Vicentin y la soberanía alimentaria: debates y propuestas
El debate nacional sobre Vicentin colocó como parte de la agenda política la llamada “soberanía alimentaria”. En tiempos de la nacionalización parcial de YPF también se hablaba de la “soberanía energética”. Mientras la derecha retrógrada defiende lo indefendible, vemos relatos de un gobierno capitalista que no conducen a un final soberano. Te dejamos una visión socialista y propuestas para una soberanía verdadera.
Escribe: Sergio García
Cuando el presidente Fernández anunció el envió de un proyecto de expropiación de la empresa Vicentin, se abrió un debate general en la provincia de Santa Fe y en todo el país. Desde los grandes medios de comunicación se comenzó a impulsar una visión binaria, entre quienes apoyan a Vicentin y organizan banderazos en defensa de la propiedad privada y quienes están con el gobierno y apoyan la intervención. Sin embargo, ese reduccionismo intencional y funcional a los intereses de Juntos Para el Cambio o del Frente de todos/PJ, no sirve para entender que pasa realmente ni menos aún para lograr una salida positiva al desastre ocasionado por los dueños de Vicentin.
Se trata entonces de quitar la maleza, despejar el campo de toda desinformación intencionada. Necesitamos poner todas las cartas sobre la mesa y ver cómo y para quien juega cada uno. Volviendo sobre los hechos y sobre las propuestas concretas de cada sector político; ahí podremos ver que hace falta una propuesta independiente, una tercera posición.
Vicentin y la esencia capitalista
Al igual que miles y miles de trabajadores y jóvenes creemos que Vicentin y todo su accionar actual e histórico merece el más grande repudio y castigo. Es el ejemplo de “gran empresa” creada y construida al amparo de los negocios espurios en sociedad con otras empresas reales y ficticias y en acuerdo con el Estado, que tanto en dictaduras como en gobiernos elegidos por el voto, le permitió durante décadas todo tipo de fraudes, privilegios e incluso le regaló tierras, puertos, le estatizó su deuda y facilitó su fuga de divisas. Esta empresa representa lo peor y por eso urge cortar de raíz con todo su circuito económico y de negocios ilegales ahora mismo.
Vale decir que igualmente no es correcto presentar el caso de esta empresa como algo particular, como una manzana podrida en un cajón saludable. Para nada es así. Vicentin es la expresión más visible y evidente de cómo funciona todo el sistema capitalista. La fuga masiva de capitales, las cuentas off shore, las empresas fantasmas, los préstamos con bancos nacionales que nunca se pagan, no son inventos de los dueños de esta empresa; son mecanismos permanentes y capitalistas que utilizan las principales corporaciones del mundo y permiten los gobiernos de distintos países. Así funciona todo el sistema. Por eso hay que aprovechar la salida a la luz de esta estafa gigante para poner la lupa sobre todo el andamiaje productivo y agroexportador y no tenemos dudas que muchas cosas similares encontraríamos en una investigación seria e independiente de todos los poderes políticos y económicos.
Enfrentado a esta situación de una empresa que ya superaba los 1300 millones de dólares de deuda a distintos sectores, es que el gobierno de Fernández decidió ingresar en el tema, dictó la intervención y anunció primero el envío de un proyecto de expropiación parcial sobre el 51% de las acciones. Esa idea inicial, que era muy limitada y a la vez presentada como un “rescate a la empresa” incluyendo hacerse cargo el Estado de toda su deuda, rápidamente paso incluso a una variante peor. Ante las primeras críticas y banderazos, se frenó el envío del proyecto al Congreso y se dio paso al supuesto proyecto “superador” de Perotti, que no contiene ninguna expropiación sino una empresa mixta acordada que, al final del camino, hasta puede permitir que los dueños de Vicentin puedan ser parte. Lógicamente la derecha retrógrada, la justicia cómplice de Santa Fe y los dueños de Vicentin no quieren ni apoyan ningún tipo de intervención, ni siquiera en sus formas más light. Lo cual muestra una vez más, que para enfrentar a la derecha y a las grandes corporaciones no sirve conciliar ni moderar aún más, propuestas ya de por si moderadas. En una intervención en la legislatura santafecina Del Frade decía que la intervención era, comparado con la pandemia, como la Fase 1. Lo que no dijo es que el PJ jamas va a pasar de esa fase a una realmente soberana y positiva. Más bien es probable que retroceda más vía Perotti, o se quede tan solo aquí.
YPF, relato y realidad
Con el tema Vicentin se retomó el modelo YPF poniéndolo como ejemplo a seguir. Pero sucede que al darse la nacionalización parcial de YPF, votada en el Congreso en mayo del año 2012, la ley comenzaba diciendo: “Declárase de Interés Público Nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos. Créase el Consejo Federal de Hidrocarburos. Declárase de Utilidad Pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A”. En su momento dijimos que solo retomar una parte accionaria pero manteniendo a YPF como S.A. pagándole además una fortuna a Repsol y en el marco de que gran parte del sector energético seguía en manos de otras corporaciones, no era un proyecto soberano ni la salida necesaria. Bajo ese formato legal, esa YPF avanzó luego a nuevos acuerdos secretos con Chevron y los resultados de todo ese proyecto los vemos hoy: ¿tenemos soberanía energética? De ninguna manera. Seguimos teniendo los mismos problemas y empeorados, seguimos dependiendo de varias corporaciones que hacen negocios millonarios, se jerarquiza el proyecto Vaca Muerta que incluye destrucción ambiental, tenemos un precio de combustibles impagables para la gente común y también seguimos teniendo que importar hidrocarburos muy lejos de un supuesto plan de autoabastecimiento.
Esa es la triste realidad de la actual YPF, a lo cual hay que sumarle que jamás se avanzó en algo esencial; un proyecto hacia las energías renovables como la mareomotriz, solar, eólica o geotérmica por dar algunos ejemplos posibles si hubiera un plan soberano y estratégico. Seguimos atados dependiendo de los negociados sobre energías no renovables y con métodos de extracción que atacan la vida y el ambiente. Por todo esto, ahora ante el tema Vicentin no hay que hacer algo parecido al modelo YPF del PJ sino algo completamente distinto. Como decíamos, vale recordar que ahora el gobierno de Fernández retrocedió aún más y está impulsando vía Perotti un modelo para Vicentin todavía menos soberano.
Nuestra propuesta y un debate necesario
Por eso en el caso Vicentin insistimos en nuestra propuesta que es la única que cortaría verdaderamente con este problema: impulsar la mayor movilización obrera y popular a favor de un proyecto de expropiación total del grupo Vicentin, su estatización sin pago y poniendo a funcionar todo el complejo industrial bajo control obrero. Con la obligatoriedad de terminar con su secreto bancario, abrir sus cuentas y hacerle pagar a sus dueños actuales todas las deudas con los activos de todo su grupo empresario y con sus bienes y fortunas personales. Con la conformación de una comisión de investigación independiente que vaya hasta el final, hacia el castigo y cárcel por los negociados ilegales y estafas producidas contra el país. Eso proponemos desde el MST en el FIT Unidad. Y se puede hacer si se tiene la voluntad política y ninguna atadura a las clases capitalistas. Algo que el PJ nacional y el de Santa Fe ni tienen ni van a tener, porque son parte, comenzando por el propio Perotti, de todo el andamiaje de negocios capitalistas en la región.
Por estas razones consideramos equivocada una declaración pública que impulsa Claudio Lozano, Atilio Borón, Cristina Camaño y firman diversos referentes sociales. Porque más allá de definiciones correctas en torno a la denuncia a Vicentín, en los hechos esa declaración no contiene la propuesta de expropiación al servicio de dejarle abiertas las manos al gobierno para avanzar por otras propuestas “superadoras”, por eso el texto habla de “empresa pública no estatal” algo ambiguo que da lugar a diversas formas. Recordemos volviendo sobre YPF que la ley de 2012 por ejemplo declaraba a la empresa de “utilidad pública” y esa frase general no le impidió acordar con Chevrón y al día de hoy tener además una gran cantidad de accionistas privados operando en bolsa. Que impulse esta declaración Lozano es lógico ya que es funcionario y cumple con las exigencias del gobierno patronal que integra. Lo que no es correcto es que acompañen esa declaración algunas referencias sociales que no están con el gobierno y que más bien podrían jugar un rol positivo si se sumaran a una campaña nacional, independiente del gobierno, y por la expropiación total y sin pago de todo el grupo Vicentin.
Soberanía alimentaria
Acompañando el debate sobre Vicentin se instaló también desde algunas voces oficialistas que se podría tener una empresa testigo hacia la soberanía alimentaria, pavimentando así mediante un nuevo relato un supuesto camino hacia una necesidad social muy importante. Sin embargo, la realidad de los movimientos políticos del gobierno dista mucho de la posibilidad de lograr estos objetivos.
La soberanía alimentaria es una tarea política y social que solo puede lograrse mediante profundas medidas integradas de índole productiva, económica, social y de propiedad. No hay ninguna posibilidad de lograr la soberanía alimentaria solo por que el Estado tenga la mitad de las acciones de Vicentin o mediante una empresa mixta de este rubro.
Para hablar de soberanía alimentaria tenemos que partir de reconocer el modelo general agroexportador y el peso decisivo de las grandes corporaciones del sector. La concentración y la extranjerización son un modelo que se instaló en nuestro país ya desde fines del siglo XIX y fue cambiando de actores en algunos casos llegando hasta nuestros días con una serie de grandes corporaciones que controlan todos los rubros desde la producción en el campo, la distribución y el transporte hasta la salida del puerto hacia países compradores. En todo ese recorrido no hay nada de soberanía ni de acción estatal, ni de trabajadores, comunidades o pequeños productores decidiendo. Menos aun de algún tipo de planificación en torno que hace falta producir para las necesidades sociales de millones.
Todo el proceso lo conduce un modelo capitalista exportador, planificado para la ganancia absoluta de las corporaciones, para mejorar sus niveles de rentabilidad y de los dueños de las grandes extensiones de tierra que producen lo que más ganancia les da, mediante un modelo productivo que deteriora la tierra y el ambiente con agrotóxicos y todo tipo de venenos que pone en riesgo a diario la vida de las poblaciones lindantes y es opuesto a una producción saludable y natural. La propia Vicentin no refleja la producción de alimentos de consumo popular, aunque tiene algunos emprendimientos, centralmente realiza molienda de granos de soja y girasoles para aceite y harinas orientadas fundamentalmente a la exportación.
Por eso la soberanía alimentaria, para ser real, requiere liquidar todo el modelo agroexportador vigente conducido por diversas corporaciones extranjeras y nacionales asociadas a los gobiernos de turno. Y para eso se necesita otro proyecto político y económico muy distinto al que representa este gobierno. O dicho de otro modo; con el PJ, un partido tradicional del capitalismo argentino y socio de grandes corporaciones, jamás tendremos la soberanía que el relato oficial amaga a impulsar.
Socialistas y soberanos
En resumidas cuentas, podríamos decir que la soberanía alimentaria es que las y los trabajadores, las comunidades y pequeños productores planifiquen y decidan qué alimentos producir de acuerdo a las necesidades sociales de las mayorías, cómo producir de acuerdo a criterios de defensa del ambiente y la vida, cómo distribuir de acuerdo a las necesidades de la población y qué parte de esa producción exportar para que esos recursos vuelvan al Estado y a las poblaciones para otras necesidades populares. Y que todo este recorrido se haga mediante la producción de alimentos en forma eco sustentable y no tenga ninguna injerencia ni participación de corporaciones capitalistas.
Para que esto suceda hacen falta una serie de medidas; una profunda reforma agraria y expropiaciones de tierras para terminar con el latifundio y los grandes dueños de la tierra. Además de expropiar totalmente a Vicentin, avanzar también sobre otras corporaciones tanto o más importantes como Cargil, ADM, Bunge, General Deheza, Dreyfus, Molinos Agro entre otras que tienen el 90% de las exportaciones de estos rubros. Y a todas estas empresas con sus tecnologías hay que reconvertirlas productivamente para que pasen a producir los alimentos populares que realmente son necesarios y dejar de ser meros exportadores para alimentar animales en China y otros países, como hoy sucede.
Junto con esto hay que nacionalizar el comercio exterior, para que planificadamente decidamos qué exportar y dónde y qué importar de acuerdo a lo que realmente necesitamos. Y nacionalizar la banca para liquidar la fuga de divisas y controlar el crédito poniéndolo al servicio de un plan nacional alimentario. A la vez, hay que atacar desde el Estado la cadena de las empresas de comidas basura y su relación con productos masivos, que van desde comida chatarra, pasando por su propia publicidad masiva de empresas asociadas con dietas “mágicas” que “solucionan” el problema. Todo parte de un mismo andamiaje capitalista que ataca la salud popular en función de alimentar mal a la población y muy bien sus cuentas bancarias legales e ilegales.
Como puede verse, entre este plan verdadero para lograr la soberanía alimentaria y el plan del conservador Perotti, que Alberto Fernández avala, hay un abismo imposible de juntar. De eso estamos hablando. Y por eso no apoyamos la propuesta del gobierno y estamos decididos a enfrentar a Vicentin y a todas las corporaciones desde un proyecto político independiente y de izquierda como el que estamos construyendo en el MST y el FIT Unidad. El único que de verdad, impulsando la más amplia movilización obrera y popular, puede abrir paso a un cambio de fondo y positivo en nuestro país.