No a la persecución contra los jueces que avalaron la paritaria bancaria

El Ministerio de Trabajo presentó ante el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino por su fallo en favor del aumento salarial acordado por los trabajadores bancarios en su paritaria.

El fallo avaló el acuerdo por el cual la Asociación Bancaria consiguió un aumento del 23,5%. Esa conquista lograda por los bancarios rompió el techo miserable del 18 % que intenta imponer la gestión de Mauricio Macri. El gobierno se negó a reconocer esa paritaria para no sentar un precedente de acuerdos salariales por encima de su cifra, pero ante la amenaza de un paro bancario, y como le pasa con muchas de las medidas que viene tomando, tuvo que recular y terminar homologando el acuerdo.

Los trabajadores bancarios también acudieron a la Justicia cuando se demoró la homologación. La Cámara de Apelaciones del Trabajo instó a las cámaras que nuclean a los bancos a pagar el acuerdo paritario y al Poder Ejecutivo a no intervenir. No obstante, Triaca y el vicejefe de gabinete Mario Quintana se reunieron en la Casa Rosada con directivos de los bancos agrupados en la cámara ABAPPRA y del Banco Central para ordenar que no se liquidaran los sueldos de enero con el aumento pactado. Esto confirma que su única intención es beneficiar a los banqueros y perjudicar a los trabajadores.

Aunque parecía que el conflicto se había resuelto la semana pasada cuando los bancarios y las cámaras empresarias alcanzaron un acuerdo salarial y se levantó el paro de 72 horas previsto, el gobierno, aun vencido en su intento flexibilizador, terminó acusando a Arias Gibert y Marino por “mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave e incumplimiento de la Constitución Nacional”.

“Hay una policía de pensamiento”

Así definió Arias Gibert al pedido de juicio político presentado en su contra, en función de que lisa y llanamente propone sancionar a las personas por opinar sobre temas dentro de su esfera de competencia. En una entrevista radial, aseguró que piden juicio político porque “no les gustó la sentencia. El Estado puede intervenir, pero con razonabilidad. No puede hacerlo sin dar razones. No debe interferir en lo que es la negociación entre las partes, en un derecho reconocido por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”. Consideró “grave” que “exista una amenaza de juicio político porque uno falla lo que no le gusta a una de las partes. No se puede judicializar la política, ni politizar las decisiones judiciales fundadas en las normas… Soy juez desde 1989. No viví nunca algo como esto, y mire que he dictado sentencias que no le gustaron a ninguno de los Poderes Ejecutivos…”

Con la decisión del Poder Ejecutivo de no reconocer ese acuerdo salarial, “se le estaba sacando” a los trabajadores “el derecho de tener paritarias”, algo que “no es un derecho de la Justicia ni del Poder Ejecutivo”. Según el juez, detrás del pedido de juicio político en su contra hay un mensaje a los magistrados que fallan contra una decisión del Poder Ejecutivo: “Tratan de decir ‘si hacen esto, les podemos dar un dolor de cabeza’. Está complicado creer en el derecho en Argentina hoy.”

Repudios en masa al gobierno macrista

Distintos sectores repudiaron la actitud persecutoria del gobierno:

• Los trabajadores judiciales advirtieron que “se busca disciplinar” a la justicia “detrás de los objetivos políticos” de la administración macrista. La comisión interna del fuero laboral manifestó su “más enérgico repudio” ante un hecho “más tendiente a disciplinar a la magistratura detrás de los objetivos políticos del gobierno nacional y que se repite la misma forma con que desde el poder político se teledirige a la justicia federal y a la de la Ciudad de Buenos Aires”.
• El titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, declaró que “se intenta intimidar a los jueces para luego instaurar una justicia macrista desfavorable para los trabajadores”.
• La Asociación de Abogados Laboralistas manifestó que se trata de “uno más de los sistemáticos ataques a los jueces laborales, fundado en el contenido de sus sentencias. Pretender sancionar a los jueces por el contenido de sus sentencias atenta contra la independencia del Poder Judicial. Es evidente que se intenta impedir que los jueces laborales fallen en favor de los sindicatos y contra la ilegal intervención estatal”.
• La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional señaló: “La independencia del Poder Judicial no admite recortes, sólo la exigencia de actuar imparcial e idóneamente. La solicitud de juicio político a los referidos jueces por el contenido de sus pronunciamientos implica una evidente injerencia en la jurisdicción judicial, especialmente prohibida para los funcionarios de otros poderes”.

Desde el MST en Izquierda al Frente repudiamos la presentación del ministro Triaca y el gobierno macrista y defendemos el derecho de los trabajadores a negociar en paritarias libres. La organización y la lucha del movimiento obrero es la herramienta para frenar los intentos de ajuste, despidos y todo tipo de flexibilización laboral.

 

Vanesa Paola López,

Equipo de Abogadxs del MST