Sistema único, estatal y gratuito. Hacia un modelo socialista de salud

Irlanda sorprendió porque incorporaron el sector privado al sistema público de salud. Aunque parcial, es una medida muy progresiva que venimos reclamando desde la izquierda para enfrentar la pandemia y el gobierno niega. El Covid-19 ha puesto al descubierto la crisis de los sistemas de salud y la necesidad imperiosa de avanzar hacia un modelo socialista.

Escribe: Guillermo Pacagnini

Algunos gobiernos capitalistas tomaron otras medidas parciales pero positivas como los testeos masivos (Corea y Alemania) con muy buenos resultados. Pero Irlanda optó por una medida superior, similar a la que desde la izquierda venimos planteando como parte de un plan de emergencia: declarar de utilidad pública el sector privado e incorporarlo a un sistema único estatal. Permitiendo centralizar el combate a la pandemia y optimizar los recursos para poder ponerle coto.

Que un gobierno conservador como el irlandés con un modelo sanitario nada igualitario, se vea obligado a tomar una medida muy progresiva, responde a varias razones. Cuestiona la propia estructura regresiva del sistema irlandés que se demuestra impotente ante una situación de emergencia. Señala el carácter parásito del sector privado que impide que existan verdaderas políticas públicas universales, gratuitas y de calidad. Y abre el camino para reclamar que, terminada la contingencia, no se vuelva al sistema injusto sino que se profundice este camino hacia un sistema único a cargo del estado.

Lo público, lo privado y la crisis sanitaria

La pandemia puso en evidencia y agravó muchos aspectos de la crisis del capitalismo. Una de ellas es la debacle de los sistemas sanitarios. El colapso de los mismos no se puede caracterizar como una fatalidad inevitable. Sucede que estaban preparados para la contingencia por varias razones.

En primer lugar por los recortes presupuestarios producto de las políticas de austeridad y ajuste, que retiraron parcial o totalmente numerosas conquistas obreras y populares. Ello llevó a la reducción en la oferta de prestaciones, menor la accesibilidad y medidas de financiamiento arancelamiento y privatizaciones abiertas o encubiertas primero de los servicios periféricos y de logística y luego directamente de los asistenciales. Así perdieron terreno desde los 90, los más importantes como el NHS inglés, los de los estados nórdicos y otros que estaban financiados desde rentas generales. Pero también se debilitaron aquéllos mixtos que tenían una «pata pública» robusta que fue desmantelando como el francés o el italiano. Racionalizando personal en cantidad y calidad y disminuyendo el número de prestaciones y camas.

En segundo lugar justamente por el peso relativo ganado por el sector privado, que no solamente hace pingües negocios con los sectores más acomodados de la sociedad, sino que parasita y es subsidiado por el sector público y contribuye a su contracción. Son las viejas estrategias del Consenso de Washington tendientes a liquidar el estado de bienestar y las conquistas obreras y populares entre ellas la de la salud pública: liberar al estado del «gasto» en salud y transformar la medicina en una rama de producción y servicios capitalista. Estas estrategias asumieron diversas tácticas con el formato de recomendaciones del Banco Mundial: descentralizar y transferir servicios, buscar vías de financiamiento alternativas a la reducción de las partidas estatales como ser arancelamiento y privatizaciones. Ello fortaleció el desarrollo del sector privado. Aparecieron las aseguradoras y los proveedores privados. Nunca «regulados», con demanda inducida por los fines de lucro, con ganancia basada también en dinero público, con altos gastos administrativos y no asistenciales. Los oligopolios de aseguradoras privadas y la cartelización ganaron terreno.

Pero hay un tercer efecto, una suerte de síntesis de esta reconversión que hoy torna impotentes a los servicios frente la pandemia: el creciente papel del privado está socavando los vestigios de lo público. Desde la información, la experiencia acumulada, la formación, el carácter colectivo y pública de las prestaciones de servicios de salud. El asalto final se intenta con la llamada CUS (Cobertura Universal de Salud) que no es otra cosa que la trasformación del sector público residual en un seguro para pobres, una suerte de obra social para los que se caen del mapa social.

Después de todo, el Coronavirus también demuestra que no pueden coexistir lo público y lo privado si se pretende un sistema verdaderamente universal, para todos, gratuito y de calidad. Irlanda lo pone al rojo vivo de manera palmaria. Demostrando la necesidad de utilizar los recursos del sector privado, incorporarlos al público y poner al estado en el puesto de mando.

El verdadero «modelo argentino»

El gobierno de Fernández y Ginés, propagandiza el «modelo argentino» como exitoso respecto del mundo… remedando el tristemente célebre «vamos ganando la guerra». Pero se viene negando a asumir un plan de emergencia como el que venimos planteando desde la izquierda y sindicatos combativos de salud como la CICOP de Buenos Aires, la UTS de Córdoba o la interna del Hospital Italiano, entre otros. Le venimos reclamando los testeos masivos y los rechaza explícitamente.

Insiste en una medida necesaria como el aislamiento pero insuficiente si no se implementa ese programa integral. Apela a una medida extrema de restricción con el argumento que el sistema va a colapsar. Lo que no dice es que un sistema como el argentino que fue modelo de universalidad y financiamiento estatal, viene cuesta abajo por el desfinanciamiento, la fragmentación y la desjerarquización de sus trabajadorxs. No solo no está preparado para el «tsunami», sino que hace tiempo también viene cediendo terreno al sector privado. Primero fue «por defecto», al desfinanciarse progresivamente el sector público. Luego por crecimiento absoluto del mismo y el desarrollo del sistema prepago.(1)
Recordemos que la fragmentación no solo se expresa en la diversidad desarticulada de jurisdicciones (nacional, provincial y municipal), sino fundamentalmente en los llamados «subsectores»: público, privado y de la seguridad social. Esquematizando, podemos demostrar esto, analizando el «gasto» en salud. Si lo consideramos globalmente, asciende a 9 o 10% del PBI. Sin embargo la inversión en lo público es de poco más del 2%. El resto entra en el circuito de la masa de dinero que maneja el sector privado y los negociados de las obras sociales entre los gobiernos y la burocracia sindical. Si ese 10% lo manejara el estado, otra sería la suerte de los hospitales y centros de salud y si toda la capacidad instalada de los tres subsectores se absorbiera en un sistema único a cargo del estado y controlado por trabajadorxs y usuarios, estaríamos no solo mejor para enfrentar la pandemia, sino para prevenir y curar, mejor, gratuitamente y a todxs.

Hay que romper esta fragmentación que transforma a salud en un negocio para pocos. No se puede lograr un sistema de salud que pueda responder, si se sigue desarrollando el sector privado. Del 38 al 50% utiliza exclusivamente el sector público, hospitales, centros de salud y esta cifra se incrementa en épocas de crisis como la actual, con alta desocupación, pérdida de obras sociales y trabajo registrado, pero recibe solo el 22% del gasto general. Mientras que solo el 7% utiliza el sector privado (10% si contamos los «prepagos»), que se lleva casi el 46% del «gasto» en salud. Hay que romper esta contradicción. Mientras el estado cubre el 90% de las urgencias y forma el 80% del recurso humano en salud que luego se apropia el sector privado con menos recursos, el sector privado lucra. No solamente las clínicas y sanatorios privados. Sino la industria farmacéutica con sus patentes y el negocio del medicamento y los insumos en general. Se trata de un gran emporio económico y además ejerce una influencia decisiva en aspectos tan transcendentales como la investigación (en la que también se recortaron los presupuestos públicos), la formación y la asistencia sanitaria. Sin romper este emporio parásito, es imposible que se desarrolle y «no colapse» el sistema público de salud.

Un modelo socialista es posible y necesario

Las medidas de emergencia que planteamos como una necesidad imperiosa para enfrentar con éxito la pandemia, son también parte de una estrategia para resolver los graves problemas estructurales que arrastra el sistema y apuntar a un cambio radical, de fondo, hacia un sistema único que avance hacia la socialización completa, hacia un modelo socialista de salud. Planificado democráticamente y que incluya acciones de prevención en todos los lugares de trabajo y estudio y de atención primaria en todas las barriadas populares. Y un sistema único nacional y estatal, que articule todos los recursos existentes.

Planteamos triplicar el presupuesto, pero como un paso hacia un sistema que funcione enteramente financiado desde rentas generales a cargo del estado y basado en fuertes impuestos a los ricos y al no pago de la deuda.
Planteamos aumentar los planteles y los salarios, pero hacia una jerarquización global de lxs trabajadorxs en condiciones laborales sin exposición al riesgo y con salarios actualizables que permitan su formación continua en horario laboral y que no necesiten practicar el poliempleo.

Planteamos la declaración de utilidad pública sujetos a expropiación de todos los insumos y la capacidad instalada del sector privado, y la producción pública, ahora para responder la contingencia. Pero para ir más allá. Hacia un sistema único de salud a cargo del estado. Para garantizar un shock en la oferta de prestaciones universales y absolutamente gratuitas para todxs. Para terminar con una salud para ricos y otra para trabajadorxs y sectores populares. Nacionalizando las clínicas y sanatorios. Democratizando el funcionamiento de las «obras sociales» que hoy le meten la mano en el bolsillo a lxs trabadorxs y enriquecen a dirigentes sindicales vendidos e integrándolas al sistema público. Necesitamos sumar a todos los subsectores en un solo sistema estatal, administrado democráticamente por trabajadores y usuarios.

Planteamos la incautación de los medicamentos necesarios, la fijación de su precio en base al costo real de producción y la producción pública, como pasos hacia la nacionalización de los laboratorios de especialidades medicinales. Y su funcionamiento bajo control obrero y en estrecha relación con las universidades nacionales y sus proyectos de investigación. Así como la anulación de las patentes. Es la única manera que el medicamento sea un bien social, accesible y gratuito y no una mercancía.

Este modelo socialista de salud, es incompatible con el capitalismo, donde las ganancias de unos pocos valen más que nuestra salud y nuestras vidas. Sólo será posible en el marco de una pelea más general, como la que estamos dando desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad y de la Liga Socialista Internacionalista, hacia una sociedad socialista.

(1) En el 2004 Las camas hospitalarias privadas eran 60.697, representando el 47% de la oferta disponible y luego se continuó incrementando en forma sostenida alcanzando en el 2011 un total de  67.293 y alcanzando el 50% del total.