Emanuel Garay: torturan para formar torturadores.
Ante la muerte del joven cadete torturado en la escuela de policía, la dirigente juvenil del MST, María José González, afirmó: «Exigimos la depuración de la policía y la justicia, el control social de los vecinos con elección directa y revocabilidad de comisarios, jueces y fiscales, y el control de los organismos de derechos humanos sobre la formación de los cadetes. El gobernador Casas es el principal responsable político de lo ocurrido y debe renunciar».
La joven dirigente de izquierda cruzó enérgicamente al gobernador Casas, diciendo: «Hipócritamente dice anoticiarse recién ahora de las torturas propinadas a los cadetes en la escuela de policía, que en realidad no son hechos aislados, sino prácticas cotidianas en la formación y en el ejercicio del abuso policial en las comisarías y barrios de La Rioja. Casas desplaza a sólo diez funcionarios a quienes pretende limitar las responsabilidades en los atroces acontecimientos, para evitar la transformación radical que es necesaria».
González continuó: «Sin ir más lejos, ésta misma cúpula hoy desplazada ante la indignación popular, fue ratificada en su cargo por el gobernador luego del femicidio de Romina Ríos (2015), el asesinato de Danilo Heredia (2014) y del asesinato de Rolando Bazán (2016) en la comisaría de barrio Mataderos. Todos hechos protagonizados por sus agentes policiales».
«Surge evidente que la tortura no responde a exceso alguno, sino que a través de ella pretenden incorporar la violencia y el abuso como el único idioma que conoce una institución al servicio de proteger a los poderosos y reprimir a la juventud pobre, los trabajores y luchadores sociales», sintetizó.
Por último agregó: «Emanuel, al igual que tantos jóvenes, buscaba una salida laboral en un momento de gran precarización para nuestra generación. Concientes y responsables de esta situación de extrema pobreza, la casta política riojana ofrece como una alternativa laboral el enrolarse en las filas de su corrupta y abusiva policía provincial. Al mismo tiempo desfinancia la educación pública, los programas de trabajo en el Estado, destruyendo las oportunidades de inclusión social de la juventud».
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