Hacia el 8 de Marzo. El patriarcado no terminó

Se viene otro 8M. Mientras el presidente dice que le puso fin al patriarcado, la realidad demuestra lo opuesto. Analizamos cada aspecto que nos afecta a las mujeres y disidencias, a la vez que planteamos nuestras propuestas alternativas.

Escriben: Sofía Cáceres Sforza y Nadia Burgos

La ola feminista mundial sigue, pero atemperada por la pandemia. Por ejemplo acá y en Corea del Sur se logró el derecho al aborto, pero en Honduras se prohibió y en Polonia se recortó. Es una pulseada constante. A la vez, la pandemia y la crisis nos golpean más a las mujeres y disidencias: teletrabajo, más tareas en el hogar, más violencia de género.
De cara a un nuevo 8 de Marzo, y ante un gobierno que alardea de su Ministerio de Mujeres, de tener el primer Presupuesto nacional “con perspectiva de género”, de la ley de aborto y, nada menos, de haberle “puesto fin al patriarcado”, los hechos lo desmienten a cada paso.

1. Aborto: lo hicimos ley, lo hacemos cumplir

La legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo fue una victoria de la marea verde. Con la construcción masiva y colectiva de las calles, logramos nuestro derecho. No importa cómo nos la quieran vender, nosotres sabemos que no fue un triunfo del gobierno: sin nuestra presión en las calles, incluso con pandemia, no lo hubiésemos conquistado.

Sin embargo, el triunfo fue agridulce. El gobierno cedió a las presiones de la Iglesia y los sectores reaccionarios, incluyó la objeción de conciencia institucional y quitó el concepto integral de la salud. Esos recortes los utilizan los antiderechos para impedir nuestro derecho y obstaculizar la práctica. Tenemos que estar alertas porque estos sectores siguen organizados y actúan como parte de la polarización social y política más general. Por eso la pulseada sigue y proliferan los proyectos para derogar la ley.

En San Juan un diputado nacional macrista presentó un proyecto para derogarla. También allí la directora y varixs ginecólogxs del Hospital Marcial Quiroga se declararon objetores y por ahora en dicho hospital público nadie garantiza la práctica.

En Chaco la situación es aún peor: la jueza Marta Aucar de Trotti dictó una cautelar que suspende la ley por considerarla “contraria a las normativas de la provincia”.
Presentaciones similares surgen en otras provincias como Entre Ríos, impulsada por la abogada Muller del partido NOS de Gómez Centurión. Hospitales públicos importantes como el Masvernat de Concordia se niegan a garantizar la práctica.

Cada vez que sea necesario estaremos en las calles para frenar estas embestidas y defender nuestro derecho a decidir. La ley se debe aplicar en todo el país, sin vueltas. Junto con eso tenemos que luchar por la producción pública de misoprostol y mifepristona. Y no basta con habilitar la producción y distribución vía el laboratorio estatal de Santa Fe, sino a través de toda la red pública de laboratorios.

2. El femicidio nuestro de cada día

Fernández, en mesa con su ministra Gómez Alcorta, anunciaba el fin del patriarcado. Pero sólo en lo que va del año ya hubo 44 femicidios y travesticidios, o sea más que los días transcurridos(1). Venimos de un año atravesado por la crisis sanitaria y una agudización de la crisis económica. Y como lo advertimos al inicio de la cuarentena, sin medidas integrales de prevención y cuidado, las mujeres y disidencias estamos expuestas al recrudecimiento de la violencia machista producto del aislamiento y la creciente precarización de nuestras vidas(2). El gobierno nos habla de cambios de paradigmas en la política y de presupuestos con perspectiva de género, pero la realidad muestra otra cara.

Sabemos que frente a la violencia machista la ESI es una herramienta central para desarmar estructuras que se reproducen en las casas, escuelas y lugares de trabajo. Pero sigue sin aplicarse en todo el territorio, no sólo por las presiones de los antiderechos sino también por la falta de presupuesto para docentes, formación e implementación.
Sin presupuesto real para políticas integrales y no meramente discursivas, la asistencia a las víctimas es siempre recortada. Se lanzó el programa Acompañar, con el pago de un salario mínimo vital y móvil, es decir $20.600 (en enero), por seis meses. Pero con la brecha de base que hay para una víctima de violencia de género no hay autonomía posible con un subsidio tan precario.

De hecho, el doble discurso oficial implica violencia institucional y las propias cuentas no cierran. Mientras según el Presupuesto nacional 2021 el programa Acompañar es para asistir a 92.000 personas, lo que sumaría $ 11.370 millones, la partida real asignada es de 4.500 millones, o sea menos de la mitad(3).

Ese mismo Presupuesto establece el “fortalecimiento” de 60 hogares-refugio: una verdadera miseria ya que en todo el país funcionan sólo unos 150 y según la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para 44 millones habitantes habría que tener un mínimo de 1.500.

3. Para las trabajadoras, más desigualdad

La burocracia sindical alineada con el gobierno levanta la consigna Trabajadoras somos todas. Este discurso no es nuevo y forma parte del repetitivo pacto social que nos quieren imponer para frenar la organización de las mujeres y disidencias trabajadoras. Pero en esta sociedad existe una minoría burguesa y parasitaria de mujeres que viven de explotar el trabajo ajeno, que no trabajan ni fuera ni dentro de su hogar. Como contracara, la feminización de la pobreza y la precarización no dejan de crecer. Así lo confirma el propio informe del INDEC del último trimestre de 2020, ya que las mujeres superamos a los varones en la tasa de desocupación: 13,1% versus 10,6%(4).

Además, en general las mujeres ocupamos los trabajos peor remunerados y más precarizados. Según el informe del segundo trimestre de 2020, el 25,4% de las mujeres no poseíamos aportes jubilatorios versus un 22% de los varones(5). Es decir, sufrimos en mayor medida la relación laboral irregular, lo que implica falta de obra social y otros derechos. Ese informe también demostró que las mujeres llegamos a la mitad de los cargos jerárquicos que los varones: 4,6% versus 7,7%.

Según los mismos datos oficiales, los trabajos que realizamos las mujeres son los más precarizados. Por ejemplo en el servicio doméstico la tasa de feminización es del 94,7%, y el ingreso promedio es de $10.600. En el sector de salud y servicios sociales ocupamos el 74,2% de los puestos, con un promedio salarial de $38.500. Y en la educación el 73,4% somos trabajadoras, con un ingreso medio de $36.000. Son salarios de miseria. Encima, en muchos casos es el mayor aporte del hogar: por ejemplo, el 47,9% de las empleadas domésticas aportan el ingreso principal. Y la prepotencia del “patrón” hacia el servicio doméstico y la persistencia del modelo médico-hegemónico en la salud confirman que las tareas más feminizadas son las de mayor exposición al maltrato y el acoso laboral y sexual.

4. Nosotras cuidamos, el Estado nos descuida

Muchas mujeres trabajamos también en el hogar, en la reproducción social que el capitalismo necesita para sostener su mano de obra actual y futura, su explotación y sus salarios de miseria. Las mujeres dedicamos a las tareas de cuidado y al hogar tres veces más de nuestro tiempo que los varones. Ese trabajo hogareño es trabajo no pago de millones de mujeres y disidencias, tareas que se vieron sobrecargadas por la cuarentena.
La pandemia y la inflación golpean duramente a los hogares feminizados, pero las medidas que implementó el gobierno no fueron suficientes para contrarrestar esta avanzada. Con un IFE de $10.000 por sólo tres meses, una Tarjeta Alimentar de $6.000 y una AUH de $2.9736 no alcanza. La pandemia sigue y es urgente aumentar el presupuesto para llegar a un IFE mínimo de $30.000 con $10.000 más por cada hije. Ningún presidente, ministro, diputado, juez o comisario podría subsistir con esos montos.

5. Hablemos de plata en clave de género

El gobierno no para de vendernos el discurso del “presupuesto con perspectiva de género” (PPG). Pero los programas a los que dice destinar la mayoría de esos fondos no son nuevos: ni la jubilación de amas de casa, ni la AUH y la asignación por embarazo ni la pensión para madres con más de siete hijes. Encima la jubilación recién a fines de 2021 se acercaría al magro monto de $24.500 promedio, totalmente alejado de la inflación prevista. El presupuesto tampoco incluye una financiación real para la ESI, ya que sólo se prevé capacitar al 2,5% de los docentes. El discurso del PPG se limita, entonces, a ponerle la etiqueta violeta a 29 programas o políticas públicas ya existentes. Pero desde ya, la profunda brecha de género no se subsana así.

En cuanto al trabajo hogareño no remunerado, hacer las compras, cocinar, lavar la ropa, limpiar la casa, atender a compañeres, hijes, mayores y personas a cargo, etc., no existen políticas públicas directas. Según el propio gobierno, el valor económico de todo ese trabajo gratuito equivale a casi un 20% del Producto Bruto Interno. Un verdadero PPG debería destinar miles de millones a alivianar, desde el Estado y en concreto, la pesada carga que el sistema nos asigna a las mujeres y disidencias: abrir guarderías y jardines de primera infancia en todos los barrios, doble jornada escolar, comedores y lavaderos comunitarios y establecimientos geriátricos de calidad en todo el país. También disponer un aumento sustancial de los salarios de los empleos feminizados -docencia, salud, servicio doméstico- y políticas de inclusión integral para la comunidad travesti-trans.
Nada de esto es posible si en el Presupuesto nacional el gobierno le asigna al Ministerio de Mujeres apenas el 0,074% del total, mientras sigue pagando fortunas por la deuda externa usurera y sostiene con subsidios millonarios a la Iglesia y la educación religiosa, sectores que encima defienden prejuicios misóginos y de odio anti-LGBTI+.

6. Las disidencias, postergadas

Las disidencias sexo-genéricas venimos sufriendo más los efectos de la pandemia. Sin empleo y con más exposición a la violencia, ni siquiera la prostitución se pudo sostener como una salida: los desalojos compulsivos dejaron en la calle a cientos de personas que ejercían el trabajo sexual. En cuanto al programa Potenciar Trabajo, que el gobierno dispuso para personas trans, son apenas unos 6.000 planes por $10.293,75 según el último aumento.

La violencia contra la comunidad LGBTI+ tampoco mermó. En 2020 se registraron 152 crímenes de odio7. El 57% (86) se trató de lesiones al derecho a la vida (asesinatos, suicidios y muertes por ausencia y/o abandono estatal histórico y estructural) y el otro 43% (66) fueron casos de violencia física que no terminó en muerte. Del total de 152 crímenes de odio, 127 tuvieron como víctimas a una travesti o mujer trans, lo que confirma que son el blanco predilecto de la violencia social e institucional, en especial de la policía.

7. Iglesia y Estado, todavía no separados

Pasaron casi tres años desde que el macrismo y la cúpula eclesiástica acordaron un plan de “reducción gradual” de aportes estatales a la Iglesia Católica. No obstante, la aplicación efectiva nunca llegó. El gobierno de Fernández, de buena sintonía con el Vaticano, alguna vez habla del Estado laico pero sus relaciones económicas y políticas con el clero no cesan. El Presupuesto 2021 estipula $155 millones a la Curia, a lo que se suman las exenciones fiscales y de servicios.

El grueso del aporte estatal es para financiar las escuelas privadas confesionales, que no sólo trabajan contra la educación pública sino que no respetan leyes nacionales como la ESI y derechos como el matrimonio igualitario, la identidad de género y todo otro avance que signifique reconocer nuestras vidas en igualdad. A la educación religiosa, que abonan las provincias pero sale de nuestros bolsillos, van más de $80.000 millones por año, que deberían volcarse a la escuela estatal.

La Iglesia, vieja institución enemiga de nuestros derechos, sigue jugando su pulseada contra la ley de aborto por boca del Papa, sus obispos y curas. También llevan adelante acciones varias iglesias evangélicas, que alientan la presentación de amparos contra la aplicación de la ley de IVE o lanzan campañas de captación de profesionales de la salud para que se sumen a la objeción de conciencia.

Como ya lo expresamos al calor de la marea verde, la separación de la Iglesia y el Estado es una tarea democrática pendiente. Más allá de sacar a dios de la Constitución y las imágenes religiosas de los establecimientos públicos, la clave es dejar de financiar a estos parásitos, anular todos sus privilegios y fortalecer una educación laica, feminista y científica.

8. Lo tiraremos junto con el capital

Mientras Alberto considera que le puso fin al patriarcado con su mansplaining recargado, la opresión patriarcal prosigue. Como feministas socialistas sabemos que el sistema patriarcal es un entramado que no se puede separar del sistema económico-social imperante: es parte consustancial del capitalismo. Mientras el gobierno anuncia su fin, en realidad no hace más que continuar su reproducción en todas las instituciones.
Nos encontramos ante una situación de opresión. Vemos cómo desde los estereotipos y roles desde la niñez, el trabajo doméstico gratuito, la brecha salarial, la violencia institucional de género, en una espiral que se retroalimenta, todas las actividades que esta sociedad nos atribuye y son “feminizadas” están en función de reproducir un sistema que nos oprime, nos violenta y nos mata.

Nosotras, nosotres y nosotros, en cambio, defendemos cada uno de los derechos de género conquistados y luchamos por ampliarlos, teniendo en claro que a la vez damos una batalla política sistémica porque mientras siga el capitalismo continuará habiendo patriarcado. Por eso no sirve solamente reformar pequeñas estructuras o crear supuestos espacios seguros.

Hoy todos los gobiernos capitalistas, producto de la crisis económica, sanitaria, social y ecológica en la que vivimos, atacan nuestros derechos de manera sistemática y al servicio de mantener las ganancias y privilegios de unos pocos. No alcanza con decir luchemos por “lo alcanzable”, por “lo posible”. Esas posiciones son objetivamente funcionales a que nada cambie, son funcionales al sistema.

Se vuelve central entonces fortalecer nuestro feminismo, un feminismo revolucionario y socialista, el que estamos construyendo desde Juntas y a la Izquierda, Libre Diversidad y el MST en el FIT Unidad. Para cambiar todo lo que debe ser cambiado. Organizate con nosotres para empujar el Paro Internacional de Mujeres y las marchas del 8M en todo el país y también para potenciar esa pelea de fondo: que el patriarcado y el capitalismo caigan juntos.

1. Desde que hay cuarentena hubo 102 femicidios, 42 travesticidios y 95 intentos de femicidios y en todas las provincias aumentaron las denuncias por violencia de género (Informe julio del Observatorio Lucía Pérez: 102 femicidios cometidos durante la cuarentena; en www.observatorioluciaperez.org)
2. En cuarentena. Para muchas, el hogar es riesgo; en www.mst.org.ar
3. Jurisdicción 86
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; en www.economía.gob.ar
4. Bases de datos; en www.indec.gob.ar
5. La desigualdad de género se puede medir; en www.ecofeminita.github.io
6. Por mes se cobra $ 2.973 (80%) y el 20% restante acumulado se cobra una vez presentada la Libreta de Asignación Universal.
7. LGTB informe 2020 sobre crímenes de odio; en www.periodismodeizquierda.com