Mar del Plata: megacausa y perpetua a genocidas

A pesar de las cuatro décadas transcurridas, las víctimas del terrorismo de Estado, sus familiares, organismos de derechos humanos y la izquierda, con la simpatía de gran parte de la sociedad argentina, no damos vuelta la página y seguimos firmes en nuestra lucha por la defensa de los DD.HH.

En una jornada histórica, el lunes 27 de abril el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mar del Plata, integrado por los jueces Mario Portela, Roberto Falcone y Martín Bava, dio a conocer el veredicto de la megacausa “Subzona 15”. En el marco de la cuarentena, la lectura de la sentencia se llevó a cabo en una sala casi vacía, se difundió por el canal web del Centro de Información Judicial de la Corte Suprema y se pudo seguir en vivo a través de las redes sociales.

El juicio: una megacausa

En el juicio, que duró dos años, se presentaron más de 300 testigos y se juzgó a 40 miembros de las tres Fuerzas Armadas, la Prefectura Naval y la Policía Bonaerense por hechos de asociación ilícita, privaciones ilegitimas de la libertad agravada por la condición de funcionario público, tormentos agravados por ser las victimas perseguidos políticos y homicidios agravados cometidos contra 272 víctimas. O sea, secuestros, torturas y asesinatos contra activistas populares.

Los hechos juzgados fueron parte del sistemático plan represivo de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, cuyo objetivo fue imponer un brutal ajuste a la clase trabajadora y la entrega de nuestro país al imperialismo. En un vasto circuito en Mar del Plata y zonas aledañas que incluyó varios centros clandestinos de detención, se unificaron las causas “Cueva 2”, “Base 5”, “Subzona” y “Base Naval”. La Subzona 15 abarca General Pueyrredón y los partidos de Mar Chiquita, Alvarado, Lobería, Lavalle, Madariaga, Balcarce, Necochea y San Cayetano.

Todos los imputados ocupaban puestos jerárquicos, de los que 9 ya tenían condenas previas, mientras que 31 era la primera vez que estaban enjuiciados desde que se reanudaron los juicios en 2006. De los 40 acusados, 25 pertenecían a la Armada, 10 al Ejército, 2 a la Fuerza Aérea, 5 a la Prefectura y el restante fue el jefe de la comisaría de Miramar.

De las 272 víctimas, 133 aún siguen desaparecidas, de 28 se encontraron sus cuerpos y 111 fueron liberadas luego de su detención ilegal. Entre los casos hubo 8 embarazadas, de cuyos hijos nacidos en cautiverio sólo 4 fueron recuperados.

Si bien el fiscal Juan Pablo Curi y sus auxiliares solicitaron 31 condenas de prisión perpetua y penas de 6 a 25 años para el resto de los imputados, el veredicto fue 28 condenas a prisión perpetua, siete penas entre 7 y 25 años y otros cinco acusados fueron absueltos. Todas las penas incluyeron inhabilitación absoluta y perpetua, y suspensión definitiva de la jubilación, retiro  o pensión y el pago de costas.

Esta sentencia es un triunfo para el movimiento de DDHH y todos los que luchamos por mantener viva la memoria, contra el negacionismo del genocidio y por lograr justicia por tantas vidas truncadas por el terrorismo de Estado, que abarcó desde 1975 bajo gobierno de Perón, con la Triple A y el Operativo Independencia, hasta 1982 con la caída de la dictadura.

¡Donaldo Molina, militante del PST, presente!

Luego de leída la sentencia, pudimos conversar con Norma Molina, quien militó años en la agrupación H.I.J.O.S de Mar del Plata, en busca de justicia por su hermano Donaldo David Molina, militante del PST secuestrado y desaparecido junto a su pareja Palmira “Adriana” Sciuca en enero de 1979. El asesinato de Donaldo será juzgado junto al de otras 123 víctimas, entre ellas numerosos militantes del PST marplatense, en la causa conocida como «Base Naval III y IV» en 2016. Su hermana siguió de cerca este juicio como otro paso en la incansable lucha por justicia.

Cordobés de origen, en 1975 Donaldo se afincó en Mar del Plata. Allí trabajó como obrero en la construcción y en la industria del pescado, y se sumó a la militancia en el Partido Socialista de los Trabajadores, antecesor de nuestro actual MST.

Rescatamos las emotivas palabras de Norma: “Del juicio salí bastante bien, porque pese a algunas absoluciones, a esta altura de los años hubo muchas condenas a perpetua. Es importante. Además el juicio tiene cierto valor sanador, porque se puede poner en palabras lo que por tantos años fue silenciado. El duelo por mi hermano, por todo desaparecido, es muy difícil de elaborar ante la incertidumbre que genera. Aunque pasaron muchos años, seguía sintiendo un nudo en la garganta al pensar en mi hermano”.

El terrorismo de Estado nos interpela, nos horroriza, nos indigna. Persiste como un trauma social y subjetivo, que sólo puede ser elaborado a través de la justicia y el castigo a los culpables. Por eso exigimos la apertura de todos los archivos secretos de la dictadura para conocer el destino de cada uno de nuestros compañeros y compañeras que continúan desaparecidos y el paradero de los niños y niñas apropiados. Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas. Justicia por los 30.000. No perdonamos, no nos reconciliamos, no damos vuelta la página.

Sonia Magasinik