Declaración de Mujeres y disidencias del Frente de Izquierda – Unidad

#8A: A DOS AÑOS DEL RECHAZO EN EL SENADO

¡EL ABORTO LEGAL NO PUEDE ESPERAR MÁS!

SEPARACIÓN DE LAS IGLESIAS Y EL ESTADO

Pañuelazo este sábado 8/8 a las 11hs frente al Congreso Nacional

En medio de la crisis sanitaria abierta por la pandemia del COVID-19 y la crisis económica, se cumplen 2 años del #8A, cuando senadoras y senadores de los partidos patronales del PRO, la UCR y el peronismo rechazaron  el derecho al aborto legal, frente a la #MareaVerde que movilizó a más de dos millones de personas en todo el país. El Congreso mostró su carácter antidemocrático y su subordinación a los sectores antiderechos ligados a las iglesias, frente a un movimiento que ganó el debate social en todo el país y fue apoyado por el movimiento de mujeres en todo el mundo.

Alberto Fernández, quien llamó denodadamente a abandonar las calles durante todo 2019, asumió el gobierno prometiendo la despenalización primero, y la legalización después, pero sigue gobernando con aborto clandestino. Pero, el proyecto prometido por el presidente sigue siendo secreto de Estado, aunque públicamente dicen que “ya está listo”, el movimiento de mujeres lo desconoce. El hecho de que su presentación rivalice con el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal es una señal de alerta para los millones que nos movilizaciones con la #MareaVerde. Más aún en la medida en que el gobierno de los Fernández refuerza los lazos con las iglesias, convocadas a jugar un rol de contención social en medio de una crisis que agrava las condiciones de vida de millones de personas y que afecta especialmente a las mujeres, las disidencias y los sectores más humildes de todo el país.

Lo ocurrido en la CABA, donde el gobierno de Larreta en acuerdo con los antiderechos y las iglesias  modificó la adhesión al protocolo ILE (Interrupción Legal del embarazo) incluyendo la objeción de conciencia institucional, deja en evidencia lo que ocurre si el gobierno nacional sigue dilatando el aborto legal.

El gobierno de Alberto Fernández no sólo es un aliado del Vaticano y la Iglesia Católica, sino también de las más derechistas iglesias evangelistas nucleadas en ACIERA, a quienes el presidente ya les concedió reiteradas reuniones. Por eso exigimos la separación de las Iglesias del Estado y la anulación de subsidios a toda la educación confesional, que suman más de 60.000 millones de pesos al año.

Mientras el presidente dice que el aborto no es prioridad, la pandemia del COVID 19 y las medidas de aislamiento social obligatorio profundizan los problemas de las mujeres y disidencias. Tenemos los trabajos más precarios, estamos en la primera línea expuestas a los efectos del virus y a millones de familias se les negó el IFE -situaciones que se agravan a medida que avanza la crisis económica. Crecen los casos de violencia de género, se multiplican los abusos en el seno del hogar y los embarazos no deseados y se mantienen el aborto clandestino y la criminalización. En todo el país los gobiernos en acuerdo con los antiderechos restringen el acceso a la ILE como ocurrió con la niña de 12 años, María, en Santiago del Estero. A dos años de la inmensa movilización de la ola verde en 2018, los partidos del régimen siguen empeñados en defender el aborto clandestino.

Como resultado, seguimos sin Educación Sexual Integral laica, científica y respetuosa de las diversidades, sin derecho al aborto legal y con un reforzamiento del oscurantismo clerical en todos los niveles del Estado.

No hay ningún impedimento para que el proyecto que ya existe, el de la Campaña Nacional por el Derechos al Aborto, se trate en un Congreso que está funcionando pero se reúne solo para votar leyes de entrega y sumisión de nuestro país al capital financiero internacional, los bonistas y el FMI.

Le decimos al presidente Alberto Fernández que el aborto legal sí es una urgencia, y que su dilación solo trae graves consecuencias para las mujeres y disidencias y favorece a los enemigos de nuestros derechos. Le decimos además que en medio del combate a la pandemia, la legalización no haría más que alivianar la carga del sistema de salud, liberarlo de la atención a las mujeres que padecen graves secuelas tras la práctica clandestina, y permitiría concentrar todos los recursos sanitarios en la atención del Covid. Ello debería ir de la mano de una política general que el gobierno se niega a tomar, y que parte de la unificación de todo el sistema de salud (público, privado y de las obras sociales) bajo control de sus trabajadores, un aumento presupuestario extraordinario para cubrir equipamiento y salario acorde para todos los y las trabajadoras y profesionales de la salud , y de la intervención estatal bajo control obrero de los laboratorios y todas las ramas de la industria vinculadas a la producción sanitaria.  Hoy más que nunca la clandestinidad del aborto es también un problema de salud pública.

Desde el Frente de Izquierda-Unidad llamamos al movimiento de mujeres y disidencias a seguir impulsando la #MareaVerde por el aborto legal y a organizarnos de manera independiente de los gobiernos y las iglesias. Por la aplicación de una ESI, laica, científica y con perspectiva de género, por la separación de la Iglesia del Estado. Impulsemos una gran jornada de lucha el #28S, Día de acción global por el derecho al aborto legal,  para que se apruebe de una vez por todas el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el aborto legal.

Este #8A decimos: ¡Nuestros derechos no pueden esperar más! Súmate al twitazo, inundemos las redes con los hashtag:

#AbortoLegal2020

#ConElProyectoDeLaCampaña

#AbortoLegalYa