Un megaplan que no es seguridad, sino represión
El sábado 5, el diario Página 12 publicó “Las ocho claves del Programa de Fortalecimiento de Seguridad del Gobierno”, en donde describe el megaplan que el día anterior lanzó Alberto Fernández para el conurbano bonaerense. Aquí, el porqué de nuestro rechazo y una contrapropuesta con sentido social.
Si volcamos en un simple cuadro el detalle de esas “ocho claves”, basta con una rápida mirada para constatar que el verdadero objetivo del megaplan no es combatir la inseguridad, como anunció el presidente, sino que en lo fundamental es represivo. Salvo que considere, como Patricia Bullrich, Sergio Berni o el ingeniero Blumberg, que la solución esencial frente al problema de la falta de seguridad es la mano dura: saturar el Gran Buenos Aires con más policías, más gendarmes, más armas y más cárceles de las que ya hay.
| Rubro | Detalle | Costo |
| 1. Policía | Formar 10.000 nuevos agentes en 18 meses, destinados a las “paradas seguras” | (a futuro) |
| 2. Equipamiento | Armamento y municiones, 2.000 nuevos móviles, cámaras de seguridad, tecnología analítica y chalecos antibalas | 10.000 millones |
| 3. Infraestructura | 12 nuevas cárceles con 5.000 plazas: dos de mil c/u y 10 alcaidías con 300 c/u | 12.800 millones |
| 4. Infraestructura | Terminar la primera etapa del penal Agote, en Mercedes, con 1.148 plazas | 3.234 millones |
| 5. Infraestructura | Obras de refacción y ampliación en 96 comisarías de 24 municipios | 3.072 millones |
| 6. Fuerzas federales | Desplegar otros 4.000 gendarmes | 3.780 millones |
| 7. Paradas seguras | Instalar 4.000, con cámara domo, botón antipánico, comunicación a centro de monitoreo, wifi y reconocimiento facial | 3.370 millones |
| 8. Centros de aislamiento Covid | Instalar 19 en 14 municipios, con 465 camas y equipamiento | 1.425 millones |
| Total | 37.681 millones |
Con excepción del rubro 8, los centros de aislamiento para el coronavirus, que además por su propia definición no deberían estar bajo el control policial sino del Ministerio de Salud y sus agentes sanitarios, todo el megaplan está destinado a fortalecer la represión policial y carcelaria.
Con respecto a los puntos 3 y 4, si bien es cierto que del total de 48.565 personas detenidas en la Provincia de Buenos Aires 5.471 hoy lo están en comisarías, lo cual es totalmente ilegal, la solución no es abrir más penales para trasladarles allí sino liberar a quienes están en prisión preventiva por delitos menores y sin condena, o sea que para la justicia son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Según los informes oficiales[1], en esa injusta situación se encuentra la mitad de las y los detenidos. Se ve que Alberto prevé seguir elevando la tasa de encarcelamiento, que en nuestro país viene creciendo desde el 2001 en adelante.
En cuanto a los puntos 1, 2 y 6, significan un fortalecimiento directo del aparato represivo. En concreto, desplegar 10.000 policías y 4.000 gendarmes más implica duplicar el número ya existente en el GBA. Con semejante nivel de militarización, dicha región se iría a unos mil efectivos armados cada cien mil habitantes, casi el triple de los 300 que es el standard promedio que plantea la ONU.
Por cierto, todavía no terminó el tironeo entre los intendentes y la Provincia por el control de la formación y la distribución de esos nuevos policías. Pero el eje del problema no es ése, sino creer que más cana puede ser sinónimo de seguridad cuando más bien es lo contrario. La ministra Frederic y el propio Alberto al lanzar este plan reiteraron lo que ya es sabido en el mundo antero: que la causa básica de la delictividad es la desigualdad social. No obstante, su respuesta se limita a más represión.
Si los 37.700 millones de pesos -o 500 millones de dólares- que por ahora cuesta este plan de “seguridad” el Estado en cambio los volcara a construir viviendas populares de 51 metros cuadrados en terrenos fiscales, a un costo promedio de 25.000 dólares[2] cada una equivaldrían como mínimo a 20.000 nuevas unidades. Esta solución social no sólo permitiría garantizar un techo digno para unas 80.000 personas, sino que, a razón de 2,5 empleos por cada unidad dado el efecto multiplicador de la construcción, crearía 50.000 nuevos puestos de trabajo mediante autoconstrucción o cooperativas.
Como conclusión, la disyuntiva es bastante simple. El gobierno que no construye vivienda considera delito a las tomas de terrenos por gente que carece de techo. Por esa razón, entre otras expresiones del descontento popular que viene creciendo, prepara medidas represivas. Nuestra propuesta, por supuesto, es exactamente la contraria.
Pablo Vasco
[1] SNEEP (Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
[2] El diario La Nación (1º/9/20) estima el actual costo promedio de construcción por metro cuadrado en 467 dólares, en edificio. Si consideramos que la masividad de un plan público y la construcción en planta baja son dos factores que abaratan, estimar un costo de 25.000 dólares por unidad es incluso superior a lo real.