Anular los subsidios a la Iglesia y sus colegios: Quien quiera un cura, que se lo pague
Hace unos días, en su informe al Congreso, Marcos Peña tuvo que responder sobre cuánto destina el Estado a la Iglesia. En sueldos de obispos y curas son más de $ 130,4 millones al año, pero si sumamos los subsidios a las escuelas católicas, las exenciones fiscales y otras partidas la cifra supera los 35.000 millones. Crece la idea de dejar de bancar con dinero público a un culto determinado, que además es enemigo de nuestros derechos.
Se supone que el Estado es laico. Por eso da bronca que, mientras un tercio de la población del país está bajo la línea de pobreza, el gobierno despide a cientos de empleados estatales y falta presupuesto en áreas clave como salud y educación, se destinan fortunas a sostener a la Iglesia Católica y sus colegios.
Pero aparte de mantener a obispos retrógrados como Aguer que cobran al mes $ 46.800 más antigüedad sin trabajar, se solventa con una millonada a las escuelas católicas (que son más de un 40% del total de escuelas privadas que el Estado subsidia).
La relación se agrieta, pero no se rompe
Los debates sobre los subsidios se dan en medio del cruce entre el gobierno nacional y la Iglesia por el aborto. Pero ni este gobierno ni los anteriores quieren derogar los decretos-ley de la dictadura genocida que avalan esos pagos de sueldos a 140 obispos y arzobispos, 640 curas de frontera, 1.200 seminaristas y 500 curas jubilados1. Asimismo le mantienen a la Iglesia el estatus de persona jurídica pública incluido en la reforma del Código Civil votada en 2014, estatus igual al del Estado nacional y las provincias.
Aunque se pelean, la relación Iglesia-Estado no se rompe por conveniencia mutua a fin de lograr el “orden” y la disciplina social. Ya en 1947, bajo gobierno del general Perón, así defendía tales subsidios el diputado peronista Lasciar: “El trabajador argentino se siente solidario con la enseñanza religiosa en las escuelas, amén de apreciar la trascendencia de la misma en lo que se refiere principalmente a la formación de la conciencia y a la jerarquización de los sentimientos como factores de orden y disciplina […] La enseñanza religiosa, al suavizar las asperezas entre los hombres, coopera eficientemente a destruir todo asomo de anarquía y atropello…” 2
Basta de subsidiar la educación religiosa
Peña logró eludir la respuesta sobre los subsidios a la educación confesional, afirmando que no hay una partida nacional específica sino que es vía el FONID (Fondo de Incentivo Docente). Es media verdad, o sea una mentira completa.
Desde 1947 se dispuso el pago de subsidios a colegios católicos, luego se amplió a los otros credos y en los ’90 con la descentralización educativa las provincias pasaron a asumir este gasto. Para cuantificar ese monto hay que desglosar la partida Transferencias al Sector Privado, en el rubro Educación de cada presupuesto provincial, sumar lo que va a escuelas católicas y hacer el total nacional.
En 2017 fueron más de $ 27.000 millones. Si le agregamos la inflación del 15% que prevé el Presupuesto 2018, este año recibirán más de $ 32.000 millones. Si ya espanta lo que se lleva un obispo, más aún horrorizan estas cifras ya que en sus escuelas los curas “bajan” doctrina sin filtro, niegan la educación sexual integral y hasta hay casos de curas pedófilos. ¡Toda esa plata, más la que reciben las escuelas de las otras religiones y las escuelas privadas laicas, debería ir a la educación pública!
Separar la Iglesia del Estado
Aguer trató de justificar los subsidios del Estado diciendo que “las limosnas son miserables”. En realidad, el pueblo está pobre y además cada vez menos quiere aportar a la Iglesia. Esto lo confirman todas las encuestas, que marcan una menor proporción de católicos y menos aún de practicantes, mientras que en cambio crece la opinión de dejar de bancar a la Iglesia con la plata que sale de los impuestos de todas y todos.
Desde el MST y Juntas y a la Izquierda respetamos la libertad de cultos aunque no los compartimos, pero el Estado no debe destinar ni un solo peso a la religión. Hay que separar por completo el Estado y la Iglesia, anular todos los subsidios que recibe esta última y obligar a sus colegios a dar educación sexual integral. ¡Quien quiera un cura, que se lo pague!
Celeste Fierro
1. Ley 21540 (1977), Ley 21950 (1979), Ley 22162 (1980), Ley 22430 (1981), Ley 22950(1983).
2. Susana Bianchi, Iglesia católica y peronismo: la cuestión de la enseñanza religiosa (1946-1955), UBA-UNICEN, Tandil.
Papa: carta va, carta viene…
A iniciativa de Juan Grabois, referente de la CTEP, días atrás numerosos dirigentes políticos y sociales le enviaron una carta a Jorge Bergoglio con motivo de su quinto aniversario al mando del Vaticano. Entre los más de 200 firmantes hay dirigentes del PRO-Cambiemos, el massismo, el PJ y sectores del kirchnerismo, la CGT, ambas CTA y movimientos sociales afines al Papa1. Allí le expresan su “confianza”, su “admiración y cercanía por su obra a favor de la Humanidad, en particular de los excluidos” y le dicen “deseamos y ansiamos tu visita”.
Como informa una nota de Clarín2, “esa carta de Grabois se preparó con la respuesta de Francisco incluida, todo en el mismo paquete, y pasó todo por Ojea”, el obispo que preside la Conferencia Episcopal. A su vez, y buscando aventar la supuesta “grieta” entre el Papa y Macri, éste último también le hizo llegar otra carta elogiosa. No estamos ante un intercambio postal por diplomacia, sino ante una operatoria político-religiosa de primera línea.
¿Qué “unidad”, qué “vida”?
En su respuesta al saludo recibido, el Papa sostiene dos ejes. Uno, aludiendo al amplio arco de firmas, es que según él “no es imposible encontrar razones para encontrarse y que ‘la unidad es superior al conflicto’.” Así reitera la estrategia permanente del Vaticano y demás cúpulas religiosas: su llamado a la “unidad” y a la “paz social” como forma de promover la conciliación de clases justo cuando crece la bronca popular contra el ajuste. Es que más allá de divergencias tácticas, el Papa, Macri y todos los firmantes coinciden en esa estrategia de conciliación entre explotadores y explotados, tan perjudicial para los trabajadores y el pueblo.
El otro eje de la carta del Papa es su clara indicación política a esos dirigentes “para que puedan hacer su aporte en defensa de la vida”. Como era previsible, en momentos en que en nuestro país se abrió el debate parlamentario sobre el aborto el Papa “baja línea” para rechazar ese derecho básico. Lo mismo hizo la Iglesia Católica cuando en el Congreso se debatieron las leyes de divorcio, salud reproductiva, educación sexual integral, matrimonio igualitario e identidad de género, todas aprobadas: ¡cada vez que se avanzó en reconocer derechos, siempre se puso en contra!
Entonces, ante este ir y venir de cartas hacia y desde el Vaticano, que nadie se deje confundir: el Papa Francisco impulsa la “unidad” del pueblo trabajador con quienes explotan el trabajo ajeno y, con la excusa de “defender la vida”, propone seguir condenando a muerte a las mujeres por aborto clandestino.
1. Juan Carlos Alderete (CCC), Sonia Alesso (CTERA), Taty Almeida (Madres-LF), Roberto Baradel (Suteba), Hebe de Bonafini (Madres), Esteban Bullrich (PRO), Estela Carlotto (Abuelas), Héctor Daer (CGT), Víctor De Gennaro (CTA-A), Oscar De Isasi (ATE), José Ignacio De Mendiguren (UIA-FR), Wado De Pedro (La Cámpora), Victoria Donda (Libres del Sur), Eduardo Duhalde (PJ), José Luis Gioja (PJ), Leonardo Grosso (K), Andrés Larroque (La Cámpora), Martín Lousteau (Evolución), Claudio Lozano (UP), María José Lubertino (K), Verónica Magario (PJ), Sergio Massa (FR), Pablo Micheli (CTA-A), Gabriela Michetti (PRO), Daniel Menéndez (Barrios de Pie), Pablo Moyano (CGT), Chino Navarro (Evita), Sergio Palazzo (Corriente Federal CGT), Emilio Pérsico (Evita), Florencio Randazzo, Juan Carlos Schmid (CGT), Felipe Solá (PJ), Carolina Stanley (PRO), Jorge Taiana (K), Jonathan Thea (Seamos Libres), María Fernanda Vallejos (K), María Eugenia Vidal (PRO), Hugo Yasky (CTA), Eugenio Zaffaroni (K), etc.
2. El examen para Caputo…, de Ignacio Zuleta (19/3/18).