién paga la crisis
La contradicción entre la decisión de la cuarentena general y la economía en picada es absoluta. El problema es quién paga los platos rotos. Y es evidente que, como se lo viene haciendo, serán los trabajadores y sectores populares quienes lo hagan.
Las ayudas principales están destinadas a los sectores productivos de las patronales y en mucha menor magnitud, a sectores más postergados de la población para prevenir conflictos y que el malestar social se multiplique más que el virus.
Le han dado dinero e incentivos rápidamente a grandes empresas. Y a sectores como jubilados, planes sociales, AUH y monotributistas A y B también le han anunciado pequeños subsidios, que todavía no se han cobrado y que en algunos casos tardarán varias semanas en poder hacerlo. Son todas ayudas insuficientes, pero que a la vez le sirven al gobierno para mostrarse activo y dando alguna respuesta básica.
Esas ayudas no alcanzan en su monto y no son universales. Deben ser para todxs lxs trabajadorxs, registrados, precarizados y todxs los sectores populares. Para este plan de contingencia también se necesita el no pago de la deuda y un esquema tributario progresivo. Que la crisis la paguen los más ricos, corporaciones, banqueros y terratenientes.
Que sean ellos, que han ganado fortunas todos estos años, quienes paguen esta crisis. Y junto con esto ya mismo hay que prohibir por ley despidos y suspensiones en todo el ámbito privado y estatal. El pago completo de los salarios. Y exigir fuertes sanciones a las patronales que hagan eso o que no cumplan con las condiciones laborales de los trabajadores. Y también exigimos una ley para que no se cobren los servicios esenciales, no haya cortes ni cobro de alquileres a quienes no reciben ningún salario y prohibir los desalojos.
Guillermo Pacagnini