Córdoba: avanza la criminalización a la protesta estudiantil
La Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento de los 27 estudiantes perseguidos por la toma del Pabellón Argentina en defensa de la universidad pública realizada en 2018. Con esta resolución se avanza en criminalizar la lucha estudiantil y se sienta un peligroso precedente donde la Justicia tendría injerencia en los conflictos universitarios.
El tribunal argumenta que se puede avanzar en el juicio del crimen de usurpación por despojo, ya que, según ellos entienden, el conflicto ya había sido resuelto, desconociendo que el mismo no era solo por salario docente, sino que incluía una serie de reivindicaciones como pedido de aumento de presupuesto, becas, aulas y extensión del alcance del comedor universitario, entre otros. Esta resolución es tomada por los jueces Graciela Montesi, Eduardo Ávalos y José María Vélez Funes quienes rechazaron de forma unánime las apelaciones presentadas por la defensa de los estudiantes.
El prontuario de los jueces
Sorprende la celeridad con la que este caso avanza en la misma justicia que es incapaz de resolver sobre otros casos como el de la empresa contaminante Porta Hnos, que también está dentro de la jurisdicción del Tribunal en manos de Graciela Montesi y Eduardo Ávalos. Queda en evidencia que para esta Jueza una toma estudiantil de poco más de 30 días es considerablemente más grave que la contaminación y los daños irremediables a la salud que los vecinos vienen denunciando desde hace más de 8 años.
Otro dato no menor son los antecedentes antiobreros de la magistrada, quien rechazó el recurso de amparo interpuesto por los trabajadores de la fábrica militar en 2018 argumentando que, si bien era evidente la relación laboral y la violación de normas nacionales, no se podían pronunciar por el reconocimiento de la misma y el pedido de reincorporación.
Párrafo aparte se merece el Juez José María Vélez Funes quien como miembro de la Cámara Federal revocó el fallo que frenaba los aumentos de gas realizados por el macrismo en 2016.
Más que antecedentes estas son algunas menciones de un más que cuantioso prontuario que acompaña a quienes hoy poseen el aval institucional para juzgar a quienes luchan por aumento de presupuesto para la educación.
¿Y ahora?
El paso siguiente es, posiblemente, una elevación a juicio, la primera hipótesis es que intentarían acelerar la causa y realizarlo de manera virtual para evitar la presión social sobre esta medida anti democrática.
Los procesamientos, impulsados por el Juez Vaca Narvaja, miembro de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, buscan juzgar las acciones realizadas en el marco de la rebelión estudiantil de 2018, que denunció el escaso presupuesto que el macrismo otorgaba a la universidad pública. La Justicia Federal dice que este conflicto ya había sido resuelto, sin embargo los datos muestran lo contrario: en 2020 no hubo aumento de presupuesto para las universidades y, como contracara, el gobierno de Alberto Fernandez se apronta a negociar el pago de deuda al FMI, mientras envía cartas que reconocen lo acertado del recorte del gasto realizado por Macri entre 2017 y 2019. Es decir, nuevamente la educación pública está en riesgo.
Frente a esta alarmante situación nuevamente el Rectorado en manos de Hugo Juri se mantiene inerte dejando que la Justicia corra y criminalice estudiantes acusándolos de un delito excarcelable pero cuya pena contempla de 3 meses a 6 años de prisión. El mensaje es claro y unánime por parte del Gobierno, la Justicia y el Rectorado: a quienes reclaman sus derechos, castigo.
Julieta Alonso referente de la agrupación estudiantil La Marea- MST y procesada por defender la educación expresó: “En un contexto nacional donde el ajuste, el desempleo y la miseria crecen de manera proporcional a los casos de coronavirus es evidente que fortalecer el aparato represivo es una política de todos los gobiernos. La manera de enfrentar estos intentos de aleccionarnos es llevando adelante una profunda campaña unitaria con todas las organizaciones estudiantiles, políticas, sociales y de derechos humanos en contra del procesamiento a los 27 estudiantes de la UNC. Este no es solo un ataque a nosotres sino al conjunto del movimiento estudiantil y al conjunto de les luchadores”
Franca Condorí Bazán