Fernández y Ginés: amague y arrugue ante el sector privado

Escribe: Guillermo Pacagnini

La amenaza duró menos de 24 hs. El ministro Ginés dijo en teleconferencia con diputados: “Vamos a enviar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para declarar de interés público todo los recursos sanitarios de la Argentina. No vamos a discutir propiedad. Podrá ser estatal o privado, pero creemos que tiene que tener un comportamiento igualitario para todos los argentinos”. Y salió por varios medios planteando la necesidad de una centralización para optimizar los recursos.

Esta tibia afirmación, muy por detrás de la medida que tomó Irlanda y por supuesto de la que venimos reclamando desde la izquierda, desencadenó una reacción inmediata de los popes de la salud privada, manifestando el “malestar” de la totalidad de las entidades empresariales agrupadas en la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS), presidida por el tristemente conocido Claudio Belocopitt.

Pese a que Ginés se cuidó de aclarar que no estaba en discusión “la propiedad” y que sería “por acuerdo”, estos mercaderes de la enfermedad salieron a frenar cualquier mínima posibilidad de ver siquiera cuestionado su territorio.

Los argumentos fuero claramente significativos, ratificando su total desprecio por lxs trabajadorxs y el pueblo y su esencia burguesa de negociantes de la salud.

Veamos.

“… alguien sin ningún tipo de cobertura podría ser tratado en una clínica privada y, en contrapartida, un abonado a una prepaga podría ser atendido en un hospital público”. (Léase: hay una salud para los que pagan y otra para los pobres de toda pobreza)

“se terminaría con “el derecho preexistente”, “es anticonstitucional” (es decir, la sacrosanta propiedad privada de los medios de producción, servicios y cambio, consagrada por la constitución capitalista que nos rige)

“no nos pueden pedir más esfuerzo que el que estamos haciendo, que es atender al 70% de la población. Tenemos obligaciones con las obras sociales, el PAMI, la medicina prepaga y la gente que paga sus cuotas”. Esta última afirmación, hipermentirosa y cargada de una hipocresía mayúscula. Tergiversando la realidad; porque el sistema público atiende a más del 40% de la población, número incrementado por la crisis económica con desocupación y precarización del empleo donde llega a más del 50%. Porque lo vienen desfinanciando y de esa manera favoreciendo la hipertrofia del sector privado, que hoy tiene mayor capacidad instalada. Y que en realidad, el sector que representan los Cherro y los Belocopitt, usufructúan, en pacto con la burocracia sindical y el gobierno, el patrimonio de las obras sociales y el PAMI a cambio de una pésima prestación. Y se reservan lo mejor de su capacidad instalada para atender a un privilegiado 7% de la población.

Retrocediendo en chancletas

Hoy en horas del mediodía, la versión de la “estatización” a lo Ginés, se diluyó. Parece que se alarmaron y en el gabinete habrían desautorizado a Ginés (una vez más y van…) porque descartan cualquier intervención sobre el sector privado y no quieren que se altere su buena relación con los empresarios que pusieron el grito en el cielo.

La cuestión es que el ministro se reunió raudamente con la plana mayor empresarial sanitaria y salieron todos juntos a anunciar, sonrisas mediantes, “la creación de una mesa de coordinación mutua entre el sector privado de salud y el sistema público, a fin de establecer una estrategia de trabajo en conjunto” Y el ministro se encargó de aclarar que tampoco habrá ningún tipo de centralización nacional, que “la distribución se realizará por distrito”. Que solamente “habrá un panel de control”. Todo vuelve a fojas cero, el DNU, las bravuconadas de Ginés, la preocupación de las corporaciones.

Moraleja: los privados mandan, el gobierno ejecuta

Es evidente que la cuarentena se prolonga y empiezan sus efectos adversos. Una medida unilateral que agrava una crisis económica profunda paralizando al país, recortando derechos, aumentando la miseria y sin medidas de emergencia ni de fondo para fortalecer el sistema de salud. Salta la falta del testeo masivo que obliga a mantener el aislamiento general, las falencias del sistema y la falta del vuelco de recursos a la salud y a lo social que se necesita. Y empieza la bronca, los reclamos, la olla a presión entre lxs trabajadorxs de la salud por la falta de elementos de protección en diversos hospitales y centros de salud, el amparo favorable presentado por nuestorxs compañerxs para reconocer al COVID como enfermedad profesional…. Y también crece la preocupación en el gobierno que necesita alguna dosis de populismo gestual preventivo del conflicto y también prepararse porque es evidente que el sistema de salud va a colapsar. Por eso algunas tibias medidas descompresivas, como el decreto de freno virtual a los despidos y esta medida que no pasa de ser una coordinación amigable.

Es evidente que la esencia burguesa del gobierno se manifiesta apenas los dueños del país y la salud le reclaman.

Sistema único nacionalizando el sector privado

Esta coordinación no sirve para nada. A lo sumo para ponerse de acuerdo con los privados que, con total desparpajo, vienen reclamando que les paguen por los eventuales servicios a la pandemia.

Basta de verso. Se necesita una verdadera declaración de utilidad pública de toda la capacidad instalada del sector privado (insumos, cama, infraestructura) y su incorporación al sector estatal, en un sistema único público y centralizado. Claro que esto solo puede realizarse si el gobierno avanza decididamente por sobre las decisiones de estos empresarios y sus ganancias. No es por acuerdo. La declaración de utilidad pública, debe ser sujeta a expropiación. Y apunta a nacionalizar todo el sector privado, como lo venimos planteando. No pueden coexistir el sector público cada vez más desfinanciado y en crisis, con el sector privado parásito y al servicio de unos pocos.

Ahora, esta medida se requiere por la emergencia para poder combatir en serio al virus. Pero apunta a un modelo socialista de salud, el único camino para que haya un sistema verdaderamente universal, gratuito y de calidad, con todxs sus trabajadorxs jerarquizados y con plenos derechos y al servicio de todo el pueblo.