Atacan salarios judiciales sin tocar los privilegios de los jueces ¿Impuesto a las ganancias o confiscación del salario?

A partir de la presentación del proyecto de presupuesto 2023 que, en el marco de un ajuste general incluía la decisión de que lxs judiciales paguemos el impuesto a las ganancias, exentos hasta ahora por resolución de la propia Corte que establece el computo de dicho pago sobre los salarios básicos, se generó un importante debate alrededor de este impuesto.

Escriben: Debora Bertone y Juan Bonatto, Alternativa Judicial/ANCLA

Desde Alternativa Judicial lo primero que queremos reafirmar es que el salario no es ganancia. Pero no sólo en el caso de lxs judiciales, sino que ningún trabajador asalariado debería ser alcanzado por el mismo, ya que lo que quieren definir como “ganancia” no es más que la retribución que cada trabajador recibe por su fuerza de trabajo. Ganancia es la que obtienen las patronales a partir de quedarse con lo que producen lxs trabajadores.

Argumentos falaces para recortar salarios

Pero encima quieren disfrazar ese impuesto como un ataque a los privilegios de los jueces. ¡Nada más alejado de la realidad! Este impuesto que quieren aplicarle a todo el Poder Judicial por igual, a los que realmente perjudica es a lxs laburantes que en proporción somos muchísimos más que los jueces y seguirá perjudicando a lxs jubilados que actualmente ya se encuentran alcanzados por este impuesto en su totalidad.

El intento del gobierno no toca ningún privilegio de los jueces. Tienen los salarios más altos de todo el escalafón y con una disparidad enorme respecto del lxs trabajadorxs, ya que quedó lejísima la porcentualidad salarial que permitía enganchar el salario de lxs laburantes al de los magistrados. Además cuentan con beneficios dignos de una verdadera casta al mejor estilo feudal, son designados a dedo a través de vínculos con el poder político, vitalicios en su funciones, se jubilan cuando quieren sin ningún limite de edad ni de capacidades, tienen jubilaciones de privilegio, licencias para “trabajar” cuando ellos quieren, eso sin hablar de los privilegios por abajo del escritorio: impunidad total al ejercicio abusivo del poder y la violencia laboral y de género, nombramientos de amigos y familiares, coimas y participación en los entramados delincuenciales sin ninguna consecuencia.

Además, insistimos que de aplicarse el impuesto al salario terminaría afectando sólo a la clase trabajadora ya que los jueces tienen otro beneficio constitucional, la indemnidad de su salario, con lo que rápidamente podrían usar sus facultades para declarar inconstitucional la norma respecto de ellos por supuesto.

Por eso, si realmente se quiere atacar los privilegios, hay que reformar de punta a punta el sistema judicial, tomando por ejemplo medidas como la elección de los jueces por voto popular y con mandato revocable ante el incumplimiento de sus funciones, la democratización del ingreso al Poder Judicial, además que los salarios de los magistrados se equiparen a los de la docencia, tal como proponemos para el caso de los legisladores y cargos ejecutivos.

Uno de los argumentos más esgrimidos por los oficialistas del Frente de Todos es que “la mayoría de lxs trabajadores pagan impuestos a las ganancias” y que “el Poder Judicial tiene coronita y son privilegiados”, metiendo en la misma bolsa a los jueces con lxs empleadxs y jubiladxs del sector. Como ya dijimos, los judiciales somos en su totalidad alcanzados por este impuesto regresivo, ya que luego de lograr la jubilación por haber trabajado toda la vida, nuestro salario sobrepasa el limite imponible para ser alcanzados por ganancias. Ello constituye además una doble imposición ya que la jubilación se compone de los aportes de toda la vida.

Pero eso no es más que la puesta en práctica del viejo refrán “mal de muchos, consuelo de tontos”. La solución no es nivelar para abajo, sino realmente recortar a los que más tienen, empresarios, CEOs, grandes terratenientes y por supuesto jueces, no a lxs asalariados que ya son los más afectados por impuestos como el IVA o por el aumento del transporte y los servicios. Sin ir más lejos, lxs judiciales, al igual que el resto de los sectores de trabajadorxs, estamos en una lucha por paritarias que al menos emparden la inflación, ya que cada aumento que se logra queda ampliamente superado por la escalada de los precios y el costo de vida. El impuesto a las ganancias aplicado al salario nos quitaría lo mismo que obtenemos. Como le sucede a muchos otros trabajadores.

Quieren que les financiemos la fiesta

El otro argumento que se agita es que con lo que se “ahorrarían” si lxs judiciales pagan impuesto a las ganancias se podría aumentar por ejemplo, el presupuesto que el ministerio de Desarrollo de la Comunidad destina a comedores… ¡claro que se podría hacer eso! al igual que con cualquier otro ingreso del Estado. El problema es que la plata que se recauda a través de los impuestos y ajustes al pueblo se va íntegra al pago de la deuda externa, la gran estafa a la que recientemente Massa acaba de volver a atarnos. ¿Por qué no se destinan los fondos que ya hay para los más necesitados y para generar empleo en lugar de pagarle al FMI y el Club de París? ¡Encima pretenden achacarnos la culpa de la crisis económica y social! Unos verdaderos hipócritas. Tanto el gobierno como la oposición trucha de Juntos por el Cambio que los acompaña en todas las decisiones. Y ni hablar del liberfacho Milei.

Terminar con los privilegios. El salario no es ganancia

Para terminar realmente con los privilegios debemos impulsar una reforma judicial integral, que vaya desde cómo se eligen los jueces y sus responsabilidades y la posibilidad de sacarlos si trabajan mal, pasando por garantizar el real acceso a la justicia de los sectores más desprotegidos y asegurando condiciones de trabajo y salarios dignos para lxs judicialxs, y por supuesto, erradicar la matriz machista y patriarcal del sistema judicial y de los jueces. Y también hay que terminar con las desigualdades entre las distintas “justicias” como por ejemplo la justicia federal, que por su función actúa en todo el país y convive con las justicias provinciales, a las cuales en su mayoría duplica en salarios, como pasa respecto de la pcia. de Buenos Aires, donde un ingresante judicial bonaerense cobra la mitad que uno de Nación. Y eso es extensivo a todas las categorías.

Pero además esta reforma lograría romper el pacto que tiene el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo de turno, mediante el cual ninguno molesta al otro y se benefician mutuamente, ya sea haciendo la vista gorda ante los hechos de corrupción y abuso de poder o acompañando el ajuste y represión con fallos contra lxs laburantes, la organización y la protesta social.

Párrafo aparte merece el rol de las burocracias sindicales, que obligadas por la bronca desde abajo y por lo extremadamente abusivo de este impuesto, tuvieron que salir a inventar alguna jornada de lucha pero sin jugarse ni ir a fondo, en una terrible contradicción entre escuchar los reclamos de las bases y la connivencia con un gobierno de su mismo signo político.

El salario no es ganancia. Hay que eliminar este impuesto regresivo para todas y todos los trabajadores. Los proyectos que levantan el piso de ganancias son parciales y no resuelven el tema de fondo.

Además, ante todo este panorama, desde Alternativa Judicial creemos que es necesario un plan de lucha urgente, que no solo se levante contra el impuesto al salario de lxs trabajadorxs activos y jubiladxs, sino que también incluya la exigencia al gobierno de la reapertura real de la paritaria, desterrando el método de los aumentos por decreto y sin diálogo con lxs laburantes que viene aplicando con complicidad de la dirigencia sindical.

Ello para exigir un aumento de salario que supere la inflación y recupere lo perdido, la mejora de nuestras condiciones de trabajo y el respeto a la carrera, que se encuentra devastada por los manejos discrecionales que cada vez más aplican los jueces en el marco de los privilegios que detentan, como así también la eliminación de la violencia laboral y de género que padecemos lxs laburantes sin consecuencias para los responsables.