Recorte jubilatorio en Córdoba: Schiaretti, más dañino que el Coronavirus.

Entre gallos y medianoche el PJ cordobés hizo aprobar una profunda reforma previsional que viene a completar la tan demandada armonización de la caja de jubilaciones cordobesa al sistema previsional nacional. Este es el último de una larga lista de ataques a las y los jubilados por parte de los gobiernos del PJ en la provincia. Esta vez se aprovecharon del encierro forzoso en el que se encuentra el conjunto de la población, afectando insensiblemente a los viejos en plena pandemia. Nuestra legisladora se opuso a este ajuste y presentó una batería de propuestas alternativas para revertir el déficit de la caja y garantizar los derechos previsionales de los jubilados.

La Caja como botín

Si hay un aspecto que no reconoce grietas es la vocación anti jubilados de los partidos tradicionales del país. En nuestra provincia los radicales también fueron responsables del deterioro de los haberes jubilatorios con el famoso decreto 1777 de Mestre. A nivel nacional, el derechoso Macri y los ‘progres’ del Frente de Todos no tuvieron empacho en socavar cada uno de los derechos adquiridos por los trabajadores afectando drásticamente el cálculo del haber y la movilidad jubilatoria dejando hoy las jubilaciones nacionales en la vergonzosa suma de $16864 y presionando para que las provincias avancen en el mismo sentido.

Pero el PJ cordobés realmente tiene un máster en ataque a las jubilaciones. Para detallar cada uno de los atropellos que han perpetrado haría falta un libro, a los fines de esta nota solo expondremos un breve resumen para dar cuenta de la profundidad del problema. De la famosa Ley 8024 que fuera ejemplo en materia previsional ya no queda nada, la destruyeron con sucesivas reformas. Empezó De la Sota con las jubilaciones anticipadas que desbalancearon completamente la Caja. Luego en 2002 la Ley 9075 elevó la edad jubilatoria y aumentó en 7% el aporte para crear el Fondo Complementario; más tarde en 2008, la Ley 9504 cambió, entre otras cosas, el cálculo del haber jubilatorio del 82% del mejor salario al del promedio de los últimos cuatro años. En 2009, con la 10078, difirieron el pago de la movilidad jubilatoria a 6 meses, que ahora reconocen que fue inconstitucional. Y como son tan cínicos, hicieron campaña en 2015 prometiendo derogar aquella ley que ellos mismos aprobaron. Y cumplieron, pero la que pusieron en su lugar fue peor: la 10333 tiró por tierra el 82% móvil imponiendo el 73% del sueldo de los activos. En esa ocasión, el oficialismo eligió votar sorpresivamente la ley un 23 de diciembre, aprovechándose de la distracción provocada en los sectores populares por el clima festivo. Hoy hace algo mucho más grave e insensible: mete, en cuestión de horas, un brutal ajuste con la Ley 10694 en medio del encierro forzoso de la población como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Un nuevo robo

Este proyecto sacado a las apuradas por el oficialismo es como dijo nuestra compañera Luciana “un mamarracho de 33 páginas” que contiene lo necesario para completar el forzado proceso de armonización al que se viene sometiendo a las jubilaciones hace años. Veámosla en detalle:

• Establece el cálculo sobre un promedio de los salarios de los últimos 10 años, que en una economía inflacionaria como la nuestra licua completamente las remuneraciones.
• Pasa a calcular el haber jubilatorio sobre el salario neto, lo que en los hechos significa que las jubilaciones serán de un 67% del salario del trabajador activo.
• Reduce el monto de las pensiones al 70% de la jubilación causante (hasta el momento era del 75%).
• Difiere la movilidad a dos meses, lo que implica que los aumentos a los activos, los jubilados los percibirán 60 días después.
• Limita la compatibilidad de beneficios, imponiendo un aporte extraordinario a quienes cobren más de uno (por ejemplo un jubilado o jubilada que cobra una pensión por viudez).
• Aumenta la edad jubilatoria a 70 años para aquellos que no llegan con los años de servicios.

Como podemos ver, una estafa completa, que sigue el mandato del FMI: recortar jubilaciones para pagar deuda, sacándole a los que menos tienen para favorecer a los bancos. Todo para pagar la sideral deuda provincial, que aun cuando no le consultaron a nadie para contraerla y se la gastaron en campaña electoral, pretenden que sean los trabajadores y sectores populares quienes la paguemos.

El gobierno habla de una crisis de larga data, sin embargo el año pasado no tuvo ningún problema en gastarse millones en pauta y cemento para su campaña, demostrando que el negocio es redondo para ellos y los prestamistas, mientras se convierte en una carga insoportable para los que menos tienen.

A los jubilados los agobia el miedo de un virus que mantiene encerrado al mundo, que se combina con una crisis económica difícil de afrontar con sus magras jubilaciones y tienen que sumarle a todo esto la insensibilidad de este gobierno que les mete la mano en el bolsillo justo cuando una pandemia mundial los tiene como principales afectados. Una verdadera canallada.

Y esto se vincula muy estrechamente con la profundización del carácter represivo de la cuarentena. Porque el gobierno ha liberado irresponsablemente muchísimas actividades que no tienen nada de esencial, valga como ejemplo el cobro de peajes en todas las rutas, sin embargo pretende mantener en cuarentena permanente a la protesta social. Pero medidas como ésta no hacen otra cosa que alentarla y el accionar represivo que viene desplegando la policía, lejos de amedrentarnos, refuerza nuestra idea de que los derechos se defienden en las calles y es allí donde estaremos acompañando las luchas de los trabajadores y sectores populares.

La Caja es de lxs trabajadorxs, el déficit del gobierno

Uno de los argumentos preferidos de los voceros del gobierno es una supuesta debilidad estructural de la Caja que se refleja en un abultado déficit. Los únicos responsables de ese desastre son ellos, que hace veinte años gobiernan y vienen metiendo mano sistemáticamente en la misma con la complicidad de la UCR. De hecho, los cordobeses y cordobesas durante muchos años aportaron el 18% de sus salarios, muy por encima del resto de los jubilados nacionales, y esa diferencia de plata que fue a un Fondo Complementario, se la patinó este gobierno sin rendir cuentas a nadie. Por eso hace falta una Intervención Popular de la Caja, que sean los trabajadores activos y pasivos quienes auditen a fondo las cuentas y decidan qué hacer. Al fin y al cabo son los únicos y verdaderos dueños de esos fondos.

Desde distintos sectores pretenden hacernos creer que estas reformas son inevitables usando como excusa el aumento en la expectativa de vida y el crecimiento del trabajo en negro. Y nosotros nos oponemos categóricamente a esa falsa idea. Es totalmente posible, además de absolutamente necesario, garantizar el 82% móvil a todos los jubilados y una vejez digna para ellos y los que vendrán. Pero para hacerlo es fundamental tocar los intereses de los que hasta ahora no han hecho ningún esfuerzo y sin embargo siempre se llevan la mejor tajada: los grandes empresarios, los bancos y terratenientes. Es a ellos a quienes el gobierno debe cobrar fuertes impuestos.

No es a las trabajadoras y trabajadores a quienes deben pedirnos solidaridad, no son los viejos que aportaron toda su vida los que deban hacer sacrificios para financiar a los bancos y prestamistas. Hoy más que nunca es tiempo de que la crisis la paguen los que la provocaron. Desde nuestra banca y en las calles estaremos siempre acompañando todas las luchas que nos acerquen a ese objetivo.