Cupo trans: un avance parcial, fruto de la lucha

El 3 de setiembre, Alberto Fernández decretó destinar un cupo laboral de al menos 1% del sector público nacional a personas travestis, transexuales y transgénero. Nuestra valoración sobre este avance, su relatividad y las necesidades pendientes.

Primero hay que evaluar objetivamente la medida, como lo que es: una conquista en materia de inclusión social, la cual a su vez es resultado de la lucha del colectivo travesti-trans durante muchos años. Recordemos que, por las condiciones de exclusión, el promedio de vida es apenas de 35 a 40 años: la mitad de la media social. Por eso repudiamos algunas voces de la derecha política y religiosa que cuestionan el cupo.

Es este reclamo básico sostenido desde hace tanto tiempo por todo el movimiento LGBTI+, y en especial por las travestis y personas trans, lo que terminó empujando al gobierno nacional. La rebeldía y la persistencia de activistas pioneras que le pusieron el cuerpo a esta lucha, como Pía Baudracco, Diana Sacayán, Lohana Berkins y otras compañeras, abrió el camino por el cupo laboral tras. Y la marea disidente juvenil que desde 2015 creció al calor de la ola verde fortaleció que dicha demanda esté en agenda.

Además, el cupo trans ya es ley en varias provincias, municipios y entes del Estado, en donde fue avanzando de manera desigual. Y a esto hay que sumarle que en la Cámara de Diputados ya se había empezado a debatir la decena de proyectos de ley presentados. Es decir, la necesidad de dar respuesta a las demandas de la comunidad travesti-trans se presentaba como urgente y más aún en un contexto de crisis.

La coyuntura política general no es propicia para el gobierno nacional: hay un descontento social creciente por la malaria económica, la suba de contagios, la violencia policial y los problemas ambientales. En ese marco conflictivo, el gobierno necesitaba mostrar alguna medida de corte progresista en cualquier área. Por eso creemos que no cabe ninguna utilización política ni simbólica oficialista del cupo laboral trans, una bandera legítima que nació de la necesidad y de la movilización del propio colectivo.

Las limitaciones del decreto

Con este logro del Decreto 721, miles de compañerxs travestis-trans pueden pensar un futuro en mejores condiciones. Por eso nos abrazamos, celebramos y exigimos su real aplicación. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, junto con la Secretaría de Gestión y Empleo Público, dictará la reglamentación. Pero el decreto tiene limitaciones importantes. A saber:

• Por el carácter mismo de la norma dictada, un decreto del Poder Ejecutivo, el cupo laboral trans dispuesto no tiene fuerza de ley y por lo tanto puede ser derogado por cualquier futuro gobierno.
• El art. 1º avala la precarización laboral: “dicho porcentaje deberá ser asignado a las mencionadas personas en cualquiera de las modalidades de contratación vigentes”. En vez de dar ejemplo en cuanto a estabilidad laboral, el Estado es el principal precarizador, desde planta transitoria hasta contratos de locación de servicios. Correspondía que sea planta permanente, como garantía de continuidad.
• El art. 6º dispone la creación de un registro de travestis-trans aspirantes al empleo estatal. Pero la anotación allí es voluntaria. Es decir, no impide la práctica de paracaidistas y favoritismos políticos, tan comunes en el Estado.

• El decreto de Alberto tampoco incluye ningún mecanismo de participación social, para que las organizaciones del colectivo travesti-trans podamos llevar a cabo un control de su aplicación efectiva, sin obstáculos burocráticos ni privilegios.

• Lo esencial: el decreto sólo da cuenta, y parcialmente, del tema empleo. Pero la exclusión y la violencia social e institucional que sufrimos las travestis y personas trans abarcan desde la niñez y la adolescencia hasta la adultez. O sea, es integral en toda edad y en todo ámbito: educación, salud (incluida la falta de hormonas y reactivos para VIH), vivienda, trabajo, jubilación o pensión, etc. De allí que la respuesta inclusiva y reparadora que nos debe el Estado debe ser también integral.

Vamos por la ley integral trans

En sus considerandos, el decreto de Alberto reconoce que “las personas travestis, transexuales y transgénero continúan teniendo dificultades para disfrutar del efectivo ejercicio del derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, así como también a la protección frente al desempleo” y que “sus trayectorias de vida están atravesadas por la estigmatización, criminalización y patologización sistemática por una gran parte de la sociedad y de las instituciones”. Pero a renglón seguido no da respuesta al conjunto de temas ni a esa exclusión sistemática.

Lo que necesitamos es una respuesta integral. Una ley a la medida de nuestras necesidades, no la que le venga bien al gobierno y al Estado. Por eso apoyamos el proyecto de Ley Integral Trans que presentó e impulsa la Federación Argentina LGBT, que integramos junto a ATTTA y más de 150 agrupaciones en todo el país.

Además del cupo laboral en toda la planta estatal, el proyecto de la FALGBT dispone programas de inclusión y terminalidad escolar; la garantía de acceso a la salud y la creación de centros especializados en identidad de género; un plan de acceso a la vivienda, y otra gran deuda con las travestis-trans: un subsidio reparatorio para mayores de 40 años. Pese a nuestro reparo puntual al incentivo fiscal al sector privado para contratar personas trans, este proyecto es una respuesta inclusiva completa.

Esta es nuestra pelea y para darla nos organizamos. El cupo laboral es un paso, pero seguimos en situación de emergencia. Para el Estado, la policía, la justicia, la Iglesia, siempre estamos al final de la fila, discriminadas, violentadas. Por eso, exigiendo que se aplique el cupo e impulsando la ley integral, seguimos flameando nuestras banderas hasta conquistar la igualdad real y el cambio social que hacen falta. Te invitamos a sumarte a nuestra agrupación para ir por todo lo que nos merecemos.

Libre Diversidad-MST