EDESUR en la mira. ¿Licitar el servicio o reestatizarlo?

La pandemia aceleró la crisis económica en curso y dejó al desnudo los severos problemas estructurales. Los platos rotos los pagamos nosotros: el costo de vida aumenta, las tarifas son impagables y para colmo los cortes de luz en el sur del conurbano se vuelven moneda corriente. 

Escribe: Camila Vallejos

EDESUR vs los intendentes o el modelo vs los usuarios. Superar la falsa antinomia

Para quienes vivimos en el conurbano bonaerense se hizo costumbre convivir con la falta de servicios esenciales. Tener agua corriente, cloacas o asfalto es un lujo que pocos ostentan. Y la luz, merece un párrafo aparte. El medidor no perdona y las tarifas son onerosas, pero la calidad del servicio es alevosamente deficiente.

Estas últimas semanas los vecinos y vecinas sufrimos numerosos apagones durante largas horas e incluso durante varios días. La falta del suministro eléctrico no sólo echa a perder los alimentos y nos aísla tecnológicamente hablando, sino que en muchos casos impide el acceso al agua potable, que siendo éste un derecho esencial se suma a la ya grave crisis sanitaria, y en los barrios más vulnerables, donde el uso de gas natural es un sueño, impide la calefacción en estos días tan fríos. La realidad es que, en el AMBA, los cortes de luz y las duraciones de éstos son superiores que hace 20 años atrás (1). ¡Una locura!

Los reclamos no tardaron en llegar, pues la situación es como mínimo escandalosa y la bronca aumenta. En muchos casos fue peor, la energía volvió a 380V y quemó electrodomésticos de cientos de familias. Ante esto, los intendentes e intendentas de varios municipios tuvieron que tomar posición. Ésta es la génesis de la tensión entre la distribuidora y las distintas administraciones municipales, y la subsecuente reunión ante el Ente Nacional Regulador (2).

Por su parte, la empresa que distribuye el servicio en 12 municipios del conurbano y en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, hizo pública la suma de $3.000 millones adeudados desde 2011 por el consumo eléctrico en asentamientos precarios (3). Desde la década de los ‘90, dicho consumo, fue asumido por los distintos gobiernos provinciales. Pero desde el año 2018, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, se trasladó a los intendentes la responsabilidad ante la misma.

EDESUR, a su vez, afirma que los constantes apagones actuales se deben a un “estrés extraordinario” en la demanda, ya que los usuarios utilizan electricidad que en tiempos normales no. ¡Esto es falso! Durante el mes de mayo la misma cayó un 7,6% con respecto al mismo período en 2019. El mayor consumo del servicio eléctrico proviene del sector industrial, comercial, y en último lugar el residencial. Es cierto que éste último aumentó un 6,5%, pero el sector comercial cayó un 12,3% y el industrial cayó un 23,4% (4).

Por otro lado, los municipios dicen estar preocupados por la mala calidad del servicio y pretenden suspender la concesión a EDESUR. Los más osados hablan incluso de estatización. Sin embargo, la tensión no quedó sólo en un entredicho, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, avanzó por la vía penal denunciando a la empresa por incumplimiento de contrato en la construcción de una subestación. El municipio le habría cedido en el año 2015 un predio municipal, pero la obra nunca se llevó a cabo. La distribuidora afirma que “no hay incumplimiento de contrato” indicando que al ser una obra que llevaría años, se “repotenció la subestación Transradio, desde donde se tendieron cables de media tensión para Esteban Echeverría”.

 

Durante estos últimos días, los cruces continuaron y el tono de los mismos aumentó. En este sentido es necesario preguntarnos por dónde hace falta avanzar. El gobierno estaría analizando convocar a una licitación internacional para que un nuevo grupo inversor se haga cargo a partir del 2022 de la compañía. Se trata de una salida pro mercado que se aleja con creces de la expropiación que algunos intendentes se atrevieron a proponer. Nuestra posición es categórica, estatizar EDESUR es un paso de vital importancia para recuperar la tan mencionada soberanía, pero quedarnos en esa medida es quedarnos a medio camino. Momentos como el que estamos viviendo ponen de relieve discusiones más de fondo y la necesidad de repensar el modelo energético de la Argentina. Los problemas estructurales están a la vista pero debemos desenmarañar el enjambre de negocios, sobreprecios, desinversiones y cifras fabulosas que hay detrás, para comprender de qué estamos hablando. ¡Veamos!

La era de las privatizaciones

El menemismo marcó a fuego el rumbo de la Argentina toda. Enmarcada en el auge del “fin de la historia” y obnubilada por el espejismo de la «mano invisible» que ordena el mercado, comenzó la desregulación por parte del Estado y las privatizaciones. Veníamos de una terrible crisis económica y con compromisos de pago de deuda exorbitantes. Por lo que, la venta de empresas hasta entonces estatales, fué la orientación de felpudo que permitió en un primer momento equilibrar la balanza de pagos.

El destino de todos los servicios públicos fue el mismo. El sector energético, por supuesto, no fue la excepción. Mediante una serie de decretos, principalmente entre 1992 y 1993 (5), se dividió en tres subsectores distintos: primeramente el relacionado con la exploración y generación de energía, bajo reglas de “libre competencia”, otro subsector de transporte y por último aquel encargado de la distribución a los consumidores. Estos dos últimos fueron cedidos como servicios públicos a empresas privadas monopólicas por razones “naturales”, es decir sin otros competidores. Se realizó bajo el supuesto de la flexibilidad, tanto de los contratos como de las normas regulatorias, para que no “entorpecieran” el funcionamiento privado, y a 95 años. ¡Si, noventa y cinco!

Este nuevo marco permitió que durante toda la década de los ’90 estas empresas gozaran sistemática e ilícitamente de un aumento tarifario exponencial, cuyos capitales fueron fugados al exterior (6). Además, al igual que en otras industrias, permitió la concentración y el control de todo el sector por apenas un puñado de empresarios.

Parches a la herencia

El período abierto en 2001 por el “Argentinazo” puso en crisis todo el sistema económico y político. La sanción de la Ley Nº 25.561 de Emergencia Económica posibilitó, entre otras cosas, el congelamiento de las tarifas. Lo que fue una medida excepcional se convirtió, durante el kirchnerismo, en la norma. El rol de los subsidios tuvo un papel protagónico durante los mandatos de Néstor y Cristina, porque permitió mantener las tarifas a bajo precio, cubriendo la diferencia con dinero del Tesoro. Se calcula que entre 2003 y 2015 la Argentina gastó casi u$s150.000 millones en subsidios a la energí­a y combustibles (7).

Pero no hubo ningún cambio estructural, ninguna modificación en la matriz productiva. Se amagó con avanzar en la estatización de distintos servicios públicos, pero esa iniciativa del gobierno fue cajoneada por él mismo, quedando en el mero relato. No se hizo nada tampoco para evitar el ingreso a la crisis energética, y no se puso más que parches para paliarla después. Porque lo cierto es que desde la era de las privatizaciones todo el sector fue movido por la sed de jugosas ganancias. Así es que los combustibles fósiles que representaban en los ‘90 el 50% de la producción, pasaron a representar más del 60% dado que implicaba un menor costo para las empresas (8). Por eso, a partir de 2004 los yacimientos de gas comenzaron a agotar sus recursos, lo que implicó que tuviéramos que importarlo y subieran exponencialmente los precios. Dicho sea de paso, las subas sí impactan más temprano que tarde en nuestro bolsillo.

La expropiación del 51% del capital accionario de YPF da cuenta de un paso correcto, pero insuficiente en materia energética (9). Lo cierto es que el modelo mixto, conservando la estructura de “sociedad anónima”, hizo que prevaleciera el carácter de empresa capitalista, movida por intereses privados. A su vez, no logró revertir el descenso de la producción petrolera y gasífera, de hecho continuó acentuándose. De igual forma, el gobierno se jactaba de avanzar en la soberanía energética con recursos propios, dado que el plan preveía que un 68% de la financiación se realizaría con las propias utilidades y flujos de caja de la empresa, el 20% sería mediante financiación nacional, y sólo el 12% provisto por socios internacionales. Sin embargo meses después, en 2013, se llevó a cabo el acuerdo secreto para la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta con Chevron. Aduciendo que éste era un costo inevitable puesto que YPF no contaba con el dinero suficiente para realizar las inversiones.

Poca energía en política energética

Habiendo hecho un recorrido de carácter histórico podemos entender el porqué de la actual situación. El sector está en manos, casi en su totalidad, de tres firmas: Pampa Energía, Grupo DESA y SADESA. Los empresarios detrás de éstas no sólo tienen nombre y apellido, también un nutrido prontuario sazonado con algunos escándalos, “Nicky” Caputo, Marcelo Mindlin, Rogelio Pagano, entre otros.

Las mencionadas firmas tienen acciones en todos los subsectores de la industria de la energía eléctrica. Bajémoslo a tierra:

  • Pampa Energía participa en el 12% de la generación, en el 26,3% de la transmisión y en el 20% de la distribución con acciones en EDENOR (10).
  • El grupo DESA, por su parte, concentra el 62% de la energía distribuida en la provincia de Buenos Aires con acciones en EDELAP, EDEN, EDES y EDEA (11).
  • Por último SADESA controla el 15% de la generación, teniendo en sus manos, entre otras, la Central Puerto (principal central eléctrica del país) y posee el 35% del paquete accionario del flamante EDESUR, que comparte con ENEL, (accionista mayoritario, de capitales italianos) (12).

Si desgranamos sector por sector podemos ver la magnitud del negocio millonario, monopolizado en pocas manos, que fija precios y sobreprecios, que tiene deudas exorbitantes y que en definitiva, nos estafa a nosotros, los consumidores.

Según el Ministerio de Desarrollo Productivo hoy por hoy con nuestra factura, cubrimos apenas el 58% del costo de producción de energía (13). El resto, por supuesto, lo disimula el Estado con aportes del Tesoro. La Argentina, el tercer mercado eléctrico de América Latina, sólo por detrás de Brasil y México, tiene un costo de producción muy por encima del promedio. Este último varía entre 20 y 55 dólares MWh (Megawatt por hora), mientras que aquí durante el gobierno de Macri llegó a los 71 dólares (14), mientras que actualmente se mantiene por encima de los 60 dólares (15). Ahora bien, debemos preguntarnos cómo se fija ese precio.

Una razón de la suba es, como mencionamos anteriormente, el agotamiento de las reservas de gas. Con el afán de abaratar gastos a corto plazo se explotaron los yacimientos de energías no renovables liquidándolos en poco tiempo. Otra razón son las inversiones. Es sabido que los negociados, las licitaciones acordadas con cifras fabulosas, muy por encima del valor real, no discrimina administraciones ni colores políticos. Todos los gobiernos fueron cómplices e inclusive promovieron este fraude. Como saldo, millones desembocan en sus bolsillos. Ya sea con nuestras facturas o indirectamente vía el Estado, los que pagamos somos los mismos de siempre.

El segundo eslabón de la cadena: transporte. Una de las principales empresas es Transener que transporta más del 65% de la energía eléctrica del país, sobre la cual los principales accionistas son Pampa Energía con Marcelo Mindlin como principal socio (16). Recordemos que durante la década “K” las tarifas fueron congeladas por un largo período y, con esto como pretexto, las empresas no invirtieron ni un peso en el sector. En cambio, durante el gobierno de Macri, las tarifas aumentaron un 3000%. En el período 2016-2018 la empresa ganó 1.241,5 millones de dólares (17). ¿Y las inversiones? Si te he visto no me acuerdo. Numerosos apagones se dan por fallas en las líneas de alta tensión que transmiten la energía. Éstas no se expanden ni acondicionan por falta de interés, porque las sumas millonarias van directo a las cuentas de Mindlin y compañía, a quienes dicho sea de paso, se les condonan deudas por el mal servicio prestado. Como vemos, el concepto de “rentabilidad” abyecto es mal consejero.

Y el último eslabón, con el que tenemos contacto, son las distribuidoras: EDESUR, EDENOR, EDELAP, etc. El engaño se cierra, redondo, en este punto. La falta de inversión de éstas, ya es tristemente célebre entre los vecinos que la padecemos con frecuencia y a oscuras. Los transformadores que antes abastecían a un grupo numeroso de familias siguen siendo los mismos. En este sentido, no sólo entra en juego el deterioro de éstos por el paso de los años, sino que los dispositivos electrónicos hogareños, y por ende la demanda, han crecido en número notablemente. Hoy, un aire acondicionado representa lo que una casa entera 20 años atrás. Por esta razón ante una sobrecarga, para evitar que los transformadores se fundan, nos quedamos sin luz. Eso sucede en el mejor de los casos, porque muchas veces se funden finalmente, se prenden fuego o explotan.

Pero no termina aún, dichas empresas tienen grandes deudas con CAMMESA, empresa “sin fines de lucro” que es la autoridad en este mercado. Ésta última es la que ordena qué central es despachada, por qué línea se transporta esa energía y cuánta potencia precisa la red en cada momento de la demanda. En otras palabras, las firmas distribuidoras no pagan la energía recibida que luego distribuyen. Desde el inicio de la cuarentena, y con el pretexto de que la cobrabilidad (18) disminuyó, EDESUR sólo pagó el 20% de su factura, debe $9.138 millones. Hay otras firmas que no pagaron ni un peso, pero EDESUR y EDENOR, en cantidad de dinero, lideran el ranking (19).

Todo es cuestión de energía

Llegados a este punto, podemos concluir que licitar el servicio de EDESUR es tan sólo quitarle los negocios a una firma para cederlos a otra. Por su parte, su estatización es apenas un primer paso, necesario, en lo que hace falta. Como hemos ido dilucidando a lo largo del presente artículo, el problema nace desde el inicio de la cadena de producción. Al igual que el problema, de carácter integral, es imperioso avanzar en una reforma de iguales características. Para evitar una crisis energética más que anunciada y el eventual colapso.

  • Por esto es necesario poner el conocimiento, la tecnología, la capacidad productiva de conjunto al servicio de llevar adelante un plan energético que no tenga como parámetro la rentabilidad de unos pocos, sino concibiendo a la energía como un bien social y un derecho humano.
  • Hace falta estatizar, sin indemnización, todo el sistema energético con control de los trabajadores y usuarios. Volcando los recursos a la reconversión hacia las energías renovables sustituyendo los hidrocarburos y desechando las termoeléctricas, las represas hidroeléctricas y las centrales nucleares que contaminan y atentan contra la salud.
  • Como medida urgente, auditar las tarifas cobradas ajustando los valores a aquellos que puedan ser pagados por las grandes mayorías.
  • Es imperioso indemnizar, por parte de las empresas, a los usuarios damnificados que en muchos casos hemos perdido bienes personales por el pésimo servicio eléctrico.
  • Abrir los libros contables de todas las empresas y poner en pie una Comisión Investigadora independiente. Que devuelvan con su patrimonio, cada centavo adquirido por sobreprecio, por licitaciones fraudulentas, por números dibujados o impuestos impagos. En otras palabras, que paguen con todo el peso de la ley el fraude y la corrupción.

Estas son algunas medidas que proponemos desde el MST en el FIT-Unidad como puente a una sociedad donde no prevalezca la sed de ganancia por sobre los derechos de las mayorías, donde todo sea decidido democráticamente de abajo hacia arriba. Peleamos por una vida de calidad para nosotros y para las futuras generaciones, es un derecho por el cual vale la pena luchar. Organicemos la energía por un mundo donde nuestras vidas valgan.

  1. Lapeña, J. (2020). Los problemas del sector eléctrico que los gobiernos no han resuelto. Instituto Argentino de la Energía «General Mosconi». Recuperado de http://web.iae.org.ar/recomendados/los-problemas-del-sector-electrico-que-los-gobiernos-no-han-resuelto/#.Xxp3iNJKjcc
  2. La reunión se llevó a cabo durante la tarde del miércoles 15, para “abordar conjuntamente una solución a la problemática de cortes en el servicio eléctrico”. Estuvieron presentes el interventor del organismo Federico Basualdo, con el subsecretario de Energía del gobierno de la provincia, Gastón Ghioni, las intendentas Mayra Mendoza de Quilmes y Marisa Fassi de Cañuelas, los intendentes Martín Insaurralde de Lomas de Zamora, Mariano Cascallares de Almirante Brown, Nicolás Mantegazza de San Vicente, Andrés Watson de Florencio Varela, Gastón Granados de Ezeiza, el intendente interino de Avellaneda, Alejo Chornobrof, el secretario de Planificación Estratégica y Medio Ambiente de Presidente Perón, Hernán Santana, el coordinador General de Alumbrado Público, Electromecánica y Obras Eléctricas de Berazategui, Sergio Faccenda, y los presidentes de la Comuna 4, Ignacio Álvarez, y de la Comuna 8, Miguel Eviner.
  3. Edesur exige $3000 millones en concepto de la tarifa social. La deuda corresponde a los 12 municipios donde se presta el servicio: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes y San Vicente.
  4. Departamento técnico, Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” (2020). Informe de tendencias energéticas | Junio 2020. Recuperado de http://web.iae.org.ar/documentos-iae/informe-de-tendencias-energeticas-junio-2020/#.Xxpej9JKjcc
  5. La Ley nº 23.696 de Reforma del Estado y la Ley nº 23.697 de Emergencia Económica sirvieron de base para la Ley nº 24.065 de reestructuración de todo el sector energético.
  • A través de los decretos 714/1992, 1323/1992 y 1507/1992 se llevó a cabo la constitución, se convalidaron actos licitatorios y adjudican acciones de las sociedades Empresa Distribuidora Norte S.A. (EDENOR S.A.) y la Empresa Distribuidora Sur S.A.(EDESUR S.A.).
  • Decreto  1192/1992 del 10 de julio de 1992, se constituyó la sociedad Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.
  • Mediante los decretoS 1795/1992 y 2449/1992, se constituye y adjudican un porcentaje del paquete accionario de la Empresa Distribuidora de Electricidad de La Plata (Bs. As.) EDELAP S.A.
  • A través de los decretos 2743/1992, 2943/1992 y 1343/1993 se dispuso la constitución y la venta de acciones de la Cia. de Transporte de Energía Eléctrica de Alta Tensión TRANSENER S.A.
  1. De Dicco, R. (2006). Encrucijada del sector eléctrico. Le Monde Diplomatique. Recuperado de https://www.eldiplo.org/088-la-guerra-antiterrorista-potencia-el-terrorismo/encrucijada-del-sector-electrico/
  2. Instituto Argentino de Energí­a «General Mosconi» (IAE) y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) publicado por el diario BAE. (Buscar)
  3. Jensen, S., Zamora, A. y Rimancus, P. (2019). Evolución de la matriz energética. Estrucplan. Recuperado de https://estrucplan.com.ar/evolucion-de-la-matriz-electrica-argentina/
  4. Ley 26.741: Declárase de Interés Público Nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos. Créase el Consejo Federal de Hidrocarburos. Declárase de Utilidad Pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A. Sancionada el 3 de mayo de 2012.
  5. Pampa Energía (2020). Perfil de la compañía. Recuperado de https://ri.pampaenergia.com/compania/perfil-de-la-compania/
  6. DESA (2020). Distribuidoras. Recuperado de https://desasa.com.ar/
  7. Ente Nacional Regulador de la Electricidad (2018). Informe anual. Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informeanual2018_final.pdf
  8. Ente Nacional Regulador de la Electricidad (2020). Tarifa social. Recuperado de  https://www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social-servicio-electrico-edenor-edesur
  9. Ministerio de Energía y Minería (2016). Precio mayorista de la energía eléctrica. Recuperado de https://www.minem.gob.ar/servicios/archivos/6886/AS_14817236511.pdf
  10. Ministerio de hacienda, Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico (2019). Resolución 14/2019. Recuperado de https://portalweb.cammesa.com/memnet1/revistas/estacional/res_srryme_14_2019.html
  11. Transener (2020). Estructura de la compañía. Recuperado de http://www.transener.com.ar/home-inversores/estructuradelacompania-inversores/
  12. Fraschina, S. (2019). Las empresas de energía aumentaron en promedio sus ingresos en 995% en los últimos tres años. Observatorio de políticas públicas Universidad Nacional de Avellaneda. Recuperado de https://gallery.mailchimp.com/219db79b15bd598643ad6537b/files/768f249e-8e97-472d-bbe7-80827a25a8d0/Infografi_a_Sector_Energe_tico.pdf
  13. El índice de cobrabilidad mensual (cantidad de facturas pagadas) se ubicó a fines de mayo en el 66%.
  14. Krakowiak, F. (2020). La deuda de las distribuidoras con CAMMESA llega a $100.000 millones. Econo journal. Recuperado de  https://econojournal.com.ar/2020/06/la-deuda-de-las-distribuidoras-con-cammesa-llega-a-100-000-millones/

 

 

 

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