Reforma judicial: cambiar algo para que nada cambie
Más allá de que lo dice por la interna del gobierno, en un punto tiene razón Cristina: el proyecto de Alberto que hoy debate el Senado -en una sesión que se prevé caliente- no es una verdadera reforma del sistema judicial. Tampoco avanza ni un solo paso en lo que el presidente prometió como punto central cuando la presentó: la independencia de la justicia con respecto al poder político. Y menos aún apunta a resolver los problemas concretos de la gente común en cuanto a la justicia, que por ejemplo precisaría más y mejores juzgados laborales y de familia.
La reforma judicial del oficialismo plantea unificar los fueros criminal y penal económico en un único fuero federal penal y para ello habilitar 23 nuevos juzgados, 23 fiscalías y 11 defensorías. De alguna manera, a futuro esto diluiría el actual poder de los tribunales de Comodoro Py, en donde 12 jueces federales concentran las causas penales por corrupción que implican a funcionarios políticos.
A la vez, la reforma transfiere a la justicia porteña competencias pendientes; iniciaría el llamado sistema acusatorio (los fiscales dirigirán la investigación, no los jueces), y crea en las provincias 94 juzgados federales penales, 23 defensorías y 85 cargos del ministerio público fiscal. Este último punto es clave para los gobernadores, que se preparan para poner amigos en esos cargos.
Lo que no cambia: la dependencia del poder político
La derecha, que viene motorizando banderazos, critica la reforma porque dicen que es para darle impunidad a Cristina. Lo primero a señalar es que esta reforma de Alberto se basa en un proyecto del macrista Germán Garavano. Además, las causas por corrupción seguirán en los mismos juzgados en que ya están. En realidad, el poder político ya tiene bien sujeta a la justicia por ser él quien designa y quien remueve a los jueces a través de los Consejos de la Magistratura. Tales Consejos los componen representantes del Poder Ejecutivo, de los diputados, los senadores, los jueces y los abogados: una corporación que se autoprotege.
Es precisamente este mecanismo indirecto, que siempre funciona a través de pactos y canjes de los distintos sectores políticos, lo que no cambia en la cacareada reforma judicial de Alberto. Por supuesto, la derecha no propone cambiarlo. Para cubrir las formas, el proyecto se limita a disponer unas “reglas de actuación” para la justicia, llamándola a “evitar favoritismos y presiones”: una mera expresión de deseos para quedar bien con la platea.
La justicia, institución básica de este sistema capitalista, es el único de los tres poderes “republicanos” no electo por el pueblo trabajador. Es una casta privilegiada y vitalicia, que responde a la clase dominante. Sólo será independiente del poder político si toda su integración surge democráticamente del voto popular (en elecciones aparte de las de cargos políticos), con mandato limitado y revocable si hay mal desempeño.
Esa democratización radical se debe completar aplicando realmente lo que ya dispone la Constitución nacional desde 1853: los juicios por jurados populares, integrados por vecinas y vecinos sorteados del padrón. Sin estos mecanismos de participación social no habrá una verdadera justicia digna de tal nombre.
Pablo Vasco, CADHU-MST