Alberto y Cristina: ¿pacto social de ajuste?
Perón y los intentos de conciliar clases
Macri lo intentó. Les Fernández lo impulsan como salida para “encender” la economía. ¿Qué esconde su pacto social? Los intentos con Perón. Nuestra propuesta
Cristina y Alberto insisten en proponer un “pacto social” a fin de impulsar la economía. El macrismo buscó el pacto entre patrones, sindicalistas y gobierno para recortar conquistas obreras y acordó con la CGT una reforma laboral esclavista, pero debió retirarla ante las jornadas de diciembre de 2017.
Alberto quiere un acuerdo por 180 días para recomponer salarios y jubilaciones básicas, ¿pero es así? ¿Qué esconde su pacto social o nuevo contrato social como lo llamó Cristina? Alberto lanzó su idea al volver de España y Portugal, y reunirse con el empresario Miguel Acevedo, titular de la UIA y dueño de Aceitera General Deheza, emporio agroindustrial y exportador, que llega a 45 países y factura más de 2.400 millones de dólares al año.
En TN con Morales Solá, Alberto lo dijo clarito: “Los primeros años van a ser muy difíciles. Vamos a respetar el acuerdo con el Fondo. Tenemos que hacer un acuerdo con los industriales, el campo y los que trabajan. Se lo dije a la Mesa de Enlace, ellos tienen que ser mis socios. Para poder pagar, Argentina tiene que exportar. Y tengo que ayudarlos a que exporten, a que ganen mercado, a que vendan sus productos. No son mis enemigos, son mis socios”. Con amigos así…
El anuncio formal del pacto social lo hizo en Tucumán en el 50° aniversario de la Unión Industrial local, junto a grandes empresarios, burócratas sindicales y referentes políticos. Encima, pidió “no estar en las calles”. Es que, más allá de las expectativas de quienes lo voten, Alberto aclaró que sus primeros años serán duros (para los de abajo), que la deuda al FMI se paga sin chistar y que busca acordar con las patronales de la UIA y la Mesa de Enlace. Días después les pidió a los pilotos que no hagan paro. Y en un homenaje a Perón, recibió al staff del Banco Mundial. Así reitera sus señales al establishment y confirma que su preocupación central es evitar que la movilización popular le marque la cancha.
El pacto social de Alberto ya está en marcha: el acuerdo de salarios, precios, impuestos y tarifas lo redactan Cecilia Todesca y Matías Kulfas, posible ministro de Economía. Aún debaten si será por seis meses o sin plazo. Ya el cardenal Poli, en el tedeum del 25 de Mayo, decía: “¿No será momento de ir hacia un gran pacto nacional con mirada amplia y generosa?”.
Alberto y Cristina coinciden en que se necesita alinear a los actores sociales para “normalizar” la economía. El pacto es un intento de regimentación política de la clase obrera y el pueblo a fin de generar los dólares para pagar la deuda externa. Empieza por congelar salarios y precios por 180 días, certificando la debacle del salario en dólares, más una reforma fiscal a favor de los capitalistas y una reforma laboral por sectores, por convenio, pactada con la burocracia en nombre de la “competitividad” y “productividad”.
Esto lo dejó en claro su principal economista, Kulfas, que cuando habló sobre una reforma laboral, señaló: “Lo que se tiene que hacer es trabajar sector por sector, analizar dónde hay problemas… hay convenios laborales que tienen 40, 50 años y no han sido actualizados… Hay actividades nuevas, que ameritan revisión o marco específico”. Más claro, agua: como la reforma no sale por ley por el repudio social, piensan pactar con la burocracia por empresas o sector.
El jefe de la UIA reveló además que Alberto planea desdoblar paritarias por distrito porque en Buenos Aires “el poder adquisitivo es muy alto en comparación al interior, donde podría hacerse con sueldos más reducidos”. Es decir, más continuidad y ajuste.
Con Perón, pactos fracasados
Este intento de colaboración o conciliación de clases tuvo ya trágicos antecedentes en épocas de Perón. Por eso Cristina reivindica a José Ber Gelbard, ministro de Economía de Perón en 1973/74 y fundador de la Confederación General Económica (CGE). Como Perón tenía cruces con la UIA o la Sociedad Rural, en Gelbard forma la CGE, la burguesía peronista de empresarios “nacionales”. En su segunda presidencia y ante las dificultades por una balanza de pagos deficitaria, Perón intenta consensuar reformas para aumentar la productividad obrera y en marzo de 1955 lanza el Congreso Nacional de la Productividad y el Bienestar Social, convocado por la CGT, la CGE y el gobierno.
En 1952, Perón había congelado por decreto los precios y salarios y postergó por dos años las paritarias. Por eso en 1954 el salario real había caído 11,2% respecto a 1952 y 21% en relación a 1950. A partir de marzo del ’54 surgen conflictos ante la renovación de los convenios colectivos. El gobierno apuntó a fijar los salarios según la productividad de cada actividad y empresa.
El Congreso de la Productividad fue una contraofensiva de Perón, la burguesía y la burocracia sindical para golpear a las comisiones internas y reducir conquistas obreras. Buscó aumentar la productividad, poder rotar al personal en distintas funciones por sobre las categorías e introducir el “presentismo”, entre otras medidas.
Según Gelbard, el empresario que Cristina elogia, la ‘justicia social’ era que quien más produce más gana (tanta paga, por tanto trabajo). La CGE quería fijar un salario por día y escalas de premios y bonificaciones según la cantidad ‘extra’ producida.
Marx, con su teoría del valor, ya había demostrado que una mayor productividad, sin incorporar mejoras tecnológicas, sólo se puede alcanzar con ritmos de trabajo más intensos. Por eso, superando a las direcciones sindicales, se extendió la ola de huelgas obreras.
Perón llamó a los burócratas de la CGT a controlarlas y respondió con represión. Se intervienen sindicatos como y hasta comisiones internas y cuerpos de delegados. Los metalúrgicos desoyen a la CGT y van al paro general entre mayo y junio, enfrentando la represión policial con muertos y presos.
Las conquistas de 1946/48 habían sido arrancadas con fuertes huelgas. No eran concesiones de Perón. Esas luchas en su segundo mandato impidieron que se midiera el salario por productividad. El intento de conciliar el capital y el trabajo choca con la resistencia obrera: es la lucha de clases. Con el golpe del ’55 la burguesía derroca a Perón…
Ya con el último gobierno de Perón, en junio de 1973, se firma el primer y único pacto social del país. Entre la CGE y la CGT que implicó también congelar precios y salarios, con precios ya disparados, aceptar aumentos por debajo de las demandas obreras y congelar por dos años toda paritaria. El burócrata de derecha Rucci decía: “Acabo de firmar mi sentencia de muerte”. Después caería asesinado. Desde Avanzada Socialista, periódico del PST -antecesor del MST-, llamamos a tirar abajo ese pacto antiobrero, al igual incluso que sectores de la JP, Montoneros y Ortega Peña.
Ante el desabastecimiento patronal, más las luchas obreras, Gelbard ve que su plan se derrumba y sale del país, denunciado por corrupción. Asume Celestino Rodrigo, que lanza su paquetazo liberal. Ese Rodrigazo que descargan Isabel Perón y el PJ sería el corolario de la sangrienta dictadura de 1976.
No hay “pactos sociales” favorables a la clase trabajadora
Las clases sociales están determinadas por el lugar que ocupan en la producción. Los obreros producen y los patrones se apropian de ello. Esa relación es de antagonismo y choque entre explotadores y explotados. La “conciliación” de clases que promueve el PJ es una ilusión o falsa conciencia para aumentar la explotación capitalista. Son intereses opuestos: lo que es bueno para el obrero es negativo para el patrón y viceversa. Por eso, como decía Nahuel Moreno, fundador de nuestra corriente “ninguna clase social está dispuesta a ceder con gusto lo que posee, y esto vale tanto para los explotadores como para los explotados; es una ley de la historia… No existe colaboración de clases para que una clase le regale algo a otra, sea la burguesía al proletariado o viceversa. Siempre hay pelea”.
Para tener “paz social”, Alberto busca acordar con los sindicatos y movimientos sociales el cese de los conflictos hasta diciembre y una tregua social de seis meses o más. Y por eso apoya la unidad CGT-CTA.
Pero la lección de la historia es que no hay pacto de ellos que nos sirva a les trabajadores.
Francisco Torres