Reforma judicial: ¿y la independencia?

En la Casa Rosada, el presidente ha presentado ayer, 29 de julio, los ejes de su reforma judicial. Los cambios que anunció no ponen fin a los privilegios de la casta judicial ni cumplen con lo que prometió: una justicia independiente del poder político. En contraste, la propuesta socialista.

Escriben: Gastón Baldomir y Pablo Vasco

La cuestión de la justicia es un tema de fuerte debate en nuestro país y más aún cuando se trata de investigaciones de delitos relacionados a la corrupción, lavado de dinero, narcotráfico, estafas, trata de personas, venta de armas y la lista sigue. Una gran franja de la sociedad ya no cree en las resoluciones de los jueces, en especial de los jueces federales, y mucho menos en que un político vaya preso por robar fondos públicos.

Tras varios meses de anunciado, el oficialismo envía su proyecto de reforma al Congreso para que lo debata y vote. Va primero a Senadores, donde el gobierno cuenta con los votos suficientes para aprobarlo sin cambios. Luego pasará a Diputados, donde aún no tiene los 129 votos necesarios. En plena pandemia mundial, crisis sanitaria y una acelerada profundización de la pobreza, el Frente de Todos pretende debatir algunas modificaciones a la justicia federal, pero no dice nada de debatir el impuesto a la riqueza ni la expropiación de Vicentín.

Algunas propuestas parecen apuntar a avanzar en investigaciones sobre la gestión macrista, no para desmontar la trama corrupta que salpica a toda la casta política argentina sino para negociar “devolución de favores” y pactos de impunidad. Desde esa perspectiva, la reforma presentada es más que insuficiente. Para no quedarnos en la mera negación vamos a pasar revista a las principales innovaciones que, al revés de lo que se anuncia, no alteran la esencia del actual Poder Judicial: dependiente del poder político, clasista, privilegiado y patriarcal.

Sobre los 7 puntos anunciados

“Sin justicia independiente del poder político no hay república ni democracia”. Alberto repitió la misma promesa de cuando asumió. Pero sus siete propuestas, mayormente de tipo organizativo, no tienen nada que ver con lograr esa necesaria independencia que tanto pregona. En una primera opinión sobre los anuncios, vemos lo siguiente:

1. Crea la justicia federal penal porteña, con 23 nuevos tribunales. Si bien hoy los 12 jueces federales de Comodoro Py concentran las causas de mayor impacto, que apuran o retrasan según el viento político, el tema no es cuántos juzgados las tramitan sino cómo.
2. Unifica el fuero criminal y correccional con el penal económico. Como a veces hay disputas por la competencia, unirlos podría servir. Pero igualmente la clave es otra: cómo funcionan.
3. Transfiere a la Ciudad de Buenos Aires las competencias sobre delitos no federales allí cometidos, transferencia que todavía estaba incompleta.
4. Unifica el fuero civil y comercial con el fuero contencioso administrativo. Como uno lleva causas entre privados y el otro causas contra el Estado, unirlos no pareciera muy útil.
5. Crece la justicia federal en las provincias, en base a un proyecto macrista: 94 juzgados y 85 fiscalías nuevas. Más burocracia, quizás buscando votos macristas a la reforma.
6. Reflota las pautas de actuación para los jueces de la Ley 27.146, suspendida por Macri a través de un DNU. Como son generalidades del estilo “ejercer sus funciones libres de interferencias”, más bien es fulbito para la platea.
7. Crea un consejo consultivo de juristas para que en 90 días lo asesore sobre otros cambios. Alberto le pone mayoría propia, incluido Carlos Beraldi, el abogado defensor de Cristina en varias causas por delitos de corrupción.

Si bien Alberto señaló que las investigaciones hoy en curso seguirán en manos de los mismos jueces, esa inclusión de Beraldi es una evidente señal política dirigida hacia Comodoro Py y hacia el conjunto de tribunales acerca de las causas por corrupción en las que están procesados funcionarios del kirchnerismo o pudieran estarlo a futuro.

En cuanto a la “independencia del poder político”, este proyecto no cambia realmente nada. Crea cargos y concentra fueros. Y aun si modificaran el número, los jueces de la funcional y parsimoniosa Corte Suprema los seguirá nombrando el presidente de la Nación con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes. Es decir, son y seguirán siendo puestos a dedo y como resultado de pactos políticos previos entre los viejos partidos del sistema.

A su vez, de aprobarse la “reforma corta”, como se la denomina entre los pasillos, asistiremos en las próximas semanas a una guerra de rapiña entre oficialismo y oposición para ver quiénes cubren la mayor cantidad de vacantes de jueces y fiscales.

Aportes para una verdadera reforma judicial

Necesitamos una reforma judicial real, exhaustiva y que apunte a modificar por completo el modelo indirecto de nombramiento de jueces y fiscales. Hay que poner fin a la designación a través del Consejo de la Magistratura, un organismo corporativo compuesto por representantes de diputados, senadores, Poder Ejecutivo, jueces y abogados, o sea claramente dependiente del poder político. Mientras haya Consejos no habrá una genuina “transparencia”, como prometió también Alberto.

Una reforma que de verdad se plantee democratizar el sistema judicial y hacerlo independiente debe terminar con dicho Consejo, que selecciona a jueces y que luego negocia con el Senado al mejor postor los cargos en Comodoro Py y en las provincias. Los fiscales también son designados por el Ejecutivo en una negociación con el Senado, a partir de una terna que le eleva la Procuraduría. Y lo mismo pasa a nivel de cada justicia provincial. Toda esa trama de privilegios debe ser cortada de raíz.

Es momento de poner fin a las designaciones a puertas cerradas y los títulos de nobleza al estilo del siglo XVI. En vez de las negociaciones en las alturas, la incidencia directa de las mayorías populares. En muchos países del mundo hay distintas variantes de participación social en la administración de justicia. Nuestra propuesta es que todos los jueces, juezas y fiscales del país se elijan mediante el voto popular, también la Corte Suprema, en fecha separada de las elecciones políticas. Sus mandatos no pueden ser vitalicios: deben tener una duración limitada y ser revocables en caso de mal desempeño. También deben pagar Ganancias como cualquier trabajador. Y es necesario depurar a todos los jueces federales y fiscales que hayan sido nombrados por la dictadura militar.

El otro mecanismo para democratizar la justicia existe desde 1853, pero no se implementa: los juicios por jurados populares, o sea integrados por vecinas y vecinos por sorteo. Deben hacerse realidad en todo el país y para todos los delitos con penas mayores a tres años de prisión. Junto con estas medidas, hay que aplicar una real perspectiva de género en todo el sistema judicial. Sólo así podríamos empezar a hablar de una justicia más independiente del poder político, más democrática y menos patriarcal que la actual.