Educación en crisis, reformas sin solución
Poder pensar la educación, sus problemas y necesidades desde distintas miradas, nos permite abordar las diferentes aristas de una educación en crisis, pero a la vez en disputa. La mirada desde estudiantes de profesorados y universidades también muestra la preocupación legítima, sobre un modelo educativo colapsado y sin respuesta. Una educación sostenida por docentes y estudiantes, pero de la que otros toman decisiones, con arbitrariedad e impericia. Una reforma de la Ley de Educación que no resuelve y genera dudas. El Congreso Pedagógico Nacional deja de ser una propuesta, para ser una necesidad.
Es claro, a esta altura de la cuarentena y la pandemia, que los docentes trabajamos más, en peores condiciones y sin recursos. Surge una nueva instancia de debate en nuestro colectivo, ante la sesión que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, donde se aprobó el primer proyecto que amplía los alcances de la Ley de Educación.
Se trata de la modificación del artículo 109, el cual suscribe: “Los estudios a distancia como alternativa para jóvenes y adultos sólo pueden impartirse a partir de los dieciocho (18) años de edad. Para la modalidad rural y conforme a las decisiones jurisdiccionales, los estudios a distancia podrán ser implementados a partir del Ciclo Orientado del Nivel Secundario”. El mismo tiene por objeto garantizar el derecho a la educación y hoy permite el alcance de esta modalidad a menores de dieciocho años cuando existan razones excepcionales que no permitan realizar el ciclo lectivo en modalidad presencial. Pero su reforma se presenta como el intento de ampliar los alcances de la modalidad a distancia para todo el alumnado, con motivo de la actual coyuntura excepcional.
¿Quién decide y para qué en educación?
Los primeros interrogantes que surgen son: ¿Quiénes participaron en dicha discusión? ¿Participan los trabajadores de la educación, las familias y los propios estudiantes de ese debate? ¿Qué factores fueron tenidos en cuenta para abordar la discusión? ¿Qué políticas educativas complementarias se llevarán a cabo para acompañar la ampliación votada?
Esta situación tan excepcional, resultaba un momento propicio para profundizar la discusión y establecer espacios de debate donde participemos todos los actores vinculados con el ámbito educativo. Esto refiere a trabajadores de la educación, familias, estudiantes y funcionarios públicos. Un momento clave para discutir el método de enseñanza que, en este contexto, es la modalidad virtual, su utilidad y desarrollo, el acceso a los dispositivos digitales y conectividad para estudiantes y trabajadores de la educación.
Por otra parte, dentro de este marco, discutir los contenidos, ya sea los aplicados efectivamente en cada clase como los delineados por los diseños curriculares. Abordar las evaluaciones, sus criterios e instrumentos. Asimismo, y prácticamente de la mano, plantear la gradualidad y sistematicidad del sistema educativo actual.
De la misma manera, abordar las consideraciones en torno al estudiante, en qué medida se tienen en cuenta sus realidades particulares, su capacidad decisora y el estrés en el aprendizaje como consecuencia de la improvisación de quienes no voltean siquiera a escucharlos. En este sentido, qué rol se les asigna a los padres y madres, hasta donde es un delegar tareas y hasta donde se considera la capacidad de las familias para llevarlo a cabo.
Lejos de habilitar esos espacios de debate y búsqueda de acuerdos y lejos de los actores reales de la educación, se ensayan políticas educativas de placebo o con otros objetivos, que no terminan de resolver la problemática actual, en algunos casos evadiendo hasta las obligaciones del Estado, y sin analizar la factibilidad de las propuestas.
La reforma del artículo en cuestión, por otro lado, puede abrir la posibilidad de instalar de un modo permanente esta “excepcionalidad”, habilitando la educación a distancia a menores de18 años. Pero desde qué lugar, cómo y para qué, son algunos de los interrogantes que necesitamos abordar.
Factibilidad de la educación virtual
Dado el contexto actual, la modalidad virtual es la aparente única garantía para hacer efectivo el ejercicio del derecho a la educación; al respecto surgen como nudos problemáticos los instrumentos necesarios para poder llevar a cabo esta modalidad tanto para docentes como para estudiantes. En esta línea el acceso a dispositivos digitales y a conectividad presenta una significativa desigualdad, ya sea por la ubicación geográfica, por la composición familiar numerosa o por el bajo poder adquisitivo. Situación profundizada por el retraso en el pago de las becas Progresar, las cuales aún en la reciente modificación no ha actualizado el importe al proceso inflacionario. Con el recorte de todo tipo de subsidios o recursos económicos a los estudiantes.
Además la jerarquización de carreras provoca que algunas reciban importes mayores a otras en sus presupuestos, lo cual lejos de incentivar al estudio de las carreras mal llamadas “estratégicas” actúa como una desvalorización de las otras.
¿Bajo qué criterio se vota la ampliación del alcance de la modalidad virtual si previamente no se han llevado a cabo políticas educativas que garanticen el acceso a dispositivos digitales y conectividad gratuita de toda la población enseñante y aprendiente?
Es necesario la distribución de dispositivos, la accesibilidad a la electricidad e internet gratis, tanto para estudiantes como docentes.
Sumado a lo mencionado se omite discutir la factibilidad de esta modalidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que no solo no considera la capacitación en esta modalidad y en tecnologías digitales que posea el docente. Con algunos cuestionamientos, la mayoría de las capacitaciones son pagas por el docente, con oferta insuficiente y muchas sin correspondencia con las demandas actuales; entre otros ejes.
Todas estas cuestiones deberían ser resueltas antes de imponer la modalidad, como así también prever, por lo menos, implementar medidas de acompañamiento que no se limiten solo a enviar cuadernillos con actividades. En línea con lo mencionado, es necesario considerar la adecuación de los contenidos y métodos didácticos, siendo que estos fueron pensados y trabajados en modalidad presencial, y sin la participación de docentes en su elaboración.
Pertinencia y adecuación de los contenidos
Al respecto, entendemos que los contenidos abordados a lo largo de la trayectoria escolar, a través de las instituciones educativas, tienen por propósito la distribución de habilidades instrumentales, conocimientos científicos y pautas de socialización, que respondan al desarrollo y realización de los individuos dentro de una sociedad; enmarcados en un tiempo y espacio determinado; es decir, que suponen corresponder a la realidad que habita.
Asimismo, ésta debería otorgar las herramientas analíticas que le permitan al individuo, no solo realizar lecturas de marcos teóricos ya desarrollados, sino que además debería permitirle producirlos por sí mismo en pos del beneficio y desarrollo de la sociedad y su propia existencia.
Por tanto, en este punto, cobra sentido la vinculación entre la factibilidad de la modalidad y la pertinencia y adecuación de los contenidos; ya que no basta con seleccionar los contenidos si tal selección no considera la forma en la que serán enseñados. Dicho en otras palabras, el propósito de la selección de contenidos depende no solo de su pertinencia, depende también de la congruencia entre éstos y el método de enseñanza.
Entonces, es momento de comenzar a abordar los debates en torno a que los únicos conocimientos válidos no son solo lo plasmados en los manuales y el hecho educativo no es exclusivo de las instituciones educativas. Si consideramos lo antedicho, y ante el contexto excepcional que se atraviesa, es un hecho ineludible la readaptación de la actividad pedagógica a las realidades inmediatas de los estudiantes. De esta manera se lograría saldar la distancia que muestran actualmente los contenidos y las actividades llevadas a cabo para trasmitirlos, es momento de comenzar a considerar los conocimientos que surgen de la vida cotidiana y contexto de los estudiantes. Dicha dimensión no escapa a repensar los criterios de evaluación y recordar que su objetivo no es la selección de los más aptos, catalogarlos o impactar negativamente en su autoestima, sino que es un instrumento para pensar la actividad pedagógica en general. Además de poder re significar los contenidos, en este marco de excepcionalidad.
En correlato, se abre la puerta a poder replantear la gradualidad y sistematicidad del sistema educativo. Es aquí donde surge otro punto controversial, el objetivo que tiene la educación en la actualidad y cuál necesitamos, siendo que, hasta el momento, solo ha sido un instrumento para homogeneizar y reproducir las desigualdades sociales y de competencias básicas para la fuerza de trabajo.
Se desvirtúa, en los hechos, el objetivo de este derecho humano; principalmente ante las desigualdades de condiciones. Se puede suponer que esto se da debido a la mala interpretación de la “obligatoriedad”, que se refiere a una obligación del Estado a garantizarla y no a una obligatoriedad para el individuo como condición excluyente. Pero si pensamos a la educación como un derecho y a la obligatoriedad como responsabilidad del Estado, también podremos re pensar a la escuela y sus modalidades, atendiendo a una no gradualidad del sistema educativo y de esta manera, exhibirse diversas propuestas educativas que se ajusten al interés de los estudiantes y a sus contextos particulares. Sin embargo, lo antedicho difícilmente pueda ser posible si quienes ejecutan las decisiones continúan siendo indiferentes a las demandas de los sujetos que aprenden.
Agentes decisores y arbitrariedad
Ahora bien, ¿quiénes participan en las propuestas de políticas educativas y en la toma de decisiones?
Es sabido que en la formulación de políticas públicas participan un conjunto de actores que van desde representantes político-partidarios a representantes sindicales, los cuales son elegidos “democráticamente” y deberían representar los intereses del conjunto social, pero lejos están de ello.
En este sentido, también es sabida la tensión que emerge ante las distintas posiciones que traccionan, en conformidad con sus intereses particulares. Pero resulta que la controversia, en este caso específico, se da porque, en lugar de ser un consenso entre partes por responder a los intereses del conjunto, este hecho se configura como un acto de complicidad donde se omiten voces y condiciones sociales y materiales de los individuos. Y decidiendo sobre una realidad donde los protagonistas tienen numerosas demandas, que tampoco se abordan o intentan resolver.
En lo que respecta a los trabajadores de la educación, la modalidad virtual, sin las garantías de acceso a conectividad gratuita, a dispositivos digitales y a una organización previamente acordada entre familias e instituciones, se les presenta como una problemática en crecimiento. Ya que por un lado tiene un creciente gasto en conectividad, no garantizado por el Estado, y altísimo debido a la inflación y un trabajo de 24 horas por 7, al mismo salario.
Automáticamente entran en escena educativa las familias, quienes no tienen más opción al rol forzosamente delegado, de acompañamiento pedagógico y ante el cual no tienen herramientas para poder sobrellevarlo. No por nada los docentes transitan un período extenso de formación para adquirir las competencias necesarias. Es así que demandan la respuesta de docentes en cualquier momento y día de la semana.
A su vez, este colapso de las familias acontece al mismo tiempo que los estudiantes atraviesan un profundo estrés en el aprendizaje, una falta de esquema organizador que le permitan abordar la cantidad de documentos con actividades y la falta de disponibilidad de conectividad y dispositivos digitales, al igual que los docentes. Ni los docentes ni las familias y menos los estudiantes somos consultados.
Cabe preguntarse, ¿cuáles fueron los criterios considerados por los funcionarios públicos al votar la extensión del alcance de la modalidad virtual? Se torna una suerte de improvisación permanente que afecta en diversos aspectos a familias, trabajadores de la educación y estudiantes. No solo no fueron consideradas la voz de los estudiantes, siendo ellos los más afectados, sino que además no fueron consideradas las familias y sus particularidades económicas y sociales; así como fueron ignorados los trabajadores de la educación. Y a la vez el planteo sobre objetivos a futuro, sobre la virtualidad y la educación que tampoco queda tan esclarecido.
Urge establecer espacios de debate, donde todos los actores puedan opinar sobre esta continuidad pedagógica, su factilidad y cuándo y cómo se dará el retorno a la presencialidad. La reforma de la ley de Educación y las políticas de placebo requieren ser debatidas profundamente. Es necesario que todos los actores intervinientes puedan, en un congreso pedagógico a nivel nacional, discutir qué políticas educativas acompañarán, qué normativa, las condiciones laborales de los docentes y las condiciones materiales y sociales de las familias y estudiantes.
Rocío Agüero
Estudiante Lic. en Educación