Funcionarios y políticos cobraron el IFE en Salta
Mientras la clase trabajadora vive la pandemia y resiste a la crisis económica, a los despidos, suspensiones y rebajas salariales en una provincia con un índice de pobreza del 45.5%, se conoció en las últimas horas que diputados, concejales y hasta un intendente del interior de la provincia cobraron el IFE. Se estima que se trataría de unos 50 en total. Repudiamos este accionar y exigimos una comisión investigadora independiente, para llegar a todos los responsables.
El caso que involucra a funcionarios del gobierno PJ de Sáenz y también a la “oposición”, salió a la luz por la investigación de un grupo de periodistas, que dieron a conocer un listado de los implicados. Como perlita entre ellos se encuentra el concejal de Oran Héctor Barraza, antiderecho, evangelista y autor del proyecto para declarar a la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán “pro-vida y pro familia”, en clara alusión de enfrentamiento a la lucha por el derecho al aborto. Quien se dice vocero de “los valores de la Iglesia” y se manifiesta en contra de la separación de la Iglesia del Estado, candidato del oficialismo. Esta situación despertó indignación en el pueblo salteño, pero no sorprendió.
Frente a tremenda exposición pública Sáenz tuvo que salir a emitir palabra, lo hizo mediante un tuit, donde repudió el hecho y exigió que se les aplique todo el peso de la ley… ¿irónico no? La misma persona que durante su paso por la intendencia de la Ciudad de Salta tuvo el escándalo de facturas apócrifas y tiene una investigación paralizada, aún con las pruebas presentadas del desfalco a la municipalidad. Sáenz nos quiere hacer creer que esta justicia le dará años de prisión a funcionarios y empresarios que se benefician día tras día con sus privilegios de casta. Esto no nos extraña, pues dentro de este sistema el peso de la ley nunca cae sobre los que están en el poder.
Párrafo aparte merece Alberto Fernández que no emitió ninguna palabra sobre lo acontecido, que presenta como logro el IFE que es completamente insuficiente, que no llegó a todes y que frente a uno de los organismos más cuestionado como la Anses y ahora nuevamente en la mira, no exige rendición de cuentas frente a esta estafa que puede involucrar a más funcionarios en todo el país. Frente a esta situación afirmamos como medida urgente que se destine un subsidio universal de $40.000 para trabajadores informales, sectores populares y que se deje de pagar la deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, como primer paso para garantizar la cuarentena.
Terminar con los privilegios
Resulta necesario terminar con todos los privilegios de funcionarios y políticos: que ganen como una directora de escuela con 10 años de antigüedad, que sus cargos sean limitados y revocables, que por ley utilicen lo público; educación, hospitales y transporte. Y que frente a casos de corrupción se llegue hasta el final con una comisión investigadora independiente, representada por personalidades intachables y organismos de DDHH. ¡Basta de fueros y encubrimiento, todos los corruptos a la cárcel!
Avanzando en esto podremos detener y desmantelar la cobertura e impunidad y privilegios de la que gozan políticos y funcionarios.
Andrea Villegas y Mario Silva