Travestis y trans: a exclusión integral, solución integral

Desde hace un par de meses, en la Cámara de Diputados, la Comisión de Mujeres y Diversidad está haciendo reuniones sobre los proyectos sobre las personas trans/travestis. Después de grandes batallas y triunfos del colectivo LGBTI+ en la última década, hoy necesitamos no sólo un cupo laboral sino también una respuesta integral a las necesidades del sector cuyos derechos humanos son más vulnerados por el Estado.

Nuestro colectivo atraviesa una constante situación de emergencia. En lo que va de 2020 ya hubo 60 muertes, por ausencia del Estado o por trans-travesticidios, 47 de ellas durante la cuarentena[1]. Nuestra expectativa de vida oscila entre los 35 y 40 años de edad: la mitad del promedio social general. Y sobrevivir se reduce a la prostitución o la extrema precarización como única salida.

Históricamente, el Estado y sus instituciones reproducen y profundizan las condiciones de exclusión y vulnerabilidad extrema que nos afectan. Sus intereses no contemplan nuestras necesidades básicas. La estigmatización hacia nuestras identidades nos expone a la criminalización y la violencia institucional sistemáticas, sobre todo por parte de la policía, la justicia y las iglesias.

En 2012, con nuestra lucha conquistamos la Ley 26.743 de Identidad de Género. Pero ese derecho elemental a que el Estado nos reconozca tal como somos y queremos ser no basta para asegurar nuestra inclusión social real. Por eso urge generar políticas públicas para revertir la marginación socio-histórica de las personas travestis-trans y garantizar todos los derechos que se nos niegan, por ser, simplemente, disidentes de la cis-hetero-norma de este sistema capitalista y patriarcal.

Las personas trans a menudo somos expulsadas de nuestras familias desde temprana edad, se nos margina de la escuela, también del sistema de salud, luego del mundo laboral y por lo tanto del acceso a la vivienda, y si con suerte superamos los 40 años no tenemos ninguna cobertura social. Por eso, como nuestra exclusión es integral, en todos los ámbitos de la vida, reclamamos una respuesta de carácter integral.

Dos miradas contrapuestas

En el Congreso hay al menos 12 proyectos de ley presentados como intento de dar alguna respuesta a nuestras demandas. Pero la discusión gira centralmente en torno a dos posturas:

• La postura oficialista la expresa la diputada Mónica Macha (Frente de Todos), que preside la Comisión de Mujeres y Diversidad. Sólo plantean un cupo laboral del 0,5% al 1,5% en el Estado; otros proyectos incluyen un incentivo fiscal al sector privado para contratar y subsidios a emprendimientos productivos trans. Esta idea limitada al cupo laboral la apoyan la ministra Gómez Alcorta y los grupos más afines al gobierno, dispuestos a ceder (un “frente federal”, que incluye a Orgullo en Lucha: CHA, 100% Diversidad y otras).
• El otro proyecto es el de Ley Integral Trans[2], que presentó e impulsa la Federación Argentina LGBT, que integramos junto a ATTTA y más de 150 agrupaciones en todo el país. Mejorable como todo proyecto, propone un cupo laboral del 0,5% en toda la planta estatal (permanente, transitoria y contratada) y en las empresas del Estado; incentivo fiscal al sector privado y subsidios a cooperativas y proyectos productivos trans. Además dispone: programas de inclusión y terminalidad escolar; la garantía de acceso a la salud y la creación de centros especializados en identidad de género; un plan de acceso a la vivienda, y otra gran deuda con las personas travestis y trans: un subsidio reparatorio para mayores de 40 años (o sea, sobrevivientes)[3]. Más allá de nuestra divergencia puntual sobre los incentivos, este proyecto sí es una respuesta inclusiva completa para la comunidad trans. Es similar a la ley integral aprobada en Uruguay en 2019.

Algunos pretextos en contra de la ley integral son que “debe pasar por más comisiones”, que “involucra temas presupuestarios” y que el cupo “tiene mucho consenso”. Es todo verso: 1º) por cuántas comisiones pasa o no una ley es una decisión política, 2º) “temas presupuestarios” involucran ambos proyectos, y 3º) si es por “consenso”, al de ley integral lo firmaron más diputades y de más bloques que a los proyectos de cupo.

La vieja trampa de lo posible

Si bien el cupo sería un paso, el proyecto del gobierno está muy por detrás de la respuesta global que hace falta, ya que nuestras carencias exceden bastante al ámbito laboral. Tampoco es cierto que “la mejor estrategia es ir por la ley de mínima”, como dice la diputada Macha. La realidad y la historia nos demuestran a cada paso lo contrario. Para discutir un aumento de salario, ir por una cifra de mínima es entregarse de antemano a la patronal. Hoy lo necesario es ir por una ley trans de máxima, integral

Por eso compartimos las críticas de la Mesa Nacional por la Igualdad en la carta dirigida a sus diputades del FdT, en donde refutan la falsa excusa de lo posible que sostienen algunxs legisladorxs y grupos LGBTI con tal de ir por menos[4]:

• Cuando en 2010 luchamos por la ley de matrimonio igualitario, los sectores posibilistas proponían ceder y aceptar la unión civil. Pero logramos lo imposible.
• Cuando en 2012 luchamos por la ley de identidad de género, para hacerla posible querían excluir a les niñes y migrantes. Pero logramos lo imposible.
• Cuando ese mismo año se debatió la ley de reproducción humana asistida, querían excluir a las parejas del mismo sexo y personas solteras. Pero se logró lo imposible.
• Cuando en 2018 luchamos por la media sanción de ley de aborto, para hacerla posible querían excluir a las personas gestantes. Pero logramos lo imposible.
• Y lo mismo en los debates sobre la triple filiación, ya reconocida por el Estado por vía administrativa, o sobre la gestación solidaria.

“No nos vamos a conformar con ‘lo posible’. No nos vamos a resignar. No son tiempos para ‘lo posible’”, dicen con razón les compañeres de la Mesa. Y nosotres agregamos: cuando hay voluntad política y movilización, lo que parece imposible se vuelve posible.

La deuda es con nosotras y nosotres…

…no con la Iglesia y el FMI. Retomando esa consigna principal que decenas de organizaciones acordamos para la masiva marcha y el acto unitario porteño del último 8 de Marzo, hace poco desde la FALGBT cuestionamos el acuerdo del gobierno nacional con los bonistas-buitres extranjeros y los millonarios subsidios a la Iglesia Católica y los colegios religiosos. Y dijimos: “Creemos que la deuda prioritaria es otra. Por ello, instamos a los poderes públicos a revertir tal situación (el pago al exterior), investigar la legitimidad de la deuda y, en forma urgente, solicitamos al Congreso que debata y apruebe la ley integral trans que venimos reclamando”[5].

Hablando de prioridades y costos, es falso que implementar la ley integral sería muy caro:

• Primero, si se deja de pagar a los usureros extranjeros o si se destina una partida del impuesto a las grandes fortunas sobraría plata, no sólo para las travestis y trans sino para todo el pueblo trabajador. Además a las iglesias, que siempre transmiten discursos de odio hacia nuestro colectivo, hay que separarlas del Estado y dejar de subsidiar a todos sus colegios que se embolsan casi 60 mil millones de pesos al año que salen de nuestros bolsillos: esa plata también debe ir a las necesidades sociales.
• Segundo y principal, en realidad la aplicación del cupo laboral trans, el subsidio a mayores y las demás políticas públicas representa un porcentaje insignificante del gasto del Estado, pero resolvería en gran medida la situación concreta del sector social más vulnerable y postergado. Desde ya no se trata de restarles recursos a la atención del cáncer o al Covid, como mienten algunxs, sino a los fondos buitres, al FMI y a la Iglesia.

Ser una fuerza imparable

Desde Libre Diversidad y el MST asumimos el compromiso inclaudicable en la lucha por los derechos humanos de las travas y trans para conquistar una ley integral, entendida como acciones y programas que aporten al acceso y la permanencia de nuestros derechos en todos los ámbitos. A la vez, se deben cumplir las leyes vigentes. Denunciamos el faltante de hormonas que afecta la continuidad de los tratamientos, así como la postergación de cirugías, incumpliendo la ley de identidad. Esto ya era un problema con Macri y, aunque Salud volvió a ser Ministerio, lo sigue siendo ahora con Ginés que quiere retacear el PMO[6]. Y por supuesto, exigimos que se aplique una ESI laica, científica y no binaria, para educar en la diversidad y combatir desde las niñeces el odio antiderechos.

Como dijimos antes, las travestis y personas trans estamos en situación de emergencia. Aprobar la ley integral sería una gran conquista y un nuevo piso de derechos para seguir avanzando. Tenemos la convicción y la fuerza militante suficiente para hacerlo, como ya lo hemos demostrado. Gritemos bien fuerte: ¡las vidas trans importan!

A la vez, la opresión estructural que vivimos requiere ir más allá. Este sistema capitalista, patriarcal y clerical defiende los negocios de los empresarios y las iglesias, discrimina y reprime nuestras vidas y nos somete a la miseria. Por estas razones invitamos a todes les activistas LGBTI+ a ser parte de esta lucha por la ley integral trans y también por dar vuelta todo.

Keili González, Justo Kunzi y Amiro Lenzi Colman (Entre Ríos); Sol Pereyra (Santa Fe), Mónica Aguirre, Preta Campos, Sol Cardozo, Avril Ortiz, Miriam Soledad Díaz, Stefanía Córdoba, Jorgelina Maniero, Flavia Páez, Gabriela Gauna, Lorelei Malmoria, Mia Nicole Villalba, Jorge A. Pérez, Mía Enrique, Gabriel Gerez, Salomé Piedrabuena y Nina Mehaudy (Pcia. de Buenos Aires); Leoné Deian Peñas y Ale Hernández (Córdoba); Aymar Pons Estel, Roma Toffanin Mendoza, Madeleine Jarrin y Agustín Arrieta (CABA); Ian Carosio (La Pampa)

Libre Diversidad-MST

[1] Datos del Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal (padrón autogestionado, ya que el Estado no cuenta con cifras oficiales).

[2] Ver proyecto en http://www.falgbt.org/wp-content/uploads/2016/12/Nacion-Ley-Integral-Trans-.pdf

[3] Del monto de una jubilación mínima.

[4] Facebook de la Mesa Nacional por la Igualdad, 26/8/20.

[5] Facebook de la FALGBT, 4/8/20.

[6] Programa Médico Obligatorio, que debe cumplir todo el sistema de salud: pública, obras sociales y prepagas.