¿Puede colapsar el sistema de salud?
La flexibilización prematura del aislamiento social y el no haber fortalecido los servicios sanitarios, son las dos variables que jaquean al sistema de salud y agigantan el fantasma de un colapso. Hay una heroica barrera humana que lo viene impidiendo, poniendo en riesgo su propia vida. Urgen medidas sociales, sanitarias y para cuidar a los que cuidan.
Escribe: Guillermo Pacagnini
La pandemia del Covid-19 puso al desnudo la crisis de los sistemas sanitarios de los diferentes países. Los planes de austeridad y las políticas privatizadoras minaron sus defensas: la pandemia los colapsó. Los países con peores indicadores de evolución sin dudas son los que enfrentaron la contingencia con modelos privados, como los EEUU, o mixtos como los europeos, donde lo público se debilitó a ultranza. El sector público en nuestro país también puede perder la batalla. Resistió la ola privatizadora neoliberal, pero quedó lejos de aquél sistema financiado desde rentas generales, gratuito y universal. Emergió desfinanciado por los ajustes, fragmentado (con un sector privado en expansión) y con el equipo de salud desjerarquizado en salario y condiciones laborales. Con estos graves problemas estructurales enfrentó la pandemia. La política de Fernández y Ginés, más allá de los discursos, siguió la tónica de los demás gobiernos del planeta: ante la crisis económica y sanitaria: privilegiar las ganancias capitalistas a expensas de la salud del pueblo trabajador.
Decisiones políticas que empujan al colapso
Las exposiciones magistrales y exitistas del presidente caducaron. Pasaron muchos contagios, muertes y medidas de ajuste. Y la curva, lejos de achatarse nos colocó en el top ten mundial. La primera decisión criminal fue liquidar la cuarentena con dos decisiones claramente antisanitarias: abrir ramas de producción y servicios que no eran esenciales estimulando la circulación comunitaria. Y no apuntalar el aislamiento con una malla social para que la gente pudiera «quedarse en casa» sin ver peligrar su fuente de trabajo, perder parte del salario o no tener un subsidio universal si estaba desocupado. El presidente y los gobernadores fueron abriendo la compuerta y obligando a la población a salir, exponerse al riesgo para poder comer. Encima, adoptaron como eje publicitario transferir la responsabilidad a la población.
La segunda decisión también fue antisanitaria. Se negaron sistemáticamente al testeo masivo. Con argumentos inverosímiles, combatieron a quienes, desde la izquierda, el sindicalismo combativo y algunas corrientes sanitarias, planteamos que con testeos masivos se podía tener un mapa sanitario real (y no con subregistro como ahora), levantar una barrera sanitaria más selectiva y focalizar la circulación del virus. Hoy ya nadie discute. El propio gobierno negacionista lo admite pero no lo hace. Sigue siendo bajo el índice de testeos.
La tercera decisión fue negarse a fortalecer el sector público y avanzar hacia un sistema único. Nunca el gobierno dispuso un aumento presupuestario drástico para superar el remendó déficit de recursos. Luego de sistemáticos reclamos provenientes de la primera línea, llegaron de manera irregular los elementos de protección y partidas de insumos. Se reforzaron en parte las camas críticas, pero sin el personal y la infraestructura correspondientes. Y la incorporación de personal de salud fue harto insuficiente y en condiciones precarias. A modo de ejemplo, en territorio bonaerense se reclamaron 2500 profesionales y solamente 650 se incorporaron a lo largo del año.
La negativa a avanzar a una medida tan estratégica como urgente –el sistema único de salud- ha impedido optimizar recursos ya que el sector privado sigue manejando a su gusto y en función de sus ganancias el 65% de la capacidad instalada. Y lo más grave: el Estado lo sigue subsidiando. Un crimen sanitario.
Consecuencias de la saturación del sistema
La apertura de la cuarentena en medio de la mayor circulación del coronavirus sobredemanda al sistema, potenciando todos sus problemas estructurales, y sobrecarga laboralmente. Un primer efecto deriva en el descontrol y muerte de pacientes de otras enfermedades distintas al Covid-19 que, en circunstancias normales, podrían haberse prevenido.
Un segundo efecto es la saturación de las instalaciones. Los datos de ocupación de camas al 70% en las áreas más comprometidas no se condicen con la realidad ya que toman como punto de referencia la totalidad de camas agregadas. Pero muchas de ellas no cuentan con el personal de enfermería o médico correspondiente o con la aparatología. Por ello, en los hospitales de las zonas más críticas el índice real de ocupación va desde el 85 al 100%. Al punto que varios comités de bioética han comenzado a elaborar protocolos para tiempos de colapso, cuando haya que seleccionar pacientes para asignar un respirador. Un indicador de la gravedad de la crisis que se empezó a evidenciar en algunas provincias.
El tercer efecto es en quienes ponen el cuerpo en la trinchera. Más de un tercio del total de contagios producidos en la clase obrera corresponde al equipo de salud. Pese al subregistro, sabemos que son más de 31.000 los que han contraído el virus en todo el país y 120 los fallecidos. Cada trabajador que fallece, no solo es un golpe emocional muy fuerte para toda la planta, sino una incalculable pérdida de mano de obra calificada. Más 30% son enfermeras, el 20% médicos, luego siguen los camilleros y el personal de limpieza. Aquí también la responsabilidad de los gobiernos es indelegable: no se reforzaron las plantas y se negaron sistemáticamente las licencias para los grupos de riesgo. Contagios y muertes evitables, sin duda.
La pandemia no solo viene a agregar un factor más de riesgo para el equipo de salud. Se trata de una bisagra que dejará secuelas, más allá del estrés postraumático y que agravarán el desgaste laboral prematuro preexistente que marcaba una incidencia de enfermedades mayor en este sector laboral que en la media de la población.
Qué hacer en la emergencia
Se ha perdido tiempo y vidas. Sin la vacuna a corto plazo por la misma responsabilidad de los gobiernos capitalistas que ajustaron por décadas los presupuestos para ciencia y técnica, el programa de medidas de emergencia y de fondo que propusimos desde la izquierda, tienen vigencia y urgencia.
En lo inmediato proponemos medidas sociales para poder garantizar un aislamiento real, que baje el riesgo de contagio de la gente y disminuya la presión sobre el sistema de salud. Ese aislamiento solo será posible con prohibición de despidos, suspensiones y rebajas salariales penalizando a la empresa que no cumpla y estableciendo un subsidio universal al desocupado y monotributista de 50.000 pesos.
Hay que triplicar el presupuesto sanitario en todas las jurisdicciones. En el presupuesto nacional que se discute ahora, salud no puede tener menos que el 15% del PBI como un paso hacia un sistema que funcione enteramente financiado desde rentas generales a cargo del Estado y basado en fuertes impuestos a los ricos y corporaciones, y al no pago de la deuda.
Se necesita un plan de testeos masivos en la población y el personal esencial. Comités de crisis con participación de los trabajadores, con protocolos de bioseguridad discutidos democráticamente en establecimientos de salud y todas las ramas que estén en actividad.
Realizar una amplia convocatoria para aumentar los planteles sanitarios con plenos derechos y salarios acordes. Implementar un plan de jerarquización global de las y los trabajadores bajando la exposición al riesgo y combatiendo el poliempleo. Elementos de protección y licencias para todos los grupos de riesgo.
Planteamos la declaración de utilidad pública sujetos a expropiación de todos los insumos y la capacidad instalada del sector privado, y poniendo en marcha la producción pública para responder a la contingencia. Reconversión industrial para proveer insumos y respiradores. Establecer un sistema único de salud estatal, universal y gratuito. Para garantizar un shock en la oferta de prestaciones universales y absolutamente gratuitas para todxs.
a
Son las primeras medidas de emergencia que venimos reclamando desde el inicio de la pandemia. Son parte de una estrategia hacia un cambio radical, de fondo: un sistema único que avance hacia la socialización completa, hacia un modelo socialista de salud.