Escribe: Andrea Lanzette

En todo el país, sobran las razones para movilizarnos contra las derechas que ponen como blanco de ataque al movimiento feminista y LGTBQI+, al derecho al aborto, la salud y la educación pública y la educación sexual integral, los derechos humanos, nuestros derechos laborales y los bienes comunes. Tomamos las calles porque sabemos que son nuestro espacio de lucha, por lo que hemos conseguido y por lo que nos queda por lograr, porque no daremos ni un paso atrás.

Pero también tomamos las calles para decir que no alcanza con tener un Ministerio de la Mujereres, género y diversidad que sea de cartón, que necesitamos que nuestros derechos sean reales, se cumplan a lo largo y ancho del país.

Desde Juntas y a la Izquierda y el MST, hemos sido claras desde el comienzo de las asambleas preparatorias de la Jornada del 28S. Sabemos que vamos a un país de cambios profundos y enfrentamientos en la lucha de clases, con una gran posibilidad de que sea la derecha más retrograda la que gane, con un plan integral para liquidar todos los derechos sociales y democráticos conquistados. Por eso en la calle, estaremos para no permitir que pase.

El peronismo no es alternativa, ni a Milei, ni a Bullrich, ni es un mal menor ni voto útil votar a Massa. La situación actual, el descontento y este fracaso son responsables de abrir la puerta a la derecha. Y ese debate atravesó en cada asamblea. Si bien en el debate de consignas rápidamente se dejó atrás el voto útil, la discusión se trasladó a dónde concentrar, o cómo expresar las consignas. Patria Grande o la Cámpora cuidando para que no haya crítica alguna a este gobierno.

Queremos ser claras, para enfrentar a la derecha también hay que enfrentar el ajuste que le abre la puerta. Priorizando la unidad más amplia del movimiento dimos pelea para un pliego de reivindicaciones comunes, pero siempre con este norte. Todo el pliego de reivindicaciones denuncia el ajuste, aunque no mencione a Massa.

La izquierda puede y debe dar otros pasos

El debate político electoral se cuela en todos los debates. Por eso también es necesario decir que como parte del FIT Unidad, entendemos que nuestro frente es la única alternativa al desastre de los partidos capitalistas, y por supuesto el único espacio que defiende los derechos de las mujeres y la diversidad. El único frente que no está atado al FMI y a la deuda, y que siempre ha estado en las calles con el movimiento feminista y el pañuelo verde.

Ahora también desde Juntas y a la Izquierda y el MST creemos que este frente debe transformarse, debe también trascender lo electoral, porque aprovechar como único centro lo electoral sin la perspectiva más a largo plazo, lleva muchas veces a no dar todas las batallas o a darlas incorrectamente. En las diferentes asambleas de Ni Una Menos podíamos ver esos problemas, ya sea solo explicando que la salida es votar al FITU, como la propuesta que hizo el PTS, o cediendo a las presiones de consignas ambiguas solo para cuidar al electorado posible.

La izquierda tiene una gran responsabilidad que no puede agotarse solo en la discusión del voto. Para nosotres, el FITU debe dar todos los debates necesarios para lograr que sea un frente de masas. Que convoque a un gran plenario, donde más allá de todos los sectores se convoque a las mujeres y disidencias a organizarnos de verdad frente a esta perspectiva, y construir las bases de la rebeldía verde.

Párrafo aparte el caso del Nuevo MAS, al quedarse afuera de las generales y retroceder, critica al FITU sin llamar a votarlo masivamente. Y cediendo a cada consigna o propuesta de los sectores afines al gobierno, con el argumento de unidad contra «las derechas».

Por un feminismo de clase. Por las mujeres trabajadoras

Parte de las batallas que dimos desde Juntas y a la Izquierda fueron en el marco de entender que el movimiento feminista es policlasista, y como tal cada sector procura imponer consigas desde el sector social que defiende. El debate se dió en torno al atentado contra la vicepresidenta. Lógicamente repudiamos el atentado contra Cristina de violencia política facha, pero a la vez polemizamos con las corrientes K de asociar ese atentado a Cristina como emblema del movimiento feminista en Argentina, está muy lejos de serlo. Frente a esa maniobra nuestra posición fue clara, repudiarlo y a la vez no ser furgón de una línea que romantiza una figura que históricamente hizo poco por los derechos de las mujeres y disidencias trabajadoras. Por eso, rechazamos la utilización política del atentado llamando a solidarizarse con «la feminista Cristina». Son debates que cruzan a este movimiento dentro del cual planteamos nuestro feminismo socialista, de clase. Defendemos los derechos de la mujer trabajadora, cuya doble opresión profundiza las inequidades y miserias.

La feminista marxista Lise Vogel planteaba «Políticamente, todo el movimiento socialista como el movimiento feminista socialista se enfrentan con la difícil tarea de luchar en favor de las mujeres, sin sucumbir a dos peligros igualmente insidiosos. Por una parte deben mantenerse en guardia contra el feminismo burgués,(…), y por otra parte de no deben permitir que concepciones simplistas o economicistas de la lucha de clases releguen a un lugar subordinado la lucha por la liberación de las mujeres».

CFK es parte del proyecto político de quienes nos oprimen, de quienes hacen nuestra vida miserable, y de quienes defienden y reproducen el sistema capitalista como único sistema posible. Nuestro feminismo lucha contra el patriarcado al mismo tiempo que pelea contra el capitalismo, no todas las feministas dan esta pelea, al contrario, algunas fomentan la continuidad de las prácticas capitalistas que sostienen al patriarcado, esperando que estas sean menos «salvajes», como si fuera posible un capitalismo menos violento. Es por eso que no basta solo con ser mujer para decir soy vulnerable o por el solo hecho de ser mujer se es feminista. Desde Juntas y a la Izquierda construimos un feminismo de clase, que se organiza para ir contra el capitalismo, socio indiscutible del machismo y el patriarcado.
En este punto fuimos hasta el final, con poco acompañamiento del resto de la izquierda. Logramos que la consigna sostenga el repudio al atentado contra CFK sin asociar su figura a una consigna feminista. Es importante que sigamos dando el debate sobre qué feminismo debemos construir.

Después del 28S, nos vemos en Bariloche

Faltan pocos días para en Encuentro Plurinacional y con las disidencias. Un Encuentro que se llevó a Bariloche para sacarlo del epicentro del poder, y que hubiera sido clave frente a la perspectiva que se viene si miles nos hubiéramos congregado en Buenos Aires a una semana de las elecciones. Miles de pañuelos verdes diciéndole a Milei y a toda la derecha: estamos acá, y de acá no nos vamos a mover, porque no pasarán. El sector que organizaba los antiguos ENM que perdió el control hegemónico del mismo, quiso negociar con el gobierno un acuerdo: «votemos juntes Bariloche y reveamos cómo será el Encuentro». Intentando retomar la vieja discusión del nombre, lo que no pudo lograr.
Este encuentro es plurinacional y con las disidencias. Y allí nos veremos para seguir organizándonos y dar la batalla clave de traer a la marea verde, al movimiento de mujeres feminista y disidente a la CABA en el 2024 para que en la calle demos la batalla necesaria contra quien sea gobierno y frente a lo que pretenda.

Ni un paso atrás es usar toda la artillería, también ir al corazón del poder político a llenarlo de nuestros pañuelos, blancos, naranjas y verdes, y a defender nuestros derechos. Juntas y a la Izquierda también dará esa batalla. Nos vemos en Bariloche.

Escriben: Sofía Cáceres Sforza y Nadia Burgos

La ola feminista mundial sigue, pero atemperada por la pandemia. Por ejemplo acá y en Corea del Sur se logró el derecho al aborto, pero en Honduras se prohibió y en Polonia se recortó. Es una pulseada constante. A la vez, la pandemia y la crisis nos golpean más a las mujeres y disidencias: teletrabajo, más tareas en el hogar, más violencia de género.
De cara a un nuevo 8 de Marzo, y ante un gobierno que alardea de su Ministerio de Mujeres, de tener el primer Presupuesto nacional “con perspectiva de género”, de la ley de aborto y, nada menos, de haberle “puesto fin al patriarcado”, los hechos lo desmienten a cada paso.

1. Aborto: lo hicimos ley, lo hacemos cumplir

La legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo fue una victoria de la marea verde. Con la construcción masiva y colectiva de las calles, logramos nuestro derecho. No importa cómo nos la quieran vender, nosotres sabemos que no fue un triunfo del gobierno: sin nuestra presión en las calles, incluso con pandemia, no lo hubiésemos conquistado.

Sin embargo, el triunfo fue agridulce. El gobierno cedió a las presiones de la Iglesia y los sectores reaccionarios, incluyó la objeción de conciencia institucional y quitó el concepto integral de la salud. Esos recortes los utilizan los antiderechos para impedir nuestro derecho y obstaculizar la práctica. Tenemos que estar alertas porque estos sectores siguen organizados y actúan como parte de la polarización social y política más general. Por eso la pulseada sigue y proliferan los proyectos para derogar la ley.

En San Juan un diputado nacional macrista presentó un proyecto para derogarla. También allí la directora y varixs ginecólogxs del Hospital Marcial Quiroga se declararon objetores y por ahora en dicho hospital público nadie garantiza la práctica.

En Chaco la situación es aún peor: la jueza Marta Aucar de Trotti dictó una cautelar que suspende la ley por considerarla “contraria a las normativas de la provincia”.
Presentaciones similares surgen en otras provincias como Entre Ríos, impulsada por la abogada Muller del partido NOS de Gómez Centurión. Hospitales públicos importantes como el Masvernat de Concordia se niegan a garantizar la práctica.

Cada vez que sea necesario estaremos en las calles para frenar estas embestidas y defender nuestro derecho a decidir. La ley se debe aplicar en todo el país, sin vueltas. Junto con eso tenemos que luchar por la producción pública de misoprostol y mifepristona. Y no basta con habilitar la producción y distribución vía el laboratorio estatal de Santa Fe, sino a través de toda la red pública de laboratorios.

2. El femicidio nuestro de cada día

Fernández, en mesa con su ministra Gómez Alcorta, anunciaba el fin del patriarcado. Pero sólo en lo que va del año ya hubo 44 femicidios y travesticidios, o sea más que los días transcurridos(1). Venimos de un año atravesado por la crisis sanitaria y una agudización de la crisis económica. Y como lo advertimos al inicio de la cuarentena, sin medidas integrales de prevención y cuidado, las mujeres y disidencias estamos expuestas al recrudecimiento de la violencia machista producto del aislamiento y la creciente precarización de nuestras vidas(2). El gobierno nos habla de cambios de paradigmas en la política y de presupuestos con perspectiva de género, pero la realidad muestra otra cara.

Sabemos que frente a la violencia machista la ESI es una herramienta central para desarmar estructuras que se reproducen en las casas, escuelas y lugares de trabajo. Pero sigue sin aplicarse en todo el territorio, no sólo por las presiones de los antiderechos sino también por la falta de presupuesto para docentes, formación e implementación.
Sin presupuesto real para políticas integrales y no meramente discursivas, la asistencia a las víctimas es siempre recortada. Se lanzó el programa Acompañar, con el pago de un salario mínimo vital y móvil, es decir $20.600 (en enero), por seis meses. Pero con la brecha de base que hay para una víctima de violencia de género no hay autonomía posible con un subsidio tan precario.

De hecho, el doble discurso oficial implica violencia institucional y las propias cuentas no cierran. Mientras según el Presupuesto nacional 2021 el programa Acompañar es para asistir a 92.000 personas, lo que sumaría $ 11.370 millones, la partida real asignada es de 4.500 millones, o sea menos de la mitad(3).

Ese mismo Presupuesto establece el “fortalecimiento” de 60 hogares-refugio: una verdadera miseria ya que en todo el país funcionan sólo unos 150 y según la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para 44 millones habitantes habría que tener un mínimo de 1.500.

3. Para las trabajadoras, más desigualdad

La burocracia sindical alineada con el gobierno levanta la consigna Trabajadoras somos todas. Este discurso no es nuevo y forma parte del repetitivo pacto social que nos quieren imponer para frenar la organización de las mujeres y disidencias trabajadoras. Pero en esta sociedad existe una minoría burguesa y parasitaria de mujeres que viven de explotar el trabajo ajeno, que no trabajan ni fuera ni dentro de su hogar. Como contracara, la feminización de la pobreza y la precarización no dejan de crecer. Así lo confirma el propio informe del INDEC del último trimestre de 2020, ya que las mujeres superamos a los varones en la tasa de desocupación: 13,1% versus 10,6%(4).

Además, en general las mujeres ocupamos los trabajos peor remunerados y más precarizados. Según el informe del segundo trimestre de 2020, el 25,4% de las mujeres no poseíamos aportes jubilatorios versus un 22% de los varones(5). Es decir, sufrimos en mayor medida la relación laboral irregular, lo que implica falta de obra social y otros derechos. Ese informe también demostró que las mujeres llegamos a la mitad de los cargos jerárquicos que los varones: 4,6% versus 7,7%.

Según los mismos datos oficiales, los trabajos que realizamos las mujeres son los más precarizados. Por ejemplo en el servicio doméstico la tasa de feminización es del 94,7%, y el ingreso promedio es de $10.600. En el sector de salud y servicios sociales ocupamos el 74,2% de los puestos, con un promedio salarial de $38.500. Y en la educación el 73,4% somos trabajadoras, con un ingreso medio de $36.000. Son salarios de miseria. Encima, en muchos casos es el mayor aporte del hogar: por ejemplo, el 47,9% de las empleadas domésticas aportan el ingreso principal. Y la prepotencia del “patrón” hacia el servicio doméstico y la persistencia del modelo médico-hegemónico en la salud confirman que las tareas más feminizadas son las de mayor exposición al maltrato y el acoso laboral y sexual.

4. Nosotras cuidamos, el Estado nos descuida

Muchas mujeres trabajamos también en el hogar, en la reproducción social que el capitalismo necesita para sostener su mano de obra actual y futura, su explotación y sus salarios de miseria. Las mujeres dedicamos a las tareas de cuidado y al hogar tres veces más de nuestro tiempo que los varones. Ese trabajo hogareño es trabajo no pago de millones de mujeres y disidencias, tareas que se vieron sobrecargadas por la cuarentena.
La pandemia y la inflación golpean duramente a los hogares feminizados, pero las medidas que implementó el gobierno no fueron suficientes para contrarrestar esta avanzada. Con un IFE de $10.000 por sólo tres meses, una Tarjeta Alimentar de $6.000 y una AUH de $2.9736 no alcanza. La pandemia sigue y es urgente aumentar el presupuesto para llegar a un IFE mínimo de $30.000 con $10.000 más por cada hije. Ningún presidente, ministro, diputado, juez o comisario podría subsistir con esos montos.

5. Hablemos de plata en clave de género

El gobierno no para de vendernos el discurso del “presupuesto con perspectiva de género” (PPG). Pero los programas a los que dice destinar la mayoría de esos fondos no son nuevos: ni la jubilación de amas de casa, ni la AUH y la asignación por embarazo ni la pensión para madres con más de siete hijes. Encima la jubilación recién a fines de 2021 se acercaría al magro monto de $24.500 promedio, totalmente alejado de la inflación prevista. El presupuesto tampoco incluye una financiación real para la ESI, ya que sólo se prevé capacitar al 2,5% de los docentes. El discurso del PPG se limita, entonces, a ponerle la etiqueta violeta a 29 programas o políticas públicas ya existentes. Pero desde ya, la profunda brecha de género no se subsana así.

En cuanto al trabajo hogareño no remunerado, hacer las compras, cocinar, lavar la ropa, limpiar la casa, atender a compañeres, hijes, mayores y personas a cargo, etc., no existen políticas públicas directas. Según el propio gobierno, el valor económico de todo ese trabajo gratuito equivale a casi un 20% del Producto Bruto Interno. Un verdadero PPG debería destinar miles de millones a alivianar, desde el Estado y en concreto, la pesada carga que el sistema nos asigna a las mujeres y disidencias: abrir guarderías y jardines de primera infancia en todos los barrios, doble jornada escolar, comedores y lavaderos comunitarios y establecimientos geriátricos de calidad en todo el país. También disponer un aumento sustancial de los salarios de los empleos feminizados -docencia, salud, servicio doméstico- y políticas de inclusión integral para la comunidad travesti-trans.
Nada de esto es posible si en el Presupuesto nacional el gobierno le asigna al Ministerio de Mujeres apenas el 0,074% del total, mientras sigue pagando fortunas por la deuda externa usurera y sostiene con subsidios millonarios a la Iglesia y la educación religiosa, sectores que encima defienden prejuicios misóginos y de odio anti-LGBTI+.

6. Las disidencias, postergadas

Las disidencias sexo-genéricas venimos sufriendo más los efectos de la pandemia. Sin empleo y con más exposición a la violencia, ni siquiera la prostitución se pudo sostener como una salida: los desalojos compulsivos dejaron en la calle a cientos de personas que ejercían el trabajo sexual. En cuanto al programa Potenciar Trabajo, que el gobierno dispuso para personas trans, son apenas unos 6.000 planes por $10.293,75 según el último aumento.

La violencia contra la comunidad LGBTI+ tampoco mermó. En 2020 se registraron 152 crímenes de odio7. El 57% (86) se trató de lesiones al derecho a la vida (asesinatos, suicidios y muertes por ausencia y/o abandono estatal histórico y estructural) y el otro 43% (66) fueron casos de violencia física que no terminó en muerte. Del total de 152 crímenes de odio, 127 tuvieron como víctimas a una travesti o mujer trans, lo que confirma que son el blanco predilecto de la violencia social e institucional, en especial de la policía.

7. Iglesia y Estado, todavía no separados

Pasaron casi tres años desde que el macrismo y la cúpula eclesiástica acordaron un plan de “reducción gradual” de aportes estatales a la Iglesia Católica. No obstante, la aplicación efectiva nunca llegó. El gobierno de Fernández, de buena sintonía con el Vaticano, alguna vez habla del Estado laico pero sus relaciones económicas y políticas con el clero no cesan. El Presupuesto 2021 estipula $155 millones a la Curia, a lo que se suman las exenciones fiscales y de servicios.

El grueso del aporte estatal es para financiar las escuelas privadas confesionales, que no sólo trabajan contra la educación pública sino que no respetan leyes nacionales como la ESI y derechos como el matrimonio igualitario, la identidad de género y todo otro avance que signifique reconocer nuestras vidas en igualdad. A la educación religiosa, que abonan las provincias pero sale de nuestros bolsillos, van más de $80.000 millones por año, que deberían volcarse a la escuela estatal.

La Iglesia, vieja institución enemiga de nuestros derechos, sigue jugando su pulseada contra la ley de aborto por boca del Papa, sus obispos y curas. También llevan adelante acciones varias iglesias evangélicas, que alientan la presentación de amparos contra la aplicación de la ley de IVE o lanzan campañas de captación de profesionales de la salud para que se sumen a la objeción de conciencia.

Como ya lo expresamos al calor de la marea verde, la separación de la Iglesia y el Estado es una tarea democrática pendiente. Más allá de sacar a dios de la Constitución y las imágenes religiosas de los establecimientos públicos, la clave es dejar de financiar a estos parásitos, anular todos sus privilegios y fortalecer una educación laica, feminista y científica.

8. Lo tiraremos junto con el capital

Mientras Alberto considera que le puso fin al patriarcado con su mansplaining recargado, la opresión patriarcal prosigue. Como feministas socialistas sabemos que el sistema patriarcal es un entramado que no se puede separar del sistema económico-social imperante: es parte consustancial del capitalismo. Mientras el gobierno anuncia su fin, en realidad no hace más que continuar su reproducción en todas las instituciones.
Nos encontramos ante una situación de opresión. Vemos cómo desde los estereotipos y roles desde la niñez, el trabajo doméstico gratuito, la brecha salarial, la violencia institucional de género, en una espiral que se retroalimenta, todas las actividades que esta sociedad nos atribuye y son “feminizadas” están en función de reproducir un sistema que nos oprime, nos violenta y nos mata.

Nosotras, nosotres y nosotros, en cambio, defendemos cada uno de los derechos de género conquistados y luchamos por ampliarlos, teniendo en claro que a la vez damos una batalla política sistémica porque mientras siga el capitalismo continuará habiendo patriarcado. Por eso no sirve solamente reformar pequeñas estructuras o crear supuestos espacios seguros.

Hoy todos los gobiernos capitalistas, producto de la crisis económica, sanitaria, social y ecológica en la que vivimos, atacan nuestros derechos de manera sistemática y al servicio de mantener las ganancias y privilegios de unos pocos. No alcanza con decir luchemos por “lo alcanzable”, por “lo posible”. Esas posiciones son objetivamente funcionales a que nada cambie, son funcionales al sistema.

Se vuelve central entonces fortalecer nuestro feminismo, un feminismo revolucionario y socialista, el que estamos construyendo desde Juntas y a la Izquierda, Libre Diversidad y el MST en el FIT Unidad. Para cambiar todo lo que debe ser cambiado. Organizate con nosotres para empujar el Paro Internacional de Mujeres y las marchas del 8M en todo el país y también para potenciar esa pelea de fondo: que el patriarcado y el capitalismo caigan juntos.

1. Desde que hay cuarentena hubo 102 femicidios, 42 travesticidios y 95 intentos de femicidios y en todas las provincias aumentaron las denuncias por violencia de género (Informe julio del Observatorio Lucía Pérez: 102 femicidios cometidos durante la cuarentena; en www.observatorioluciaperez.org)
2. En cuarentena. Para muchas, el hogar es riesgo; en www.mst.org.ar
3. Jurisdicción 86
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; en www.economía.gob.ar
4. Bases de datos; en www.indec.gob.ar
5. La desigualdad de género se puede medir; en www.ecofeminita.github.io
6. Por mes se cobra $ 2.973 (80%) y el 20% restante acumulado se cobra una vez presentada la Libreta de Asignación Universal.
7. LGTB informe 2020 sobre crímenes de odio; en www.periodismodeizquierda.com

Escribe: Jeanette Cisneros

La Ley 27.610 es una conquista de alcance histórico. Décadas de lucha, dos años de movilización permanente, debates que cruzaron toda la sociedad y un eco que traspasa fronteras. Masiva y combativa, nuestra batalla es parte de la cuarta ola feminista internacional, que sigue viva más allá de la pandemia.

El gobierno intentó apropiarse políticamente de nuestro triunfo, buscando canalizar hacia el presidente, su gabinete y sus diputades y senadores la simpatía por la aprobación. Además, lo utilizó para tapar que cuando se votaba nuestra ley en Diputados, hacía aprobar el recorte jubilatorio en el Senado y viceversa.

Ganamos y ellos perdieron, empezando por el Papa Bergoglio, su Iglesia Católica y sus socios evangélicos. Ni sus escraches “pro-vida”, ni sus ofensivos carteles ni su lobby parlamentario lograron frenarnos. Tampoco pudieron los legisladores celestes, incluido Mayans, el jefe del bloque oficialista en el Senado. Los derrotamos.

Pero Alberto les cedió a los antiderechos e impuso sucesivos recortes a la ley. A diferencia del proyecto de la Campaña, primero mantuvo la penalización después de la semana 14 e incluyó la objeción de conciencia. Luego la elevó a objeción institucional como concesión a las clínicas privadas y obras sociales. Y por último, al promulgar la ley, vetó el carácter de integral en la definición de salud, lo que obstaculiza los abortos no punibles.

Más allá de esas limitaciones, nuestro avance y la derrota celeste nos fortalecen para las peleas que siguen.

Marea verde y pulseada en otras costas

Un primer ejemplo del alcance de nuestro logro es Corea del Sur. En 2019, luego de la primera media sanción aquí, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley que desde 1953 prohibía el aborto. Y en octubre pasado se aprobó una ley para garantizar la IVE hasta la semana 14, derecho que rige a partir del 1º de enero.

Otro país mucho más cercano donde la pelea sigue es Chile. Nuestras compañeras del Movimiento Anticapitalista señalan: “Luego de que las pibas ganaran en las calles la legalización del aborto, hoy se discute en la Cámara de Diputados un proyecto de ley ingresado en 2018 que despenalizaría el aborto en cualquier causal hasta las 14 semanas de gestación. Este proyecto no garantiza el acceso a un aborto seguro y gratuito en la salud pública, sino que es sólo una modificación al Código Penal que elimina el castigo para las mujeres, que seguirán abortando en la clandestinidad sin garantías ni derechos… No basta con despenalizar: debe ser el Estado el que garantice el acceso a anticonceptivos; la educación sexual en el respeto, el consentimiento y el placer, los derechos; el fin de la violencia obstétrica y una salud de calidad que resguarde a quienes sí quieren ser madres. En resumen, todos los derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres. Seguimos en la lucha por un aborto libre, seguro y gratuito”.

Estas son sólo dos muestras de una pulseada permanente, porque si bien la ola feminista persiste -aunque atenuada por la pandemia- en todos lados los políticos y religiosos antiderechos se organizan para que no se avance o incluso se retroceda allí donde el aborto ya es legal. Por ejemplo, en Honduras el Congreso unicameral acaba de “blindar” el artículo 67 de su Constitución, que prohíbe el aborto en toda circunstancia.

Aplicar la ley: otra batalla

De la ley a la realidad siempre hay distancia. Pasa con la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral y con el protocolo nacional de aplicación de la ILE, entre tantas otras normas que reconocen derechos. En base a esta experiencia, alertamos que la objeción de conciencia institucional le abriría la puerta a nuevas negativas.

Y no tardó en pasar. El primer caso surgió en San Juan: el Hospital Rawson garantiza la IVE, pero el otro hospital público de la capital, el Marcial Quiroga, no: según su directora, hay objeción de conciencia institucional. Esa objeción es ilegal, porque el artículo 11 de la ley sólo la autoriza a clínicas privadas y obras sociales. Enseguida, tanto en San Juan como en la Casa de esa provincia en CABA hicimos escraches para exigir que se cumpla la ley. El lunes 18 la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir hizo una primera reunión con agrupaciones feministas, de la que participamos, se acordó hacer un petitorio amplio para exigir una reunión al ministro de Salud. En medio, tuvo que renunciar la directora celeste del Quiroga. Pero asumió otro objetor. Por eso seguimos reclamando que se tome personal que garantice el derecho al aborto, tal como lo establece la ley. A su vez, los antiderechos de Abogados por la Vida y Ola Celeste siguen presionando en contra. Es decir, la pelea sigue abierta.

Según las informaciones, además de San Juan habría problemas de implementación de la ley en provincias como Corrientes, Formosa, Chaco, Tucumán y Santa Cruz. Otras, como Santa Fe, Catamarca y Córdoba, esperarían la guía nacional de aplicación.
En concreto, debemos estar alertas a que todo hospital o establecimiento de salud pública cuente con personal que realice el aborto. Y que toda obra social y clínica privada en donde haya objeción institucional garantice la derivación sin ninguna dilación y cubra el costo total de la práctica.

Por otra parte, el Estado debe garantizar en tiempo y forma la provisión suficiente de misoprostol y mifepristona. Por eso es clave avanzar en su producción pública en Santa Fe y los demás laboratorios estatales, lo que además abarataría mucho los costos.

Organizate con Juntas y el MST

Al promulgar la ley, Alberto se decía “feliz de estar poniéndole fin al patriarcado”. Por empezar, que lo diga él es ya toda una jactancia machirula. Pero vamos a lo principal: el patriarcado y el capitalismo son parte de un mismo sistema que somete a mujeres y disidencias a la opresión y a toda la clase trabajadora a la explotación, todo en beneficio de una minoría privilegiada.

Cada institución de este Estado capitalista y patriarcal sostiene ese orden injusto, a menudo con violencia, y cuanta más crisis hay, más nos retacean el acceso a derechos conquistados. La familia, el gobierno, la policía, la justicia, la escuela, las iglesias, el sistema de salud y los grandes medios producen y reproducen ese statu quo. Por eso las decisiones las toman los dinosaurios del Senado que limitaron nuestra ley. Por eso el Estado financia a la Iglesia Católica para que los dogmas del Vaticano pesen más que la ESI y promuevan la “paz social”. Por eso el presidente borra con el codo años de historia de lucha para presentar su proyecto, negociar con los celestes y querer adjudicarse nuestros triunfos.

Te invitamos a acercarte a las asambleas abiertas que estamos organizando como espacios democráticos para construir un feminismo revolucionario. Queremos debatir y resolver juntas y juntes qué batallas vamos a dar, por qué y cómo. Queremos empezar a preparar las marchas y el Paro Internacional de Mujeres del 8 de Marzo. Organizarse es la única manera de vencer a los antiderechos, dar vuelta todo y abrir paso al socialismo.

En 2018, cuando la Iglesia atacaba con su ofensiva «pro-vida», recibía respuestas de la Campaña por el Derecho al Aborto e incluso escraches cuando perseguían a alumnes con pañuelo en los colegios religiosos. Hoy la avanzada antiderechos no encuentra similar respuesta y además prevén acciones para todo el fin de semana.

La Conferencia Episcopal Argentina acusó al gobierno de padecer una «febril obsesión por instaurar el aborto». Intentan mostrarse como voceros de los problemas sociales sin resolver, pero son hipócritas que nada dijeron del mísero IFE, ni de las ATP a las empresas ni de la ola de despidos.
Hubo también una repudiable serie de carteles verdes para tergiversar nuestro reclamo: #Aborto legal para que nadie se entere y te siga violando, decían. Y el colmo fue el padre Pepe, que reporteado por Feinman dijo pavadas: «Si hay aborto, no hay Navidad en Argentina, no festejemos nada. La verdad es que el niño Jesús no hubiese nacido».

En este tramo final, los celestes plantean movilizarse el 26 a Luján, el 27 por el día de la Sagrada Familia y el 28 misa y ayuno por el día de los Santos Inocentes…

Senado tramposo

La media sanción en Diputados fue un triunfo de la marea verde. Pero es preciso analizar las posturas del gobierno y la Campaña en los momentos de definiciones. Cuando Alberto presentó su proyecto, más limitado que la media sanción de 2018, alertamos sobre esa maniobra: si se aceptaba sin chistar y no se defendía a rajatabla el proyecto de la Campaña, iban a avanzar los antiderechos.

Así pasó. Por desgracia las comisiones de articulación y cabildeo de la Campaña le cedieron al gobierno con la excusa de «la ley posible». No cuestionaron a fondo la objeción de conciencia individual ni la penalización. Por eso Diputados incluyó en la ley otra limitación más: la objeción institucional, por la que clínicas privadas y obras sociales pueden negar el aborto.

Ahora los números en el Senado son inciertos. Y la Campaña se limita a preparar algún afiche, pero sigue confiando en las gestiones institucionales por arriba. Por eso está pasando lo que alertamos el viernes 18, apenas dictaminó el Senado: el gobierno, «a riesgo de nuevas concesiones, negocia con los celestes que incluyó en sus propias listas».

De los 41 senadores del interbloque oficialista, 15 están en contra de la ley, empezando por el jefe de bloque José Mayans. El entrerriano Edgardo Kueider (FdT) y el rionegrino Alberto Weretilneck firmaron el dictamen en disidencia parcial: proponen modificar la media sanción limitando los abortos hasta la semana 22 y quitar de las causales la salud integral, dejando sólo violación o riesgo de vida. Su planteo podría sumar dos senadoras indecisas, mientras Cambiemos presiona para volver la ley a Diputados y así dejar al gobierno en falsa escuadra por no garantizar los votos.

El 29, a las calles para que sea ley

Esta situación pone en riesgo la ley. Los dinosaurios de las listas del Frente de Todos y del macrismo están decididos a negarnos el derecho a decidir. El gobierno tiene mayoría propia en el Senado, pero no tiene la voluntad política. Y el macrismo apunta a no darle aire al gobierno, a la vez que dejarnos sin ley.

Si los celestes se envalentonan para seguir a la ofensiva, es porque la Campaña fue dejando de lado los espacios y métodos de lucha construidos en años. Ni asambleas virtuales, ni respuestas públicas a los antiderechos ni la calle como principal herramienta de lucha. Así, se generaliza la desinformación, se intenta marginar a quienes desde la izquierda planteamos diferencias y ni siquiera se convocan las radios abiertas, como lo hicimos por decenas en 2018. Es decir, se debilita la pelea.

Desde Juntas y a la Izquierda y el MST, en cambio, nos organizamos para el 29 copar de verde Congreso y todas las plazas del país. Hay que movilizar con todo para frenar las maniobras del Senado y luego seguir de cerca la reglamentación. En ese camino, te invitamos a fortalecer nuestro feminismo socialista revolucionario, consecuente, que no baja ninguna bandera, para defender el aborto legal sin trampas y hasta que tiremos al patriarcado junto con el capital.

2. Aun así, la ley de aborto será una victoria frente a los antiderechos por ser un avance respecto de la actual penalización. Le ganaremos un round al Papa, los evangélicos y demás dinosaurios en el camino de separar Iglesia y Estado y anular todo subsidio a ellos y a los colegios religiosos.

3. La ley se va a votar. Si a la fecha hay 124 votos a favor, 110 en contra y 22 sin definir, la ley va a ser aprobada. El dilema es con qué texto: si con el de la Campaña, que no incluye la objeción de conciencia, o con el del gobierno, que la incluyó como concesión a los celestes.

4. Por eso movilizamos a Congreso desde el 9. No para alguna foto de ocasión con les diputades sin importar qué texto firman, sino para presionarles hasta el último minuto para que retiren la objeción de conciencia individual o, como mínimo, prohíban la objeción institucional. Por supuesto, rechazamos todo intento de agregarla.

5. Es que dicha objeción es un peligro concreto. Si cada profesional de un hospital se declara objetor/a individual, es de hecho una objeción institucional. Y si ya en muchas provincias se niegan a practicarles la ILE a niñas violadas, imaginate lo que será con el aborto.

6. O sea, iríamos a un panorama similar al de Estados Unidos u otros países cuya legislación es ambigua y deja blancos para la presión de los sectores religiosos y políticos antiderechos. Habrá que movilizar a cada hospital o clínica para garantizar nuestro derecho a decidir.

7. Por eso es tan importante sacar la objeción individual o prohibir la institucional. Así el hospital público o clínica privada estarían obligados a garantizar al menos un/a profesional que haga el aborto. Sería como la media sanción de 2018: una victoria de nuestra lucha colectiva. Pero ojo a los retrocesos de último momento.

8. Hasta ahora, lo más probable es que se vote el proyecto de Alberto. En eso también hay una responsabilidad de la articulación de la Campaña, que lamentablemente no cuestionó a fondo la objeción ni llamó nunca a movilizar contra ella: de hecho la aceptó. Por eso no descartamos que el Congreso intente limitar aún más la ley.

9. También habría que sacar del proyecto oficial la penalización a quien aborte después de la semana 14 y al profesional que lo practique. Agregar el derecho al aborto en los contenidos de la ESI. Y acortar a 5 días el plazo para hacer el aborto, como en el proyecto de la Campaña.

10. Nosotres movilizamos con todo el 9, 10, 11… y cuando trate la ley el Senado, siempre más retrógrado. Y te invitamos a organizarte con nosotres para seguir la lucha, para que se aplique y también para derrotar a este sistema capitalista y patriarcal, padre de todas las violencias.

Escribe: Jeanette Cisneros

En inglés se habla de mansplaining cuando los hombres nos explican a las mujeres qué debemos opinar. Eso es lo que de alguna manera hace Alberto Fernández con su proyecto de aborto.

Algunas compañeras se entusiasmaron al ver, en una rápida mirada, que el proyecto presidencial parecía similar al texto de la ley que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en 2018. Pero las buenas relaciones gobierno-Vaticano y las reuniones de Massa con los celestes alertaban sobre la influencia de los antiderechos en el texto oficial.

Pero nuestra lucha arranca de un piso más alto. Por eso no nos conforma un proyecto que intentan mostrarnos como “el único posible”. Cuando la marea verde tomó fuerza, decenas de miles de jóvenes en todo el país asumimos la pelea por la ESI, la ILE y el aborto legal. Ocupamos las calles, hicimos vigilias multitudinarias, dimos batalla contra los fundamentalismos de los dinosaurios político-religiosos y ganamos consenso social. Ahora podemos lograr nuestro proyecto, no por la rosca parlamentaria sino por la fuerza de la movilización.

Entonces, es urgente leer bien cada artículo y comparar ambos proyectos para prever qué trampas y limitaciones trae el texto de Fernández, tanto en su debate en el Congreso como en su posterior aplicación (ver cuadro).

Rechazar la objeción de conciencia

No lo decimos “las troskas”, sino la Organización Mundial de la Salud: para evitar las muertes o secuelas permanentes por el aborto clandestino hay que garantizar el acceso a la salud integral. Y eso incluye la necesaria legalización. La principal trampa del proyecto de Alberto es que incorpora en el artículo 10 la famosa objeción de conciencia del o la profesional de la salud que debe realizar la práctica del aborto.

Dos debates surgen de ese artículo. Por un lado, quienes defendemos la perspectiva de derechos entendemos lo obvio: todo profesional de la salud, como toda persona, debe cumplir con las leyes que reconocen derechos. Más aún quienes trabajan en el Estado, cuyos sueldos salen de nuestros impuestos. Si por su conciencia o su religión esa o ese profesional objeta algún derecho, que se dedique a otra cosa. Por eso el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto rechaza la objeción de conciencia.

¿Pero cómo -dicen les defensores del gobierno-, acaso la ley con media sanción que logramos no reconocía la objeción? Ahí está el segundo debate. Sí la reconocía, porque la incluyeron en las comisiones parlamentarias, pero en el mismo artículo, a renglón seguido, la limitaba al establecer que “queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario”.

Como el proyecto oficial no dispone ninguna obligación explícita a los hospitales o clínicas de contar con al menos un/a profesional para garantizar el aborto, de hecho habilita la objeción de conciencia institucional. Es decir, permite que todos los y las profesionales se puedan declarar objetores, como ha ocurrido y ocurre en varias instituciones de salud ante la práctica de la ILE, sobre todo en el interior del país, en donde tienen más peso la Iglesia, los evangélicos y demás sectores antiderechos.

Como bien dice el comunicado de la Campaña que compara ambos proyectos, “tenemos algunas observaciones y diferencias respecto de la mención de la Objeción de Conciencia (OC) del personal médico que está a cargo de prestar este servicio o de proveer la práctica. Nuestro proyecto no contempla la OC por el uso violatorio a los derechos de las mujeres y personas gestantes del que ha hecho abuso el personal médico antiderechos. La experiencia indica que es la puerta de entrada del incumplimiento de la ley, y la obstrucción del acceso, como ocurre actualmente con la provisión de las ILE en nuestro país y de las IVE en los países en donde está permitida en su legislación, generando demoras, malos tratos, morbilidad, mortalidad materna y trasladando la carga de trabajo a quienes sí garantizan el derecho trabajando a conciencia” (subrayado nuestro).

Otros obstáculos

El riesgo empeora con el plazo de 10 días del proyecto oficial en vez de los 5 días que establece nuestro proyecto. La objeción de conciencia y la demora restringen claramente el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos con el peso de la burocracia estatal y el vaciamiento de la salud pública, que bien conocemos quienes la utilizamos.

Encima, el proyecto de Alberto no obliga a dar información laica a quien desea interrumpir su embarazo ni incluye el derecho al aborto entre los contenidos que debe dictar la ESI.
Otro problema que el gobierno busca invisibilizar cuando dice que respeta la tradición de la Campaña es la penalización. Su proyecto permite penalizar a quien aborta después de la semana 14, salvo que su embarazo no deseado “fuere resultado de una violación” o “si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”, o sea los casos ya vigentes de aborto no punible. Para nosotres, en cambio, ninguna mujer u otra persona gestante pueden sufrir algún castigo por ejercer su derecho a no ser una incubadora forzada. Por eso el proyecto de la Campaña propone eliminar esa penalización.

Por último pero no menos importante, mientras nuestro proyecto plantea el concepto de salud integral de la OMS1, el texto oficial no lo define.

Confianza en nosotres, no en las instituciones

Como dijimos al inicio, la fuerza de la marea verde es el camino. Después de postergar durante diez meses, el presidente presentó el proyecto sobre la hora. Ahora deberá pedir la extensión de las sesiones ordinarias.

Junto a estas maniobras, Massa suspendió esta semana la reunión con la Campaña con la excusa de que faltaba definir cuál de las cuatro comisiones que deben dictaminar sobre los proyectos encabezaría la plenaria. Pero el martes 24 se juntó con quienes presiden esas comisiones y sólo invitaron a legisladores celestes “para dialogar”. Según parece habrá 60 expositores/as, mitad y mitad, durante un mes. A su vez, el sábado 28 la Iglesia y demás celestes llamar a una marcha en repudio al tratamiento legislativo…

Por parte de la Campaña está convocada para ese mismo día, ¡por fin!, una plenaria nacional. Allí plantearemos la necesidad de rechazar la objeción de conciencia oficial y de convocar a la marea verde a tomar las calles, pero no a 10 cuadras como se hizo cuando debatió el Senado sino frente al Congreso. Para que el gobierno, y también quienes le son funcionales, sepan que tenemos voz y fuerza propias para que se apruebe el único proyecto sin trampas: el nuestro.

1. “Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

Después de la demorada presentación del proyecto de Alberto Fernández, era urgente volver a teñir nuestras calles de verde. Explicar que fue nuestra presión en las calles lo que lo llevó a no seguir dilatando y, a la vez, señalar que incluye varias trabas por la silenciosa presión de la Iglesia. Por ejemplo, la objeción de conciencia personal, la penalización para quien aborta después del plazo de 14 semanas y la no certeza de que las obras sociales y prepagas deban cubrir el 100% del costo de la práctica. Es más: el proyecto oficial, al no disponer que toda institución de salud deba contar al menos con un/a profesional que garantice la práctica del aborto se abre de hecho la puerta a la objeción institucional.

Es por eso que seguimos reclamando al Congreso que, más allá del proyecto del gobierno, debata y apruebe el proyecto de la Campaña.

La concentración y el pañuelazo en Congreso, que fueron parte de una jornada verde que abarcó el país entero, demostraron que la energía de la marea verde volvió para quedarse.

Cientos de compañeras nos dispusimos a radicalizar esta lucha en las calles y desde Juntas y a la Izquierda y el MST volvimos a ser firmes protagonistas de nuestra lucha histórica por el derecho a decidir. Nuestras compañeras Cele Fierro y Vilma Ripoll estuvieron al frente de nuestra nutrida y combativa columna.

Profundizar este camino ahora se vuelve crucial, no sólo para vencer la segura presión celeste católica y evangélica, sino también para condicionar el debate parlamentario e impedir que tanto en Diputados como en el Senado las y los dinosaurios que el PRO y el Frente de Todos llevaron en sus listas metan más obstáculos en la ley. Que sepan que vamos a profundizar la lucha para que en nuestro país, de una vez por todas, el aborto sea realmente libre, legal, seguro y gratuito.

Jeanette Cisneros

Escribe: Jeanette Cisneros

Con el flamante anuncio de la presentación del proyecto presidencial, la polémica sobre el debate de la ley de aborto se empieza a recalentar dentro y fuera del parlamento.
Los sectores “pro-vida” han formado una mesa de enlace y organizaron una caravana a la Quinta de Olivos a fines de octubre y una movida ante el Congreso la semana pasada. Han publicado carteles con consignas anti-aborto y también apareció otro de “peronistas por la vida”. Y fueron recibidos por Sergio Massa el mismo día en que por fin recibió, tras dos postergaciones, a representantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.

A su vez, desde la comisión de articulación nacional de la Campaña se vienen organizando acciones virtuales y alguna que otra iniciativa sorpresiva en diferentes puntos del país. Pero todo muy a la retranca, en una actitud de espera totalmente funcional a la dilación del gobierno y sin la masividad que requieren las circunstancias.

En varias regionales de la Campaña, la bronca de las activistas por la demora oficial desbordó a la articulación y así salieron pañuelazos, caravanas y otras acciones más participativas. Si queremos que el Congreso trate y apruebe nuestro proyecto es urgente relanzar la marea verde y recuperar las calles.

Maniobras que favorecen a los celestes

La secretaria legal y técnica Vilma Ibarra afirmó públicamente que trabajarían “junto a la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito y los movimientos de mujeres”. Sin embargo, las actitudes oficiales de los últimos meses muestran lo opuesto:

A pesar de sus reiterados amagues, el presidente postergó durante once meses la presentación de su proyecto de ley. Aunque la pandemia no detiene las muertes y complicaciones por aborto clandestino, no es una de sus prioridades.
Ya hace meses señaló que junto al proyecto de aborto presentaría otro de “apoyo a la maternidad”: una clara concesión a la Iglesia Católica y los evangélicos, a quienes además incluyó en sus listas de diputados y senadores del Frente de Todos.

El Ministerio de Salud justificó la demora al mentir que el sistema público estaba “colapsado” por el coronavirus, sabiendo que los servicios de atención son distintos y que legalizar el aborto reduciría los costos y las camas de internación.

En el Senado, su presidenta Cristina Fernández de Kirchner se negó a entrevistarse con las compañeras de la Campaña y se limitó a responder que ella “ya había hablado” al respecto con la ministra de Mujeres, Eli Gómez Alcorta.

Y Massa, titular de la cámara baja, y aunque el proyecto de ley de la Campaña tiene estado parlamentario desde hace meses, en la reunión confirmó que su hoja de ruta para tratar el tema es esperar el proyecto del Ejecutivo.

¿Qué “consensos” trae el proyecto de Alberto?

El lunes 9, por boca de Vilma Ibarra y luego de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, finalmente el gobierno confirmó que Alberto va a presentar su proyecto antes de que termine noviembre. Él decidirá en qué cámara lo ingresa y sería incluido en el período de sesiones extraordinarias del Congreso. Después de tantas vueltas, es evidente que la presión de nuestras acciones callejeras en todo el país por ¡Aborto legal ya! lo obligó a definir una fecha. Pero los interrogantes siguen en pie.

En primer lugar, Ibarra ratificó que el proyecto oficial iría de la mano con otro, la ley de “los mil días”, para alentar el rol maternal. Este programa ya existe en San Juan y consiste en una limitada asistencia alimentaria y sanitaria para la madre y su bebé por tres años.

Asimismo, Ibarra afirmó que en el proyecto de ley de Alberto “no hay sorpresas, son los consensos históricos que existen”. ¿Pero de qué consensos históricos habla? ¿O acaso no dijo él mismo hace pocas semanas que no quería “volver a dividir” a los argentinos?

En el movimiento feminista y disidente ya hemos construido un enorme consenso histórico durante 15 años, en base a un proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que acompañamos más de 500 organizaciones populares, que respaldan miles y miles de activistas de la marea verde, que ganó un amplio consenso social y que en 2018 conquistó la media sanción. Si el gobierno se refiere a ese consenso histórico, debería aprobar ya mismo el proyecto presentado por la Campaña.

Pero la idea de consenso resulta más que dudosa y peligrosa en un gobierno que consensuó llevar pañuelos celestes en sus listas; que consensúa con el FMI un nuevo ajuste; que consensuó con la derecha no expropiar Vicentín ni aprobar el impuesto a los ricos; que consensúa con los empresarios, la burocracia sindical y la Iglesia una “paz social” antiobrera, que consensuó con las sojeras y mineras bajarles las retenciones, y que consensuó con la justicia desalojar a las familias de Guernica a palazos y topadoras.

Si Alberto presenta otro proyecto sobre aborto es porque es distinto al de la Campaña. Por eso hacemos el alerta de que en nombre de algún “consenso” pretendan imponernos un proyecto verde-celeste, es decir con limitaciones a la edad de autonomía de las niñas y jóvenes, a la cantidad de semanas para acceder al aborto e incluso que podría aceptar la objeción de conciencia institucional por presión de la Iglesia y las clínicas privadas. No podemos permitirlo: el aborto debe ser legal este año y con nuestro proyecto, el de la Campaña.

Plenaria nacional ya, para recuperar las calles

Las novedades acerca del tratamiento parlamentario del aborto legal merecen analizarse, debatirse y replantear la estrategia de lucha para lograr la ley. A lo largo y ancho del país hemos venido desarrollando pañuelazos, intervenciones sorpresivas y hasta caravanas, que nos permitieron volver a la escena pública y presionar al gobierno. En todas esas acciones, desde Juntas y a la Izquierda y el MST tuvimos una participación destacada.

En este contexto, es necesario poner fin al freno y a las permanentes trabas por parte de la articulación nacional de la Campaña, que dejó correr todas las maniobras oficiales. Con un escenario político diferente al que tuvimos en 2018, ya no va más que las decisiones las tome un pequeño núcleo y sin consultar. Hay bronca en las activistas más jóvenes y también en muchas de las compañeras históricas frente a otras integrantes que son funcionarias del gobierno o actúan como tales. Tenemos el desafío de mantener la independencia política de la Campaña, exigiendo al gobierno la aprobación de nuestro proyecto.

Es urgente realizar una plenaria nacional de la Campaña, sin esperar hasta la última semana del mes. La movilización en las calles sigue siendo nuestra principal herramienta de presión, decisiva para asumir con fuerza la lucha hasta lograr que nuestro derecho a decidir sea ley.

Escriben: Nadia Burgos y Jeanette Cisneros

En 2018, la marea verde creció entre las pibas y cruzó el país. Así logramos la media sanción. Aunque, luego, el rechazo del Senado retrasó la pelea. En diciembre pasado la Campaña volvió a presentar nuestro proyecto colectivo de ley de IVE1, que tiene estado parlamentario para ser tratado ya mismo.

Por su lado, el gobierno usó la pandemia como argumento para demorar su prometido proyecto, que incluiría mayores limitaciones. Aun cuando el Congreso sesiona hace rato, a diez meses de gobierno, Alberto sigue postergando su presentación. Les diputades del Frente de Todos que firman nuestro proyecto no impulsan que se trate. Y la articulación de la Campaña, muy funcional al gobierno, les deja correr.

El gobierno y el Congreso demoran

La semana pasada, Massa, que preside la Cámara de Diputadxs, tenía una reunión con la comisión de cabildeo de la Campaña pero la volvió a posponer. Cristina, que preside el Senado, no recibe a la Campaña y contesta “ya hablé con la ministra Gómez Alcorta” (?). A su vez, en Diputados el proyecto de aborto debe pasar por cuatro comisiones, Mujeres, Legislación Penal, Legislación General y Salud: todas las preside el oficialismo2, que podría avanzar en el debate pero no lo hace. La diputada Macha, que preside la Comisión de Mujeres, dijo que el tema aborto “no tendrá un tratamiento exprés”3 abriendo la variante de que pase a sesiones extraordinarias.

Es decir, la voluntad política de todo el oficialismo parlamentario se limita a esperar el proyecto del Ejecutivo. Según los últimos rumores, estarían terminando el proyecto de “los mil días”, sobre asistencia a la madre y el bebé, que es una concesión a la Iglesia y sus socios celestes antiderechos porque en Argentina parir ya es legal.

Exigimos que el debate se inicie ya. No cabe seguir esperando el mansplaining del presidente. Sólo si el proyecto entra antes del 4N habrá mejores condiciones para que el aborto sea #Legal2020. Porque en 2021, año electoral, los bloques mayoritarios apelarán con hipocresía, como pasó en 2019, a no hablar del tema “para no dividir votos”.

En alerta y movilización, con el proyecto de la Campaña

Con las promesas de Fernández, y su foto con algunas integrantes de la Campaña, muchas creyeron que el aborto 2020 ya era un hecho. Pero luego vinieron las excusas. Por ejemplo, que ante la pandemia era necesario “no resentir” el sistema de salud. Falso: los servicios de atención son distintos y la legalización no sólo evitaría las muertes sino que abarataría los costos al no haber las 50.000 internaciones al año (y las camas que se ocupan) por los casos de abortos infectados y sus secuelas.

La actitud dilatoria del gobierno viene apagando las expectativas de un amplio sector del activismo verde. Y crece el descontento, ya que siguen la clandestinidad del aborto, la falta de verdadera ESI4 y los obstáculos a aplicar la ILE5.
El tiempo parlamentario se agota y nuestra paciencia también. En muchas regionales de la Campaña se activan reuniones y se profundiza la exigencia de una plenaria nacional para debatir estrategias y definir acciones coordinadas. Las regionales Sur y Sureste del GBA, La Rioja, Bahía Blanca, Salta, Berisso, La Plata, Entre Ríos, CABA y la Colectiva de Géneros ya lo manifestaron. En paralelo, crecen las acciones virtuales y presenciales. Desde 2018 sabemos de sobra que la lucha en las calles es mucho más eficaz que el cabildeo institucional. Por eso hay que seguir el camino de los pañuelazos como el de La Plata y de intervenciones como las de CABA y Tucumán. Para el 4N, Capital prepara una caravana de Plaza de Mayo a Congreso.

Para resguardar la unidad en la diversidad de la Campaña, la articulación debe respetar un funcionamiento democrático. La plenaria nacional tiene que definir los pasos a seguir para lograr que este año se trate nuestro proyecto y se apruebe, sin limitaciones y sin ceder a presiones clericales ni posibilistas. La historia del movimiento de mujeres y disidencias demuestra que nuestros derechos no se mendigan: se conquistan con lucha y en las calles. Hagamos crecer la marea verde y que esta vez abra las puertas del Congreso y recupere la soberanía de nuestros cuerpos.

1. Interrupción Voluntaria del Embarazo.
2. Mónica Macha, Carolina Gaillard, Cecilia Moreau y Pablo Yedlin respectivamente.
3. Macha aseguró que la legalización del aborto «no tendrá un tratamiento express». Silvina Angiono; 24/10/2020; en telam.com.ar.
4. Educación Sexual Integral.
5. Interrupción Legal del Embarazo.

La pelea por el aborto legal lleva décadas en nuestro país. Este 28S nos encuentra en el marco de la pandemia del COVID-19 y la crisis económica y social que pusieron al descubierto las consecuencias de vivir bajo la explotación capitalista y la opresión patriarcal con el crecimiento de la miseria, la pobreza, la destrucción de la naturaleza y las consecuencias de la privatización del sistema de salud, que pesan especialmente sobre las mujeres y niñxs.

Los gobiernos capitalistas, independientemente de su signo político (sean los autodenominados “nacionales y populares” o los más abiertamente reaccionarios), junto con los empresarios y multinacionales, están descargando con ajuste sobre las y los trabajadores las consecuencias de una bancarrota que no generamos. En particular, las mujeres y la comunidad LGTBI sufrimos los despidos, ataques al salario y los trabajos más precarios. Vivimos un agravamiento de las violencias al interior de los hogares y en los lugares de trabajo. Las cuarentenas sin medidas de protección, nos han expuesto a más violencia machista, abusos sexuales y embarazos no deseados, mientras los gobiernos mantienen el aborto clandestino y el vaciamiento de los sistemas de salud, negando nuestros derechos y poniendo en riesgo nuestras vidas.

Por eso el movimiento de mujeres y de la comunidad LGTBI tiene la tarea de seguir impulsando las luchas contra la violencia de género, la brecha salarial, por el aborto legal y por todos nuestros derechos.

En nuestro país la grave crisis social tiene un capítulo especial en la falta de vivienda, que se expresa en las extendidas tomas de tierras, donde las mujeres son protagonistas, peleando por un lugar donde vivir junto a sus familias -muchas veces huyendo de parejas violentas-, y enfrentando la represión y amenazas de desalojo de los gobiernos nacional y locales. Muchas de ellas ni siquiera han podido cobrar los míseros 10 mil pesos del Ingreso Familiar de Emergencia. Ante esto, las autoridades de los ministerios de género, mujeres y diversidad nacional y provincial han respondido a su desesperado llamado a frenar el desalojo, con nueva fecha para el 1° de Octubre. Los gobiernos no actúan en soledad, lo hacen con la complicidad de las burocracias sindicales que no han hecho nada por las miles de mujeres trabajadoras precarizadas que luchan por un pedazo de tierra -como lo estamos viendo en la Provincia de Buenos Aires en González Catán y Guernica, así como en Jujuy, Neuquén y tantos otros lugares del país.

En la Argentina, el gobierno nacional asumió diciendo que estaba a favor del aborto y prometiendo avanzar en la legalización. Pero Fernández en vez de apoyar el proyecto de la Campaña Nacional por el derecho al aborto, que defendió el movimiento de mujeres en las calles, prometió en la apertura de las sesiones legislativas en marzo pasado, que “en diez días” presentaría un proyecto alternativo que jamás presentó. Las declaraciones de Fernández envalentonaron a los sectores reaccionarios, como vimos en Tucumán, Jujuy, Formosa y Corrientes. Mujeres y disidencias presas o criminalizadas, niñas obligadas a parir, protocolos que habilitan la objeción de conciencia institucional, como en CABA.

Después de tan enorme gesto, el Papa salió a apoyar la renegociación de la deuda y, las Iglesias evangelistas y sus expresiones más reaccionarias nucleadas en ACIERA -alineadas con la derecha bolsonarista y los golpistas en Bolivia, líderes de la ofensiva contra la denominada “ideología de género” en todo el continente- siguieron avanzando en protagonismo e intervención en distintos ámbitos del Estado. Todo, por supuesto, con financiamiento directo e indirecto por parte de las distintas administraciones.

Para garantizar nuestros derechos hace falta romper esa alianza histórica, separar a la Iglesia del Estado, cesar con toda modalidad de financiamiento a las iglesias, poner fin a la impunidad y el encubrimiento a los curas abusadores bajo amparo estatal (como ocurre con el cura y capellán de gendarmería Raúl Sidders, entre otros), y terminar con las cesiones inmobiliarias, aportes y todos los subsidios, incluidos los de la educación confesional.

El sostenido bloqueo a la implementación de la educación sexual, que bloquea el reclamo la juventud, forma parte de la alianza con el oscurantismo clerical, que sirve a los efectos de reforzar una regimentación social a través de la educación en principios pre-científicos y prejuicios religiosos sobre la sexualidad y el rol de las mujeres y las personas LGTTBI.

Con la excusa de la pandemia, el gobierno de Fernández dijo que la legalización del aborto no era prioridad hasta que termine la emergencia sanitaria. Si el argumento habla de no saturar el sistema de salud, desde el inicio del aislamiento obligatorio se efectuaron cerca de 28 mil internaciones que ocupan Unidades de Terapia Intensiva para atender a mujeres con secuelas graves por la interrupción de un embarazo en condiciones de extrema precariedad e insalubridad, situación evitable con el aborto legalizado. Es falso que la legalización “estrese” al sistema de salud. Por el contrario, permitiría liberar recursos para concentrarlos en el combate a la pandemia. En realidad, el aborto legal sólo “estresa” a las iglesias.

Este contexto afecta particularmente a las mujeres y personas gestantes que quieren acceder al derecho a decidir sobre sus cuerpos, arrojándolas a realizarse abortos en condiciones inseguras, mientras crece la criminalización de las personas que quieren abortar. Por eso el FITU exige la centralización de todo el sistema de salud (público, privado, de las obras sociales y universidades nacionales), bajo control de los trabajadores y profesionales de la salud, único; y un impuesto a las grandes rentas y fortunas (que abarque a la gran propiedad de la tierra, a las ganancias bancarias y viviendas ociosas) y el no pago de la deuda externa.

Mientras el Congreso se reúne y vota leyes contra las y los trabajadores y sectores populares, como la negociación del pago de la fraudulenta deuda externa, el proyecto de la Campaña corre peligro de perder estado parlamentario si este año no se pone en discusión. Al mismo tiempo que se sigue cajoneando el tratamiento de este derecho en el parlamento nacional, en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Larreta dicta una reglamentación restrictiva de la adhesión al protocolo ILE que sólo los legisladores del FIT-U han impugnado políticamente y en sede judicial.

La integración al gobierno de referentes y organizaciones del movimiento de mujeres y LGTBI sólo ha servido para que en nombre del “feminismo” y de nuestras luchas, brinden un apoyo ruinoso al pago de una deuda colonial y se justifique la negativa a nuestros derechos más elementales y a nuestros reclamos históricos.

Este 28S llamamos a las mujeres, personas gestantes, trabajadoras, a seguir movilizadas y organizadas por el aborto legal, la separación de la iglesia y el Estado, por la aplicación de la educación sexual laica, científica y respetuosa de las identidades de género y sexuales, con perspectiva de género, contra los femicidios, por que la crisis la paguen los capitalistas -tal como lo resolvimos, en un debate con más de 50 organizaciones, en la Conferencia Latinoamericana y de los EEUU convocada por el FIT-U.

Necesitamos seguir impulsando un movimiento de mujeres y LGTBI independiente de todos los gobiernos, las iglesias e instituciones del Estado. Un movimiento que pelee junto a las familias sin techo, junto a les trabajadores de la salud, les docentes y el conjunto de los sectores de trabajadores en lucha, nos marcan el camino. Esa es la alianza poderosa a las que le temen los empresarios y sus gobiernos, esa es la alianza que nosotras nos jugamos a fortalecer, para darles un mensaje claro a quienes quieren descargar la crisis sobre nosotras. Nuestras vidas no pueden esperar, el aborto tiene que ser ley. ¡Aprobación inmediata del Proyecto de la Campaña nacional por el derecho al aborto!

Este 28S volvemos a reclamar:

• ¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir!
• ¡Separación de la iglesia y el estado!
• ¡Ni una Menos sin vivienda! ¡No al desalojo en Guernica!

Frente de Izquierda y de les trabajadores – Unidad