El ajuste no pasa sin represión
Promesas, relato y realidad. Prometieron “volver para ser mejores” pero nos trajeron a uno de los peores niveles de pobreza en 34 años con casi el 40%, 19 millones de pobres, 4 millones en la indigencia y el 52,4% de infancias pobres (que llega al 66% para UNICEF Argentina al ver la pobreza multidimensional). Así, este gobierno no tiene qué envidiarle a la derecha macrista que nos dejó con 35,5% de pobreza. El ajuste de Alberto, Cristina, Massa y el PJ con el FMI nos ubica en el tercer pico de mayor pobreza desde la hiperinflación de 1989 (47,3%) cuando cayó Alfonsín, y la crisis del 2001 (57,5%) con el Argentinazo. El gobierno informa de un PBI “en crecimiento”, con baja desocupación y mayor empleo, mientras las empresas, el agronegocio y la banca no paran de amasar fortunas. Esa desigualdad social genera expresiones de violencia y no pasa sin garrote ni mayor coerción y autoritarismo. En eso tampoco parece haber grieta.
Sin represión no pasa el ajuste. Así lo dijimos el 24 de marzo, en el masivo acto en la Plaza con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia: “Como ningún ajuste pasa sin represión, el Estado, con el fogoneo de los patronales y los grandes medios, criminaliza las luchas y ataca derechos democráticos básicos: el derecho a la protesta social, el derecho de huelga y los fueros de las y los delegados sindicales. Son derechos básicos porque la organización y la movilización obrera y popular son justamente la única garantía para conquistar derechos, para defenderlos y para lograr nuevos”. Es que pagar la estafa de la deuda al FMI y a los bonistas viene de la mano de atacar esos derechos humanos y democráticos. Una deuda ilegítima, contraída por el macrismo y gobiernos anteriores, pero convalidada sin chistar por el PJ y la derecha de Juntos en el Congreso, que el gobierno paga con más hambre y pobreza. Por eso el 24M fue un acto de lucha: No al ajuste y la represión de los gobiernos y el FMI.
Avanzan contra la protesta social. En ese marco, el gobierno nacional, gobernadores del PJ y de Juntos con sus fiscales y una justicia al servicio de los ricos, avanzan en perseguir a quienes movilizamos por distintas demandas. Buscan amedrentar a la clase trabajadora y al pueblo para no salir a luchar. Milei, Espert y demás liberfachos lo avalan pidiendo “cárcel o bala”. Pero ¡no pasarán! Por eso reclamamos el cierre de todas las causas contra activistas populares y la absolución de Arakaki y Ruiz. Así como la libertad de las presas y presos políticos como Milagro Sala, Betiana Colhuan Nahuel, Romina Rosas, Luciana Jaramillo, Celeste Huenumil y sus hijes, Facundo Jones Huala, a las presas mapuches y petroleros de Las Heras. Contra esto, la clave es la calle, en cada reclamo y en la más amplia unidad.
A la hora de criminalizar y reprimir, no hay grieta. Así ocurre en las provincias con el Frente de Todos o con Juntos y el gobierno nacional. Buscan endurecer las leyes represivas, incluso imponer el “doble castigo” por un mismo “delito”, algo prohibido desde la antigua Roma. Todos y Juntos compran las repudiables pistolas Taser, picanas eléctricas adquiridas tanto por Larreta o Bullrich como por Aníbal Fernández, reclamadas a rabiar por Berni y también por Espert y Milei o Marra. Piden más poder de fuego y “disuasión” pese a que, en 2022, entre gatillo fácil, femicidios de uniforme, muertes bajo custodia y hechos similares, las fuerzas represivas asesinaron a 436 personas, mayormente jóvenes y pobres. Un asesinato cada 20 horas. En Jujuy y CABA con Juntos, también en Río Negro o con el PJ en Salta, Chaco o Córdoba, los gobiernos suben las multas y persiguen protestas, la justicia agrava las condenas y policías espían las luchas, igual que la Federal como muestra la condena al agente Balbuena. Mendoza es lo más aberrante con dos presos por marchar contra el hambre yla resolución anti-mapuches de su legislatura, pedida por el radical Cornejo. Demonizan a los pueblos originaros, los acusan de “usurpar” tierras y reprimen, pero son el pirata inglés Lewis, el emir de Qatar, Benetton, las petroleras y megamineras, los verdaderos usurpadores.
Militarizar al servicio del extractivismo. El gobierno decidió enviar el Ejército a cuidar el negocio en Vaca Muerta, la costa atlántica y zona de Bahía Blanca. Responde a la estrategia imperialista que explicitó la Jefa del Comando Sur de EEUU para hacerse del litio, petróleo, agua y minerales en el país y Latinoamérica. También el envío de militares a Rosario a “urbanizar” barrios, la intromisión de Gendarmería contra trabajadores en YCRT del Turbio, y al conurbano con la excusa del narcotráfico. Junto al aparato estatal y los puertos privatizados, esas fuerzas que buscan legitimar, son parte del delito.
Discurso a derecha que alienta ataques. Para recortar planes sociales y alimentos a los comedores, demonizan a los piqueteros que luchan por trabajo. Fachos como Espert piden “bala” para sus dirigentes en una instigación a atacar. Niegan a los desaparecidos y la dictadura, son antigénero y antilucha socioambiental. Discursos de odio de clase, racistas y políticos, con alta manija mediática, alientan crímenes de odio como el atentado a CFK o los ataques a locales de la izquierda, los que repudiamos sin excepción.
Amplia unidad de acción y de la izquierda revolucionaria. Frenar esta avanzada es posible en las calles, con organización y lucha en la más amplia unidad de acción para defender todos los derechos, garantías y libertades democráticas. A su vez, ante un próximo gobierno más corrido aún a derecha, habrá que enfrentar con más fuerza y unidad los ataques que vienen. Será necesario fortalecer y ampliar la unidad de la izquierda revolucionaria, agrupada hoy en el Frente de Izquierda Unidad, para dar esas peleas que se vienen y levantar una salida de fondo. Porque un capitalismo imperialista en crisis sistémica, ataca y viene por todos nuestros derechos. Desde el FIT Unidad con el MST somos el único sector dispuesto a cambiar de raíz esta sociedad capitalista, origen de toda explotación, opresión y violencia. Sumate.