Crisis habitacional y negocio inmobiliario. Hace falta una ley de alquiler social

En los últimos días el lobby inmobiliario, apoyado por Juntos por el Cambio y diputados del interior – con la complicidad de los diputados de Unión por la Patria- logró modificar en la cámara baja aspectos progresivos de la limitada ley actual. Milei propuso su derogación total. La izquierda votó en contra y propone un cambio radical a favor de un alquiler social.

Escribe: Gustavo Giménez

La media sanción en la Cámara de Diputados el jueves 24 de agosto, de cambios centrales en la actual ley de alquileres, que benefician a los grandes empresarios del negocio, en perjuicio de millones de inquilinos, deberá ahora ser ratificada por el Senado. Los dos cambios centrales son el acortamiento del plazo mínimo para el alquiler destinado a vivienda familiar, que se redujo de tres años a dos y el periodo y forma de actualización de su monto, que ahora podrá hacerse cada cuatro meses, cambiando el periodo anual de actualización de la vigente ley, habilitando además varios índices que significarán mayores aumentos que el usado actualmente.

Los promotores del cambio vienen echándole la culpa falsamente a la supuesta «rigidez» de la ley actual, haciendo campaña de que la mejor ley es la de los contratos particulares entre dueños e inquilinos, y la «mano» del mercado, que regularía todo. En medio de una brutal crisis habitacional, su discurso ha servido de cobertura para estos cambios que, de concretarse, sólo beneficiarán al lobby inmobiliario en detrimento de los millones de familias que habitan una vivienda en alquiler.

Así a los precios altísimos que hoy se pagan por un alquiler, frente a salarios e ingresos populares totalmente depreciados por una inflación galopante, ahora los inquilinos verán actualizados sus contratos cada cuatro meses – al índice más alto que le convenga al propietario-. Actualmente se actualiza por el Índice de Contratos de Locación (ICL) elaborado por el Banco Central, ahora proponen hacerlo por «el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices».

Después de dos años tendrán que volver a renegociar con el dueño o irse del lugar si al propietario le conviene otro destino para el inmueble o el inquilino no puede afrontar las nuevas condiciones de renovación ofrecidas.

Se permite, si el inquilino lo desea, adelantar alquileres, algo que en el actual formato está expresamente prohibido. Con la tremenda escases de oferta es fácil imaginarse todos los inquilinos «deseosos» de adelantar alquileres, si de eso depende obtener el alquiler del inmueble buscado.

Además, se bajan muchos impuestos al propietario de hasta tres unidades para «facilitar» la puesta en locación de inmuebles: quedan exentos del pago del monotri-buto, del impuesto a los bienes personales sobre las viviendas alquiladas y de los tributos que pesan sobre débitos o créditos en caja de ahorros o cuentas corrientes, destinados al pago del alquiler de la vivienda habitación.

Juntos por el Cambio, con el apoyo de pequeños bloques de diputados desprendidos de las formaciones mayoritarias, se adjudicaron con 125 votos a favor de la media sanción de estos cambios que, para modificar la ley de alquileres vigente, deberán obtener su ratificación en la Camára de Senadores. Milei, compitiendo por quién es más liberal y favoreciendo al lobby, prefirió diferenciarse y proponer la derogación completa de la ley, para que sea el mercado el que decida, y se retiró del recinto.

Una actitud vergonzosa le tocó a la bancada oficial de la ahora llamada Unión por la Patria que decía oponerse a estas reformas en defensa de los derechos de los más débiles, los millones de inquilinos que no tienen una vivienda propia para habitar. Si sus 13 diputados ausentes y uno que se abstuvo hubieran votado en contra, la reforma no salía.
No es casual tanta desidia a la hora de defender derechos, pese a una poco creíble rectificación posterior, su candidato a Jefe de Gobierno, el radical Santoro, ya había declarado que prefería que se volviese a los dos años de contrato y los ejes de sus propuestas para «ampliar la oferta de la vivienda en alquiler», pasaban por «incentivos tributarios para propietarios».

Solo la izquierda rechazó las reformas reaccionarias, señala que hay que enfrentar su concreción rodeando el Senado el día que se quiera tratar la sanción definitiva de la norma, como propuso nuestra compañera candidata a primer legisladora de CABA por el Frente de Izquierda Unidad, Cele Fierro, y plantea una reforma integral que plantee un alquiler social para millones de familias trabajadoras, como parte de un plan integral de soluciones habitacionales que resuelva el actual déficit de cuatro millones de viviendas.

Nuestro programa: alquiler social y construcción de viviendas populares

Es necesario contar con un programa que dé respuesta a la emergencia y enfrente al actual lobby inmobiliario protegido tanto por los gobiernos de la derecha como por los que, con un discurso nac&pop, no solo han permitido que el negocio empresario siga avanzando, sino que no han hecho nada por aplicar los aspectos más progresivos de una limitada ley, que hoy están dejando caer.

.Movilización masiva al Senado para derrotar el intento de los grandes empresarios de imponer reformas reaccionarias a la actual ley de alquileres y reclamar la emergencia habitacional congelando el valor de los alquileres hasta avanzar hacia una nueva ley de alquiler social.
. Avanzar hacia una nueva Ley de Alquiler Social: con garantía gratuita, a través de inmuebles que son del Estado y además un subsidio estatal a toda persona o grupo familiar que lo necesite.
. El valor del alquiler tiene que estar indexado a los ingresos de los inquilinos, que no pase del 15% de los ingresos declarados.
. Un impuesto progresivo a las viviendas ociosas para derrotar el «lock out» de los grandes propietarios que especulan. Además, hacer un inventario de todas aquellas que solo se usan para especulación inmobiliaria y declararlas de utilidad social, sujetas a expropiación.
. Por un plan de urbanización real de todas las villas y asentamientos que representan más 5.000 barrios en todo el país.
. Crédito hipotecario del Banco Nación a tasa cero y un plan de construcción de vivienda social.
. El Estado tiene que estar presente y controlar junto a las organizaciones sociales territoriales y de inquilinas e inquilinos para que se cumpla.
. Todo esto en la transición a la vivienda propia, con un plan masivo de construcción de viviendas en base al no pago de la deuda externa y un impuesto especial y permanente a las grandes fortunas.