Racismo y represión: ¿y por casa?

El asesinato de Floyd desató la rebelión en EE.UU., pero la ola antirracista y antirrepresiva crece en México, Francia, Gran Bretaña, Australia y otros países del mundo. ¿Qué ocurre en Argentina en materia de racismo, discriminación y represión?
«Acá por suerte no hay racismo», dice alguna gente. Error. Sobre 44,5 millones de habitantes, casi un millón pertenece a pueblos originarios (kolla, qom o toba, mocoví, mapuche, guaraní y otros) y más de otros dos millones son inmigrantes (sobre todo de Paraguay, Bolivia, Perú y Chile). Pues bien: originarios, inmigrantes y pobres en general son un blanco preferido de la discriminación racista y la violencia policial e institucional.

Un vistazo a la historia

Argentina es, junto al Uruguay, el país de menor composición indígena de Latinoamérica. Originarios obviamente hubo, pero sufrieron genocidios desde la colonización en adelante. Los españoles masacraron y sometieron a todos esos pueblos durante la conquista y la colonia, los ingleses masacraron a los onas y yaganes fueguinos, después Roca masacró a tehuelches y mapuches en la Campaña del «Desierto» y más tarde Perón masacró a pilagás en Rincón Bomba, Formosa.

También en la época colonial hubo en nuestro país algunos esclavos de origen africano, comprados a traficantes portugueses. Como muchos indígenas, lucharon en el ejército independentista. La Asamblea de 1813 decretó la libertad de vientres para quienes nacieran a partir de ese momento. Pero su escaso número y las condiciones de exclusión social prácticamente diezmaron a les afrodescendientes.

El marcado europeísmo de las clases dominantes locales tuvo como contrapartida el racismo hacia los pueblos indígenas, las personas negras y mestizas, a lo que luego se sumó una xenofobia selectiva contra la inmigración proveniente de países hermanos.

Originarios y migrantes

Aunque las leyes vigentes definen a los pueblos originarios como preexistentes al Estado-nación, éste no cumple en restituirles la mayoría de sus tierras ancestrales ni respeta efectivamente su derecho a la educación bilingüe. En cuanto a los inmigrantes, sus condiciones de vida y empleo también son más precarias que el promedio general.

Según el último informe disponible del INADI, de 2014, dos de cada tres personas han sufrido o presenciado hechos de discriminación. De ese total, el 74% fue contra pobres y el 68% contra migrantes, las dos principales causas. Tales hechos han ocurrido en el ámbito laboral en el 46% de los casos y en la educación en el 35%. En realidad hay un triple estigma pobre-migrante-racializado, estereotipo que se refuerza si vive en una villa de emergencia.

Desde que asumió en 2015, el gobierno macrista alentó los prejuicios xenófobos buscando limitar a los migrantes el acceso a la salud pública y criminalizándolos como delincuentes (aunque delinquen en idéntica proporción que los nativos). No lo logró, pero endureció los requisitos de ingreso y facilitó las causas de expulsión. El nuevo gobierno aún no derogó ese discriminatorio DNU 70/2017 de Macri. Y los inmigrantes negros de Senegal, que en su mayoría se dedican a la venta ambulante, siguen sufriendo el racismo de la policía porteña.

Raza y clase

Si bien acá la proporción de afrodescendientes es ínfima, en algunos sectores sociales aún se denomina «los negros» a la clase trabajadora. Por contraste con lo blanco como sinónimo de civilizado, lo negro alude a la piel morena, por su origen mestizo o criollo, que tenía buena parte de la nueva clase obrera proveniente del interior del país cuando ésta creció mucho en 1930-1940 con la industrialización. Se los llamó los cabecitas negras.

Pese a que en la actualidad se las utiliza menos que en el siglo pasado, tales expresiones todavía mantienen su contenido a la vez racista y clasista. De ella se derivan negrero (patrón muy explotador), negrear (superexplotar) y trabajo en negro (informal o no registrado).

Aunque son males previos al capitalismo, éste mantiene el racismo y la xenofobia porque los usa en su favor. Por un lado, le permite superexplotar a los sectores oprimidos ya que al estar indocumentados o irregulares se ven obligados a aceptar peores salarios y mayor precarización; eso además presiona a la baja el promedio general. A la vez, la burguesía utiliza políticamente esos prejuicios para dividir a la clase obrera y obstaculizar su unidad. La burocracia sindical suele ser cómplice, como la vergonzosa campaña de la UOCRA, años atrás, con carteles contra «los extranjeros que nos vienen a sacar el trabajo».

Conflictos con el poder

Los permanentes reclamos de los pueblos indígenas, más el apoyo social, lograron que en 2006 el Congreso aprobara la Ley 26.160 para restituir sus antiguos territorios. Pero los retrasos del censo allí establecido y las trabas burocráticas lentifican mucho tal restitución.

En la última década han crecido los conflictos entre pueblos indígenas y fuerzas represivas del Estado capitalista. Los Kirchner y luego Macri favorecieron la megaminería y el fracking. Eso perjudica a comunidades mapuches, que resisten y defienden sus derechos contra los terratenientes y contra el extractivismo que contamina sus tierras, aguas, animales y cultivos.

En 2017 la Gendarmería asesinó a Santiago Maldonado y la Prefectura asesinó a Rafael Nahuel. Ese mismo gobierno de Macri y Patricia Bullrich montó una campaña racista para demonizar al pueblo mapuche e inventó al RAM como supuesto grupo terrorista y separatista. ¿Qué cambió con el nuevo gobierno?

La violencia estatal hoy

Obviamente, el gobierno de AF buscó diferenciarse del anterior. Cuando asumió habló de los derechos humanos y días después derogó un par de los peores protocolos policiales macristas. No obstante, cuando el presidente llamó a «dar vuelta la página» sobre el genocidio alertamos que apuntaría a reconciliar al pueblo con las FF.AA. para rearmar el aparato represivo.

Al poco tiempo nuestro alerta se confirmó y con la excusa de la cuarentena AF avanzó en un rumbo autoritario. Al desplegar policías y gendarmes para control de circulación, le dio aire a más abusos y militarizó barrios populares. Encima puso a tropas del ejército en tareas civiles como repartir comida y dispuso el ciberpatrullaje de redes sociales con protocolo y todo(1). Son todas medidas antidemocráticas de control social, con represión a luchas obreras como la del Frigorífico Penta o la de los mineros de Andacollo.

La desaparición forzada seguida de muerte de Luis Espinoza en Tucumán, la detención y violación a dos jóvenes qom y el asesinato de un joven por la espalda en Chaco y el «suicidio» de tres personas en comisarías de San Luis dan cuenta del racismo y la violencia policial de hoy. No son errores ni excesos: son brutalidades recientes en tres provincias en donde gobierna el mismo Frente de Todos que gobierna el país.

Desde ya, repudiamos la hipocresía de la dirigencia macrista que crítica al gobierno actual como una «infectadura», cuando ellos gobernaron a palos, mano dura y doctrina Chocobar. Pero con AF la realidad del sistema también se impone más allá del doble discurso: mientras haya capitalismo habrá racismo, discriminación y violencia policial.

P. V.

(1) Resolución 144/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación.