Vicentín: Alberto cedió, los miserables festejan
El presidente derogó su decreto de intervención de la empresa agroexportadora. Al frente del grupo siguen los mismos miserables que estafaron a organismos públicos, pequeños productores y adeudan salarios a miles de trabajadores.
En un recule completo Alberto Fernández derogó su propio Decreto 522/2020, por el cual había ordenado el 9 de junio la intervención por 60 días a Vicentín y su posterior expropiación. El anuncio de abandono no mereció ni siquiera una conferencia de prensa: fue a través de un escueto comunicado vía redes sociales.
Tras el fracaso del publicitado “plan Perotti”, que pretendía constituir un fideicomiso sin la participación de los actuales directivos, Fernández señaló en un tuit que “el juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”. Y agregó: “No voy a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco a integrar un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”.
La decisión adoptada pone en riesgo a las y los trabajadores que se desempeñan en todo el grupo Vicentín. Además abre un gran interrogante sobre qué sucederá con su deuda acumulada por 400 millones de dólares a bancos públicos; a lo que se suma un monto similar de deuda impaga a productores, trabajadores y la AFIP, lo que más otras deudas privadas totaliza más de 1.500 millones de dólares.
Tras el anuncio, los peritos de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) expusieron algunos detalles del análisis de los libros de actas de Vicentín. Entre lo más destacable aparece que algunos directores integran también los directorios de otras empresas controladas o vinculadas, en un oscuro entramado societario. Otro dato clave es que a fin de agosto de 2018 los libros contables mostraban una importante ganancia anual de $ 1.880 millones y que el patrimonio neto era de $ 20.296 millones.
Por lo tanto, el supuesto “estado de crisis” anunciado por Vicentín a fines de 2019 fue una maniobra de fraude que contó con la complicidad de todo el directorio a la hora de realizar transferencias monetarias a otras empresas del grupo y una clara intención de hacer crecer la deuda. Por último, no hay noticias de los libros contables de 2019, una perla que seguramente expondría aún más este tipo de estafas que acostumbran montar los capitalistas.
La expropiación es la única salida
A hoy no quedan dudas de que Daniel Néstor Buyatti, presidente de Vicentín, junto a Sergio Nardelli y Máximo Javier Padoan, directores, son responsables del fraude. Vos te preguntarás, si ya está demostrada la estafa, ¿por qué siguen al frente de la empresa?, ¿no hay expropiación?, ¿qué habría que hacer?
En primer lugar, si siguen frente al directorio es producto de una política nacional derrotista que les ha entregado un triunfo en bandeja a los empresarios del agronegocio y el resto del sector privado. Una nueva marcha atrás, que se suma a la aceptación de los despidos en Techint, al uso de fondos públicos para pagar con ATP los altos sueldos de CEOs y al recule en aprobar el impuesto a las fortunas. Ni hablar de la sumisión a los buitres y su pretensión de seguir pagando la deuda externa, ilegítima y fraudulenta.
En segundo lugar, el proyecto de Alberto de un “capitalismo donde ganemos todos” demuestra sus límites insalvables, incluida la defensa de la propiedad privada y su negativa a expropiar a grandes grupos económicos. Pero sin expropiar Vicentín no se puede defender a sus trabajadoras y trabajadores ni lograr que el Banco Nación y demás organismos públicos junto a los pequeños productores recuperen lo que les adeudan.
Desde el MST en el FIT Unidad hemos señalado desde el primer momento que la crisis de Vicentín requería una medida contundente: “expropiación total sin ningún tipo de indemnización, estatizando toda su estructura productiva y poniendo a producir la empresa bajo control de sus trabajadores. Investigar todos sus negociados y hacer que paguen todas sus deudas con la banca pública, con productores y con los trabajadores mediante sus activos, cuentas de otras empresas y con los bienes de sus dueños”[1].
Por otro lado, la tan anunciada soberanía alimentaria no se puede resolver en los marcos capitalistas. Se necesitan otros, es decir, “que las y los trabajadores, las comunidades y pequeños productores planifiquen y decidan qué alimentos producir de acuerdo a las necesidades sociales de las mayorías, cómo producir de acuerdo a criterios de defensa del ambiente y la vida, cómo distribuir de acuerdo a las necesidades de la población y qué parte de esa producción exportar para que esos recursos vuelvan al Estado y a las poblaciones para otras necesidades populares… ninguna injerencia ni participación de corporaciones capitalistas”[2].
En un contexto mundial de crisis sanitaria, económica y social, los más ricos pretenden que los costos los paguemos los de abajo. Para sostener sus ganancias recurren a despidos, suspensiones, fraudes, paraísos fiscales y maniobras de todo tipo.
Ante los que pregonan la ideología del “más no se puede” y defienden un ilusorio “capitalismo humanizado”, las y los socialistas sostenemos que hay fuerza social real para avanzar en políticas de expropiación con control obrero, reforma agraria, nacionalizar la banca y el comercio exterior, entre otras medidas, para frenar el aumento de la desigualdad social, la contaminación y la propagación de nuevas pandemias.
Gastón Baldomir
[1] https://mst.org.ar/2020/06/10/vicentin-rescate-no-expropiacion-total-si/
[2] https://mst.org.ar/2020/06/29/vicentin-y-la-soberania-alimentaria-debates-y-propuestas/