Córdoba: Basta de culpar a los trabajadores de salud. Solidaridad con Lucas Figueroa
El viernes 22/5 la Unidad Fiscal para Emergencia Sanitaria (UFES), imputó al colega Lucas Figueroa por el delito de “propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas” que tiene penas de entre 3 y 15 años de prisión. La UFES, creada para atender las causas judiciales que se relacionen a la epidemia de coronavirus y violaciones de la cuarentena, acusó al médico que se desempeñaba en la residencia geriátrica Santa Lucía de Saldán, donde se produjo un brote de contagios. El propio Figueroa había realizado varias advertencias sobre que el geriátrico no se encontraba en condiciones de afrontar la pandemia al director médico de la residencia, quien también resultó imputado.
Hay una orientación general del gobierno de usar la pandemia y la cuarentena como una excusa para recortar derechos: la ley de recorte a la caja de jubilaciones votada aprovechando las limitaciones a movilizarse que impone la cuarentena estricta (impuesta 2 días antes de la votación y que ahora el gobierno dice que va a volver a flexibilizar), el ataque al salario de los municipales de la Ciudad de Córdoba, la suspensión de los programas provinciales empleo (PPP, PIP, PiLA y Por Mi) y la criminalización de la protesta de los trabajadores municipales contra el recorte salarial y los choferes del transporte urbano de la ciudad a quienes les adeudan un mes de salarios.
Con los trabajadores de salud, la política del gobierno es ahora culpabilizarnos de los contagios. Empezó con las direcciones de los hospitales haciendo llenar y firmar al personal un formulario que, en calidad de declaración jurada, interroga a los trabajadores y trabajadoras sobre si tienen trabajos en otras instituciones o si han mantenido contacto con personas sospechosas de estar contagiadas o que hubieran estado en el exterior. Se trata de una medida que responsabiliza a los trabajadores y trabajadoras de posibles contagios. Mientras tanto, las medidas de protección llegan lentamente y a cuentagotas y con salarios miserables se sigue fomentando el pluriempleo, que aumenta las posibilidades de contagios entre el personal. Tampoco se han realizado los testeos necesarios, pese a los anuncios gubernamentales.
Y a quienes reclaman se busca amedrentarlos, como ocurrió con Mabel Moreno y Ramón Sanches, delegados de UTS, cuyos traslados compulsivos estamos enfrentando con una campaña política y medidas judiciales.
La imputación contra Lucas Figueroa se inscribe en la misma línea de culparnos. Ya no se trata sólo del gobierno sino también el poder judicial. Es gravísimo que en vez de escuchar los reclamos de los trabajadores de salud nos quieran usar como chivo expiatorio de la desidia patronal.
Es importante que se esclarezcan las responsabilidades, pero no a través de esta justicia dependiente del poder político. Proponemos que sea a través de una comisión investigadora independiente con participación de las organizaciones de trabajadores de salud. Somos quienes venimos señalando el abandono del sistema de salud y no tenemos ningún compromiso que nos impida investigar los negociados que estas empresas que lucran con la salud de los adultos mayores hacen con el PAMI.
Nos solidarizamos con Figueroa y nos ponemos a su disposición. Desde la UTS, el 28/5 realizaremos una jornada de lucha convocada por nuestro Congreso Provincial de Delegados y Delegadas que tiene entre sus principales reclamos que se acaben las persecuciones a los trabajadores de salud y el repudio a la acusación.
Gastón Vacchiani
Secretario General de UTS