Hay que terminar con todos los privilegios políticos

Ante el anuncio de rebaja de altos salarios, que hiciera el gobernador Schiaretti, la legisladora Luciana Echevarría (MST / FIT-Unidad) dijo: “Parece que hacía falta una pandemia para que los políticos cordobeses se les ocurriera rebajarse el salario. Pero sólo lo harían en un 30% y durante poco tiempo, lo cual confirma que se trata de un acto de demagogia. Esto no puede tomarse más que como una burla, viniendo de miembros de la casta política que vive del Estado hace décadas y cuya trayectoria los ubica muy lejos de la austeridad y en cambio, bien cerca de Carlos Caserio y su lamentable frase: ‘No es la clase política la que hace esfuerzos’”.

Y agregó: “Los que proponen esta insuficiente rebaja son los mismos que se han opuesto a nuestra propuesta antiprivilegios. Con la que venimos insistiendo en que los funcionarios políticos cobren como una directora de escuela, no sólo para ahorrar fondos públicos, sino para que sepan lo que es vivir como la mayoría de los cordobeses. Si el ánimo es genuino, esperamos entonces que aprueben el proyecto que presenté hoy, en el que además de la rebaja salarial, propongo que los funcionarios estén obligados a atenderse en el hospital público y educar a sus hijos en la escuela pública y que después de dos mandatos vuelvan a trabajar fuera de la política. Esperamos que de esta forma no destruyan la salud como lo han hecho las últimas gestiones y no se acuerden de lo público sólo durante las pandemias”.

 

A continuación pueden leer el proyecto de ley completo

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artículo 1°. Constituye una obligación inherente al ejercicio de la función pública en los máximos niveles de decisión, conducción y administración, tanto en jurisdicción provincial como municipal, incluido Organismos de Control, Agencias, entidades autárquicas, y empresas del Estado, ser usuarios de los sistemas de salud y educación pública de gestión estatal.

Artículo 2. El Gobernador o la Gobernadora, Vicegobernador/a, sus Ministros/as, los/las Legisladores/as, los funcionarios/as políticos/a jerárquicos/as hasta el nivel de Dirección General de cualquiera de los tres poderes, deberán garantizar a partir del primer día del comienzo de su mandato o ejercicio del cargo:

1. La asistencia de sus hijos/as a cargo, en edad escolar obligatoria, a establecimientos educativos públicos de gestión estatal.
2. Su atención y la de su grupo familiar en el sistema público de salud.

Art. 3°. Declaración jurada. A tales fines, los funcionarios especificados en el artículo anterior deben presentar hasta el 30 de abril de cada año una declaración jurada especificando:

1. Composición de su grupo familiar: indicando nombre, apellido y  DNI de su/s hijo/s o hijas/s, cónyuge o concubino/a;
2. A qué establecimiento educativo de gestión estatal concurren sus su/s hijo/s o hijas/s en edad escolar.
3. En qué establecimiento público de salud de gestión estatal recibe atención médico/sanitaria o tiene abierta historia clínica el funcionario y su grupo familiar.

La falta de presentación en término, el ocultamiento o falseamiento de los datos de dicha declaración jurada hará pasible al infractor, de las penalidades previstas en los artículos 268 (falseamiento de declaración jurada) y 248 (incumplimiento de los deberes de funcionario público)  del Código Penal de la Nación, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder.

 

Art. 4º. Mandatos limitados. Los/as Legisladores/as provinciales pueden ejercer su cargo, como máximo, durante dos mandatos consecutivos. Finalizado dicho período, sólo pueden ser reelectos/as para un nuevo mandato una vez transcurrido un intervalo de cuatro años. 

Art. 5°. Reducción salarial. A partir de la sanción de la presente Ley, el salario de los/as funcionarios/as incluidos/as en el Art. 2º de esta ley se equipara al salario del cargo de Director/a 1º de Enseñanza Media con 20 años de antigüedad y jornada completa. Dicho monto sólo se actualiza acorde los aumentos salariales docentes.

El ahorro resultante de esta equiparación se destina a la educación y la salud públicas.

Art. 7°. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Cláusula transitoria: Los/as funcionarios/as públicos/as comprendidos/as en los artículos 1º y 5º que se encuentren en ejercicio de su cargo a la fecha de sanción de la presente ley tienen un plazo máximo de un año para cumplir los requisitos establecidos en el art. 1º.

Fdo.: Luciana Echevarría

FUNDAMENTOS

La emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 ha desnudado con crudeza las debilidades estructurales de nuestro sistema económico, social y político. La crisis sanitaria ha acelerado y potenciado las crisis global preexistente del sistema capitalista. La dirigencia política tradicional, fiel a su costumbre, ha empezado a acomodar su discurso, adornandolo con críticas superficiales al rostro inhumado y voraz de éste sistema. Pero en los hechos no están dispuestos a modificar absolutamente nada.

En este marco, el gobierno provincial ha lanzado la iniciativa de reducir temporalmente los salarios del sector público, para hacer frente a la crisis actual. Todavía no existen precisiones al respecto, aunque desde ya rechazamos cualquier intento de recortar salarios de los trabajadores, sean del sector público o privado.

Sin embargo, aunque entendemos que la iniciativa es tardía e hipócrita, consideramos  que es una buena oportunidad para debatir seriamente respecto de los privilegios de los funcionarios públicos y de la dirigencia política, que desde hace décadas ciertamente constituyen una casta privilegiada totalmente alejada de los problemas reales de la mayoría de la sociedad.

En  éste aspecto, es una propuesta histórica de la izquierda, tanto en esta provincia como a nivel nacional, que los legisladores y en general los funcionarios públicos de jerarquía tengan una retribución equivalente al ingreso que se percibe por el cargo de Dirección de un Escuela Pública con veinte años de antigüedad. Esta propuesta, lejos de ser una iniciativa oportunista  y excepcional para épocas de cuarentena sanitaria, constituye un punto fundamental de nuestro programa político y que está intrínsecamente enlazado con el conjunto de nuestras propuestas dirigidas a cambiar este sistema de raíz.

La función pública no es obligatoria, sino voluntaria. Y se supone que quienes se dedican a ella lo hacen para defender el interés y el bien público. Ahora bien, para llevar adelante este cometido resulta imprescindible conocer por propia experiencia el estado en que se encuentra “la cosa pública”, vale decir, en qué condiciones están los hospitales públicos, las escuelas públicas, el transporte público.

Sin embargo nuestra realidad económica social evidencia una enorme brecha en este aspecto. Años de políticas neoliberales, a veces explícita, a veces solapada, ha estructurado un sistema en el que el acceso a los derechos a la salud, a la adecuación, a la justicia, etc. depende de cuanto pueda pagar el usuario. De tal manera el sistema demuestra una bifurcación clara: los “servicios públicos” son para la “gente pobre”, mientras que los de gestión privada, de mejor calidad y confort, están dirigido a quienes puedan pagarlos.

Nuestra realidad también evidencia que la dirigencia política tradicional, que legisla, administra, y dirige los destinos de los bienes y servicios públicos no es usuaria de los mismos. Es decir no se atienden en hospitales públicos, no están horas haciendo cola para gestionar un turno médico que seguramente será para dentro de un mes; no mandan a sus hijos a escuelas en la que los techos se caen a pedazos, con paredes electrificadas, con deplorables condiciones de higiene y salubridad, y un largo etc. Por esta razón no les tiembla el pulso para recortar los presupuestos de salud y educación públicas. A ellos no los afecta en lo más mínimo el continuo deterioro de la escuela pública ni del hospital público, ni los bajos salarios de los docentes, enfermeras y médicos, como en cambio sí los padecen día a día la clase trabajadora y los sectores populares.

Para la gran mayoría de esta dirigencia, la política es un negocio, un medio de vida muy redituable que les permite eternizarse en el poder. En el caso puntual de los legisladores, aparte del desproporcionado monto de los ingresos que perciben,  tienen el beneficio adicional de que pueden eternizarse en sus cargos. De esta manera, este sector pasa a constituir una verdadera casta privilegiada, totalmente alejada de los intereses y necesidades de la mayoría de la población, para quienes se supone que gobiernan, legislan y deciden.

 Por todas estas razones resulta imprescindible implementar un conjunto de medidas destinadas a acabar con los privilegios de la política, porque si democracia es el gobierno del pueblo, que los gobernantes vivan como vive el pueblo. Por eso proponemos que los funcionarios políticos estén obligados a enviar a sus hijos a escuelas públicas y a atenderse ellos y sus familias en hospitales públicos, que perciban un salario digno pero sin ningún privilegio, y que en el caso de los legisladores no se eternicen en los cargos, limitando la reelección indefinida

En el camino de luchar por transformaciones económicas, políticas y sociales de fondo, estamos convencidos de que acercar las condiciones de existencia de representantes y representados contribuirá a mejorar la sensibilidad de los primeros hacia las necesidades de los segundos, que son la inmensa mayoría. Es por eso que solicitamos el debate y aprobación del presente proyecto de ley.

 

Fdo.: Luciana Echevarría