¿“Tomar terrenos es delito”? Propiedad de la tierra, un privilegio de clase
Entre tomas de tierras para vivir y quemas de humedales para usurpar bienes comunes, damos aquí una mirada sobre la propiedad de la tierra en nuestro país. Desde la conquista de América y la campaña de Roca hasta hoy, la alianza entre la espada y la cruz al mando del Estado sigue marcando la apropiación clasista del territorio.
Escribe: Jeanette Cisneros
Se estima que dos millones de originarios habitaban nuestro territorio cuando llegaron los españoles. Desde ese momento, el avance de las clases dominantes para instituir su propiedad privada a gran escala tuvo diferentes momentos. La corona española y sus enviados, guerra y evangelización mediante, se hicieron propietarios del continente y sus riquezas.
Como producto de las reformas borbónicas, hacia 1776 lograron instaurar aquí el Virreinato del Río de la Plata. Su objetivo era imponer su modo de producción, fortalecer el “orden” en las zonas urbanas con ayuda de la Iglesia Católica y abrir un punto de exportación a través del puerto de Buenos Aires. Pero estaban rodeados de comunidades originarias hacia el norte y el sur. En ese momento se extiende la hacienda como unidad productiva y vuelve la resistencia indígena. La manera de apropiación terrateniente era muy particular: alambrar hasta donde se pudiera ver en el horizonte…
De haciendas y latifundios
Para inicios del siglo XIX, luego de la Revolución de Mayo y la Independencia, las clases dominantes tuvieron un nuevo desafío: la construcción del Estado-nación. Una de sus primeras necesidades era deshacerse de los “salvajes” originarios. Los verdaderos dueños de las tierras no tenían derecho a las mismas: los consideraban “violentos” por el simple hecho de tratar de recuperar lo que otros les habían robado.
Así se justificó un genocidio sobre las comunidades originarias con diferentes Campañas del “Desierto” que no era desierto. En 1826 el gobernador Bernardino Rivadavia ordenó limpiar la pampa de los indios ranqueles que no respetaban la propiedad privada. En 1833 Juan Manuel de Rosas mandó a asesinar a miles de originarios. A partir de 1869, la conquista se concretó con el accionar militar del gobierno de Nicolás Avellaneda y su ministro Julio A. Roca.
“El régimen de Rosas tendió a favorecer la gran concentración de la propiedad en unos pocos. En 1830, 980 propietarios ocupaban 5.516 leguas cuadradas (14.893.200 hectáreas) de tierra en la provincia de Buenos Aires; de éstos, 60 monopolizaban casi 4.000 leguas cuadradas (10.800.800 hectáreas), es decir, el 76,36 % de aquella. En 1840: sólo 450 estancieros poseen más de 5.500 leguas cuadradas (14.850.000 hectáreas)”1.
La ley de premios, dictada en 1885 con motivo de esa misma campaña, aseguraba a los militares que participaron en ella una determinada extensión según su grado jerárquico. Los herederos de Adolfo Alsina recibieron 15.000 hectáreas; cada jefe de frontera, 8.000; los jefes de batallón, 5.000; los sargentos mayores y jefes de plana, 4.000; los capitanes, ayudantes, tenientes primeros y segundos, 2.000; los subtenientes, alféreces, etc., 1.500 hectáreas, y cada soldado 100 hectáreas.
No quedan dudas de la responsabilidad del Estado en dos sentidos. Primero, en garantizar la acumulación del capital por medio de la apropiación privada de las tierras que hasta entonces estaban en manos del Estado. En segundo lugar, la instauración del Estado-nación no se puede explicar sin el avance de las fuerzas armadas, en aquel momento el Ejército.
Por esos tiempos, el genocida Roca afirmaba: “Los indígenas han probado ser susceptibles de docilidad y disciplina. En lugar de masacrarlos para castigarlos sería mejor aprovechar esta cualidad actualmente enojosa. Se llegará a ello sin dificultades cuando se haga desaparecer ese ser moral que se llama tribu. Es un haz bien ligado y poco manejable. Rompiendo violentamente los lazos que estrechan los miembros unos con otros, separándolos de sus jefes, sólo se tendrá que tratar con individuos aislados, disgregados, sobre los cuales se podrá concretar la acción. Se sigue después de una razzia como la que nos ocupa, una costumbre cruel: los niños de corta edad, si los padres han desaparecido, se entregan a diestra y siniestra. Las familias distinguidas de Buenos Aires buscan celosamente estos jóvenes esclavos para llamar las cosas por su nombre”2.
Todavía al día de hoy comunidades originarias en todo el país siguen reclamando la restitución de sus tierras ancestrales, apropiadas a sangre y fuego.
Concentración y extranjerización
El impacto de la apropiación violenta que vemos en la historia de nuestro país se repite a lo largo de toda América Latina. Con la acción sucesiva de la colonización, la conformación de los Estado-nación y la impunidad del saqueo sostenida por las dictaduras militares, la distribución de la tierra rural y urbana mantiene una desigualdad estructural. En promedio, en nuestro continente el 1% de los propietarios concentra el 51% del territorio3.
A su vez, otro informe de 2017 detallaba los diez principales terratenientes en nuestro país, ilustrando al mismo tiempo el proceso de concentración y extranjerización de la tierra4:
Grupo Benetton (Italia): 900.000 hectáreas, administradas por la empresa Compañía de Tierras del Sud Argentino. Negocios ganaderos, forestales y mineros.
Grupo Walbrook (Gran Bretaña): 600.000 hectáreas, administradas por la empresa Nieves de Mendoza.
Lázaro Báez (Argentina): 470.000 hectáreas en 25 estancias en Santa Cruz. Todas estas propiedades fueron compradas entre 2008 y 2015.
Familia Sapag (Argentina): 420.000 hectáreas en Neuquén. Esta familia gobierna la provincia y casi todas sus intendencias, ocupan cargos en la Legislatura local y el Congreso nacional. Además controlan allí la obra pública, la construcción y la minería.
Familia Menéndez (Argentina): 400.000 hectáreas, en Santa Cruz y Tierra del Fuego. Una rama de esta familia es dueña de La Anónima S.A., empresa que realizó la limpieza étnica del extremo sur de la Patagonia argentino-chilena, propiedad de la familia Braun-Menéndez-Reynal.
Grupo Heilongjiang Beidahuang (China): 330.000 hectáreas. El proyecto chino incluye la siembra de soja en todos esos campos, ahora frenado por un amparo judicial.
Familia Zingoni-Arze (Argentina): 250.000 hectáreas, en Neuquén. Negocios ganaderos.
Familia Ochoa-Paz (Argentina): 180.000 hectáreas. Negocios ganaderos y turísticos.
Minera Vale (Brasil): 160.000 hectáreas, en el sur de Mendoza y norte de Neuquén, donde se localizan las concesiones del proyecto megaminero Potasio Río Colorado.
El Palauco S.A. (Argentina): 150.000 hectáreas, en Bardas Blancas, Sierras de Palauco y Laguna Llancanelo (sur de Mendoza). Negocio de talaje forestal.
Ayer, la Conquista del Desierto arrasó y se apropió de miles y miles de hectáreas. En los ’90, Benetton adquirió otra enormidad de tierras fiscales al valor de una hamburguesa en su país por hectárea. La extranjerización de la tierra también está ligada, como lo muestran los datos, al agronegocio latifundista y al extractivismo contaminante. Y los incendios intencionales en el litoral y el delta, en Córdoba y en otras zonas del país se vinculan a los intentos capitalistas de extender la frontera sojera y el negocio de los desarrolladores inmobiliarios.
Ante esta realidad de saqueo fundacional hace falta una profunda reforma agraria que permita redistribuir democráticamente el acceso a las tierras rurales, no al servicio de las ganancias de unos pocos oligarcas sino para el bienestar de las grandes mayorías. De igual manera, a nivel urbano, es preciso poner fin a los negociados de los pulpos inmobiliarios como IRSA, y otros, al amparo del Estado. Si “tomar tierras es delito”, tal como sostienen el poder político y sus voceros, habrá que empezar a saldar cuentas con los verdaderos delincuentes.
1. La Pampa Argentina. Ocupación-Poblamiento Explotación. De la conquista a la crisis mundial (1550-1930); Gaignard, Romain; Ed. Solar; Buenos Aires; 1989, p. 104.
2. Historia de los argentinos. Yunque, Álvaro;
Buenos Aires; Ed. Futuro, 1957.
3. Se profundiza la concentración de la tierra en la Argentina: apenas 1% acapara el 33% del territorio. 16/01/2017; www.ambito.com.
4. ¿Quiénes son los dueños de la Argentina? Federico Soria; 25/09/2017; www.latinta.com.ar.