Declaración del MST-Nueva Izquierda. Ni decretazos ni intervenciones: democratizar de verdad la comunicación

El 24 de diciembre Mauricio Macri hizo desalojar y clausurar la AFSCA, la autoridad federal de servicios de comunicación audiovisual. El día previo, por decreto, la intervino por seis meses igual que a la AFTIC, la autoridad federal de tecnologías de la información y la comunicación. Días antes, también por decreto, subordinó ambos entes supuestamente autárquicos al Ministerio de Comunicaciones que dirige Oscar Aguad. Además le dio a ese Ministerio el manejo de las acciones de ARSAT, la empresa estatal de satélites, y creó un “sistema de medios públicos” por encima de la sociedad estatal Radio y Televisión Argentina.

Con un decreto tras otro y eludiendo al Congreso, el gobierno macrista está provocando cambios importantes en todo el sistema de comunicación e información del país. Pero esos cambios no apuntan hacia la democratización mediática aún pendiente, sino que preanuncian un rumbo de retroceso.

Del doble discurso K…

Cuando en 2009 el gobierno K hizo aprobar la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, fuimos muy críticos. Si bien era imprescindible derogar la vieja ley de la dictadura y combatir todo monopolio mediático, y si bien hubo cierta participación social en su elaboración, alertamos que en esencia la nueva ley no iba a garantizar la tan proclamada pluralidad de voces. Aparte de no regular los medios gráficos ni Internet, en la conducción de la AFSCA -ente a cargo de aplicar la ley de medios- se impuso una mayoría gubernamental: 4 ó 5 miembros sobre 7. En el consejo federal, los trabajadores son una ínfima minoría: apenas 3 representantes sobre 38. Las licencias en ciudades de más de 500 mil habitantes las otorga directamente el Poder Ejecutivo. Como a la Iglesia Católica se la considera persona pública, le autorizan frecuencias a simple demanda y no por concurso. La ley no obliga a los medios a respetar el Estatuto del Periodista. Y encima el gobierno K puso a la AFSCA bajo la batuta del jefe de gabinete, el mismo que repartía la millonaria pauta publicitaria oficial…

En esas condiciones, era previsible que el kirchnerismo gobernante iba a utilizar la nueva ley en su beneficio y no iba a efectivizar los avances parciales que ésta sí contenía. Así lo demostró su aplicación concreta. En paralelo al opositor Grupo Clarín, el gobierno K convirtió a los medios oficiales en oficialistas y a la vez montó un poderoso multimedios propio de canales, radios, diarios y revistas. Con ese objetivo, distribuyó la pauta oficial a piacere en favor de sus aliados políticos y empresario amigos como Cristóbal López y Sergio Szpolski. Incluso en algunos de esos medios, como CN23 y Radio América, fuimos explícita y totalmente censurados.

Lo peor es que la AFSCA incumplió el punto más progresivo de la ley de medios y no otorgó el 33% de las licencias de radio y TV a las entidades comunitarias, sociales o sin fines de lucro. Con toda razón, así lo vino denunciando la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA). El propio balance oficial de la AFSCA de Martín Sabatella desmiente los supuestos “tres tercios” -estatal, privado y social. En estos seis años, la AFSCA otorgó en total 1.461 licencias. Al Estado y entes públicos sí fue un 33% (82 a provincias y municipios, 290 a universidades y escuelas, 57 a pueblos originarios y 53 a la Iglesia). Pero en vez de un tercio, el sector privado recibió el doble: más del 66% de las licencias (785 a radios AM y FM privadas, 173 a empresas de TV por cable y 13 de TV digital abierta). Esto implica que el supuesto 33% para las organizaciones sociales y sin fines de lucro quedó reducido a un insignificante 0,5% (8 licencias de TV digital). Es decir, una completa estafa al pueblo.

Por otra parte en 2014, con la Ley 27.078 de Argentina Digital, si bien se incluyó algún límite a los operadores dominantes el gobierno K se adecuó al triple play y la convergencia tecnológica abriéndole el paso a las corporaciones telefónicas para ampliar su injerencia en el mercado audiovisual. Por eso Telefónica siguió manejando Telefé, con la complicidad de Sabbatella, pese a ser violatorio de la ley de medios.

…al doble discurso PRO

Un primer argumento del ministro Aguad para sacar a Sabatella es que es militante K. Es una caradurez total: el flamante interventor en la AFSCA, Agustín Garzón, es militante macrista y ex legislador. El Decreto 236 de intervención también arguye “anomalías” en la adjudicación de licencias, adelantando así su revisión. No es casual entonces que el Grupo Clarín ya haya anticipado a sus accionistas la suspensión del plan de “desinversión” que había presentado para adecuarse a la ley de medios. Otra excusa de Aguad es que la AFSCA no garantizó “la actualización y la convergencia tecnológica” y por eso, por ejemplo, andan mal los celulares. Otro infantilismo. El objetivo real del gobierno macrista es profundizar la participación de las empresas telefónicas en el negocio de los multimedios y la de éstos en la telefonía, como lo indica la compra de Nextel por Clarín.

Según agregó Aguad, “por ahora” no se tocará la ley de medios. Sin embargo ya se habla de un próximo decreto de Macri para fusionar la AFSCA y la AFTIC. De nuevo sin siquiera un mínimo debate en el Congreso, esto modificaría las leyes que respectivamente deben aplicar ambos organismos: la de medios y la de tecnología digital. También se avizoran cambios todavía más retrógrados, como derogar de la ley de medios los topes a la concentración de licencias y a su transferencia. Las corporaciones mediáticas se frotan las manos.

Aguad insistió en el tema de la “actualización” y la “convergencia” con América Latina. No obstante, en Sudámerica no hay ninguna ley “convergente” con la cual compatibilizar el sistema comunicacional argentino. Esta distorsión de los hechos busca encubrir la sustitución del paradigma del derecho social a la libertad de expresión, que debe regular y garantizar el Estado, por el de los cambios tecnológicos, que hoy por hoy dependen del mercado.

El PRO, que como oposición se llenó la boca hablando de “diálogo”, “independencia” y “respeto a las instituciones”, una vez llegado al poder está gobernando a fuerza de decretazos e intervenciones. Desde ya, no lo hace para avanzar en la democratización comunicacional sino, muy por el contrario, en un sentido neoliberal y por ende en una reducción de la participación social. Hemos pasado del doble discurso K al doble discurso PRO, tan perjudicial como el anterior.

 Nuestras propuestas para una verdadera democratización

Como socialistas, no concebimos la libertad de prensa como libertad de empresa al estilo de las corporaciones y el PRO. Tampoco creemos que frente a tal o cual monopolio privado opositor haya que contraponerle un monopolio estatal-privado oficialista, como hizo el gobierno K. Rechazamos de plano el privatismo y también el pensamiento único al estilo stalinista, porque defendemos una verdadera pluralidad de voces y corrientes de pensamiento.

Pero en el sistema capitalista la pretendida “igualdad de oportunidades” es una farsa porque siempre rige la ley del más fuerte: la propiedad privada. Y a los avances tecnológicos sólo acceden las grandes empresas. Por eso la única forma de garantizar un real pluralismo es que los medios sean de propiedad pública. Por ejemplo, hasta la privatización menemista de 1989 la TV era mayoritariamente estatal y los medios gráficos no podían tener acciones en medios audiovisuales. A la vez, para evitar todo atisbo autoritario del gobierno de turno, proponemos que los medios funcionen bajo un control social democrático y transparente. En resumen, propiedad estatal y control social. Y similar criterio sostenemos en cuanto a Internet y los medios gráficos, garantizando el acceso equitativo al papel y a la impresión para todas las expresiones.

El control democrático que proponemos debe incluir un amplio arco de representatividad: los partidos políticos reconocidos, sindicatos, organizaciones sociales, universidades públicas; asociaciones profesionales, científicas y culturales, y los propios trabajadores de la comunicación. También es preciso establecer porcentajes obligatorios de producción nacional y programación cultural; el estricto control social de la distribución de la pauta oficial y el respeto al Estatuto del Periodista y demás derechos laborales en todos los medios. Esto no impide que en la programación y los contenidos puedan participar productoras privadas, pero la decisión le corresponde al medio público con control social.

En tal sentido, lamentamos que los diputados del FIT se limiten a la postura democratizante de pedir que el debate sobre la AFSCA “pase por el Congreso” pero sin fijar posición de fondo desde la izquierda sobre la propiedad y el funcionamiento de los medios.

En este contexto, y planteando estas propuestas para que de verdad “se escuchen todas las voces”, desde el MST-Nueva Izquierda estamos dispuestos a la unidad de acción en defensa de los trabajadores de los medios ante cualquier medida de ajuste y en defensa de todo avance democrático real, así sea parcial, en materia de comunicación e información.

Buenos Aires, 28/12/15