Los «sótanos» permanentes. Espionaje en la era macrista… ¿y ahora?

Los nombres cambian, pero la historia se repite: Batallón 601, SIDE, AFI. Con más de 12 causas federales, el accionar de los servicios de inteligencia vuelve a escena. De Florencia Macri a la izquierda, todos espiados. Hay que desmantelar ese aparato secreto de infiltración y espionaje.

Escribe: Nicolás Zuttión

A más de un mes de la denuncia de Cristina Caamaño -nueva titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI)- por el hallazgo de un disco rígido con archivos sobre espionaje, las pruebas brotan de los «sótanos» demostrando la utilización de los servicios de inteligencia por parte del gobierno macrista. En las causas penales que transitan por Comodoro Py y Lomas de Zamora figuran cientos de nombres, incluidos familiares de Mauricio Macri, más de 400 periodistas, dirigentes políticos y sociales opositores como nuestro MST, científicos y hasta altos funcionarios de Cambiemos.

Desde hace dos semanas, por decisión del exjuez de una de las causas tramitada en Lomas, Federico Villena, se realizaron mega-operativos para detener a ciertos imputados. Primero a Alan Ruiz, exjefe de gabinete de la AFI, implicado principalmente en las escuchas al Instituto Patria. También se detuvo a otros 20 ex-agentes de la AFI y a la excoordinadora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, amiga personal de Mauricio.

Tras algunas excarcelaciones y prisiones domiciliarias sólo queda preso Ruiz, el que espió e intentó infiltrarse a nuestro partido. Las declaraciones de los imputados sentencian como cabeza de esos operativos a los titulares de la AFI durante el macrismo: Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Así como lo habíamos pedido antes al juez Villena, desde el MST, con el patrocinio del CADHU, le estamos pidiendo al actual juez, Auge, ser querellantes en la causa.

Macri terminó como empezó: espiando

Si se hace una arqueología de los gobiernos de Macri, esto no es sorpresa. Su carrera política, que comienza con la jefatura de gobierno porteño, cuenta con la designación de Jorge El Fino Palacios como jefe de la Policía Metropolitana. Un personaje que, sin importar estar vinculado con el crimen de la AMIA, fue elegido como máximo jefe de la fuerza policial creada en 2009.

Al poco tiempo, El Fino, junto con el propio Macri, se vió envuelto en una causa de espionaje, también contra diferentes opositores políticos y parientes, que convirtió a Macri en el primer presidente electo con una causa penal en curso. Nuestro dirigente Alejandro Bodart, en ese momento legislador porteño, presentó el proyecto para iniciarle juicio político a Macri, pero el bloque kirchnerista se opuso.

Aunque en la megacausa de espionaje actual se vislumbre que Macri utilizó la AFI para vigilar los movimientos de Larreta, Santilli, Negri y otros funcionarios suyos, no excluye que el resto de Cambiemos no haya compartido estos métodos. Lo demuestra la causa penal que compromete a Vidal. La justicia platense también investiga si Asuntos Internos de la Policía Bonaerense espió a sectores opositores durante la gobernación pasada. La lógica, la misma: recababan información mediante seguimientos a distintos sectores políticos, sociales y sindicales.

Todos los gobiernos espían

Estas prácticas de espionaje e infiltración son un virus que recorre todas las fuerzas políticas capitalistas. Lo consideran tan «natural», que hasta lo «regulan» con la Ley 25.520 de Inteligencia y lo «controlan» con una comisión bicameral de seguimiento.

Basta recordar que bajo el gobierno de los Kirchner se sancionaron las leyes llamadas «antiterroristas» y la Gendarmería aplicó el Proyecto X, las primeras para criminalizar y el segundo para espiar a las organizaciones sociales. Además, Néstor Kirchner lo tuvo a Stiuso y Cristina puso de jefe del Ejército a César Milani, ex genocida durante la última dictadura y capo de la inteligencia militar.

Alberto Fernández desde que asumió habló de «profundizar la democracia» y mejorar la «calidad institucional». Con su DNU Nº 214 blanqueó una parte del presupuesto secreto de la AFI, pero mantuvo fondos reservados según lo disponga. Además implementó, por medio de su ministra de Seguridad, Sabina Frederic, el ciberpatrullaje para monitorear el humor social. También su fuerza política da vía libre a Sergio Berni, un viejo habitué de los sótanos represivos (en 1994 se infiltró en la huelga de los mineros de Río Turbio). Por último, ya se registró el primer caso de espionaje en el mandato albertista: en la lucha de los mineros de Andacollo se comprobó que hubo espionaje sobre su organización y sus acciones.

Ningún lavado de cara: disolver la AFI

No hay forma de cambiar, reformar o mejorar el funcionamiento de la AFI. Los servicios de inteligencia, desde su nacimiento y por su propia naturaleza, son un organismo secreto o semi-secreto totalmente antidemocrático, cuya función de espionaje e infiltración es parte sustancial del funcionamiento del aparato represivo, sea en dictadura o en democracia capitalista. Alberto se hace el sorprendido por los casos de investigación del macrismo, pero aún con otro discurso camina por la misma senda.

La Ley 25.520 de Inteligencia debe ser derogada y la AFI, que es la continuidad de la vieja SIDE, debe ser disuelta. Y lo mismo todos los demás aparatos de inteligencia pertenecientes a las fuerzas armadas, policiales y de seguridad.